Mientras tanto, el sistema financiero modificó sus prioridades y aumentó su exposición a la deuda pública. Esta situación permitió al Ministerio de Economía extender los vencimientos de la deuda en pesos más allá de las elecciones de 2027 y reducir las necesidades de refinanciamiento en el período previo a los comicios.
La Secretaría de Finanzas, a cargo de Federico Furiase, aprovechó la mayor disposición de los bancos a financiar al Tesoro para ampliar los plazos de los instrumentos de deuda. De acuerdo con estimaciones oficiales, parte de los vencimientos pudo trasladarse hasta 2028.
El cambio también fue destacado por Felipe Núñez, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior, quien señaló que el Tesoro logró refinanciar más del 100% de sus vencimientos, con tasas que fueron disminuyendo hacia 2027. Según esa evaluación, más del 30% de los compromisos pudo ser trasladado para después de las próximas elecciones.
Durante su estadía en Argentina, Georgieva planteó la necesidad de abordar el incremento de la irregularidad crediticia y consideró que una mejora en este frente podría favorecer a sectores de mayor dinamismo, como el petróleo, la agroindustria y la minería.
La posición del Gobierno, sin embargo, es que la situación debe resolverse principalmente entre los bancos y sus clientes. El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, sostuvo que la administración nacional evitará medidas que impliquen transferir recursos entre distintos grupos de deudores y acreedores, debido al riesgo de generar incentivos inadecuados.
A pesar de esta postura, el Gobierno mantiene un seguimiento sobre la evolución de la morosidad y espera determinar si el crecimiento del indicador comenzó a desacelerarse durante junio.
Los últimos datos del Banco Central muestran que la tasa de irregularidad del crédito al sector privado alcanzó el 7,7% en mayo. Esto representó un aumento de 0,4 puntos porcentuales respecto del mes anterior y de más de cinco puntos en comparación con el mismo período del año anterior.
La mayor proporción de créditos en situación irregular se concentra en las familias, con una tasa del 12,8%. Dentro de ese segmento, los préstamos personales alcanzaron una morosidad del 15,9%, las tarjetas de crédito llegaron al 13,1% y los créditos prendarios al 7,7%. En cambio, los préstamos hipotecarios registraron una tasa de irregularidad del 1,6%.
Los datos disponibles para junio presentan diferencias según la medición utilizada. Algunos relevamientos privados señalaron una estabilización de la morosidad, mientras que otros registraron un nuevo deterioro en el crédito destinado a personas físicas.
En ese período, el stock de crédito a personas físicas alcanzó los $97,1 billones, con un aumento mensual del 0,1% y una suba interanual del 9,1%. La mora llegó al 17,5%, 0,3 puntos porcentuales por encima del registro de mayo y 10,5 puntos más que un año antes.
El comportamiento del crédito también presenta fuertes diferencias entre las provincias. Buenos Aires concentra el mayor volumen, con $33,1 billones, seguida por la Ciudad de Buenos Aires, con $14,1 billones, y Córdoba, con $10 billones. En el extremo inferior se encuentran La Rioja, con $600.000 millones, Formosa, con $700.000 millones, y Catamarca, con $900.000 millones.
También existen diferencias en la cantidad de deudores cada 1.000 habitantes. La Ciudad de Buenos Aires registra 657, seguida por Tierra del Fuego, con 565, y Santa Cruz, con 549. Las cifras más bajas corresponden a Santiago del Estero, con 362, Salta y Jujuy, con 364 cada una, y Misiones, con 369.
La deuda promedio por deudor muestra otra diferencia entre jurisdicciones. Tierra del Fuego presenta el valor más elevado, con $8,5 millones, seguida por la Ciudad de Buenos Aires, con $7 millones, y Santa Cruz, con $6,8 millones. En Corrientes, Formosa y Chaco, en cambio, el promedio se ubica entre $2,9 millones y $3,2 millones.
El escenario combina así un aumento de la morosidad con una mayor preferencia de los bancos por financiar al Tesoro. Esta dinámica facilita al Gobierno la extensión de los vencimientos de la deuda pública, pero al mismo tiempo limita la disponibilidad de financiamiento para el sector privado.
La evolución del crédito se suma de esta manera a la inflación y al nivel de actividad como uno de los factores relevantes para la economía durante los próximos meses. Por el momento, el Gobierno mantiene su decisión de dejar la resolución del problema de la morosidad principalmente en manos del sistema financiero y sus deudores.
