La presentación judicial cuestiona distintos aspectos del procedimiento y apunta especialmente contra los mecanismos utilizados para determinar el valor de los activos estatales. Según la Fundación, existiría un esquema destinado a subvaluar los bienes públicos y favorecer a un grupo reducido de empresas que participa en distintas privatizaciones impulsadas por la administración de Javier Milei.
El expediente tramita ante el Juzgado Federal de General Roca, a cargo del juez Hugo Greca. En la denuncia aparecen mencionadas Edison Inversiones S.A.U., vinculada al Grupo Neuss; Central Puerto, relacionada con Guillermo Reca y la familia Miguens Bemberg; y BML Inversora S.A.U., controlada por MSU Green Energy, de Manuel Santos Uribelarrea.
La organización sostiene que estas compañías forman parte de un supuesto “circuito de beneficiarios de las privatizaciones del gobierno nacional” y reclama que se investigue la reiteración de algunos de estos actores en diferentes procesos de adjudicación.
Uno de los principales cuestionamientos está dirigido al Tribunal de Tasaciones de la Nación (TTN), organismo que depende del Ministerio de Economía y cuyo director es Julio Villamonte. De acuerdo con la presentación, el tribunal habría incumplido determinados plazos administrativos y utilizado un procedimiento de valuación que, según los denunciantes, no garantizaría una tasación objetiva de los activos.
La Fundación sostiene que el intercambio de notas entre la Secretaría de Energía y el TTN permitiría advertir una “preconstitución de una causal de imposibilidad temporal” para realizar la tasación en los términos previstos originalmente.
Otro de los organismos señalados es el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), cuya unidad de valuación fue creada recientemente. Según la denuncia, el Gobierno habría recurrido a esta estructura para reemplazar al TTN en determinadas tareas vinculadas con la valuación de los activos estatales.
El planteo cuestiona que el BICE dependa también del Ministerio de Economía y sostiene que esta situación podría generar una concentración de funciones dentro de una misma estructura administrativa. Según la Fundación, el ministerio quedaría involucrado en distintas etapas del proceso, desde la valuación y elaboración de los pliegos hasta la licitación y adjudicación.
La denuncia advierte que esa concentración podría afectar la independencia de las tasaciones y generar riesgos de opacidad en el procedimiento. La organización considera que este aspecto debe ser analizado por la Justicia antes de que los procesos de privatización queden definitivamente consolidados.
Otro eje del planteo judicial es la metodología utilizada para determinar el valor de las represas. El documento cuestiona el método denominado de flujo de fondos y sostiene que no sería adecuado para establecer el valor patrimonial de determinados activos públicos.
Según la presentación, este mecanismo se basa en proyecciones financieras sobre ingresos y resultados futuros y podría incorporar variables que los denunciantes consideran hipotéticas. La Fundación cita, entre otros antecedentes, opiniones atribuidas al ingeniero Daniel E. Martín, integrante del TTN, y sostiene que las propias normas del organismo contemplan otros métodos de valuación para determinados casos.
En particular, la denuncia menciona la Norma 20.1 del TTN y antecedentes de la Corte Suprema relacionados con los criterios de valuación utilizados en procesos de expropiación. A partir de estos elementos, la organización sostiene que debería revisarse la metodología aplicada en las privatizaciones de las represas.
La presentación también pone el foco en las empresas que participaron de las adjudicaciones. Edison Inversiones S.A.U. aparece vinculada a las centrales de Alicurá y Cerros Colorados; BML Inversora S.A.U., a El Chocón-Arroyito; y Central Puerto S.A., a Piedra del Águila.
A partir de esta participación, la Fundación Soberanía sostiene que existe un patrón que debería ser investigado y solicita que los empresarios involucrados sean citados para prestar declaración y aportar información sobre las operaciones.
El planteo se produce mientras el Gobierno avanza con una agenda más amplia de privatizaciones de empresas y activos estatales. En este caso, la discusión judicial se concentra en las represas hidroeléctricas del Comahue y en los mecanismos administrativos utilizados para determinar su valor y concretar las adjudicaciones.
La denuncia deberá ahora ser analizada por la Justicia, que deberá determinar si existen elementos suficientes para avanzar con las medidas solicitadas por la organización. Hasta el momento, los cuestionamientos formulados por la Fundación Soberanía constituyen planteos dentro de una investigación judicial y no implican, por sí mismos, que las irregularidades denunciadas hayan sido comprobadas.
El caso coloca nuevamente bajo análisis judicial el proceso de privatización de las represas y, en particular, el rol de los organismos encargados de establecer la valuación de los activos estatales y de llevar adelante las distintas etapas de las licitaciones.
