El reclamo se mantiene mientras las universidades nacionales siguen con atención el proyecto de Presupuesto 2027. Según el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), los valores contemplados para el financiamiento durante el período 2024-2026 implican una reducción del 32% respecto de los recursos que considera necesarios para cumplir con la Ley 27.795.
El presidente del CIN, Franco Bartolacci, confirmó que la movilización no será modificada y sostuvo que la convocatoria del 15 de octubre continúa vigente. También destacó la decisión del juez federal Martín Cormick, quien intimó al Gobierno de Javier Milei a cumplir con la normativa y estableció un plazo de cinco días para hacerlo.
La resolución judicial había sido solicitada dentro de la causa para que el Estado fuera formalmente requerido a cumplir con la ley. Desde el ámbito universitario esperan que el Gobierno avance con las medidas correspondientes antes del vencimiento del plazo establecido.
Mientras tanto, los sindicatos que representan a docentes y trabajadores de las universidades mantienen sin cambios la convocatoria a la movilización. La protesta también estará vinculada con el reclamo salarial del sector, luego del rechazo a una propuesta de aumento del 3% realizada por la administración nacional.
El conflicto salarial se suma a la discusión por el financiamiento de las universidades y constituye otro de los ejes de la movilización prevista para octubre.
En paralelo, un informe elaborado por una federación del sector calculó que los salarios de los trabajadores universitarios necesitan una recomposición del 33,4% para recuperar el poder adquisitivo registrado en noviembre de 2023.
De esta manera, el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, la discusión por los recursos previstos en el Presupuesto 2027 y la situación salarial de docentes y trabajadores confluyen en el reclamo que tendrá como principal expresión la Marcha Federal Universitaria del 15 de octubre.
