El exrepresentante de Entre Ríos en el Senado se encontrará nuevamente con un rostro familiar: el juez de Garantías Humberto Otazú, quien previamente llevó adelante la fase inicial del caso de contrabando y ahora tiene bajo su responsabilidad la causa por lavado de activos que involucra a Kueider y Guinsel.
La pareja está siendo investigada por la adquisición de seis departamentos, incluyendo cocheras, en un exclusivo edificio en el centro de Asunción. Las fiscales Luz Guerrero y Verónica Valdez sospechan que estas propiedades fueron compradas con “dinero de procedencia ilícita”.
De acuerdo con las fiscales, ambos adquirieron las unidades del edificio Innova Las Mercedes utilizando fondos ilícitos que introdujeron en el sistema financiero paraguayo. Dos ciudadanos paraguayos son mencionados como posibles testaferros, actuando como titulares de la empresa Golsur, que compró los inmuebles, los cuales ya están embargados por orden de la Justicia.
El juez Otazú deberá determinar en esta etapa si se mantienen las medidas cautelares impuestas a Kueider y Guinsel. Actualmente, ambos se encuentran en prisión domiciliaria y usan tobillera electrónica, medida que fue dispuesta por el mismo magistrado al iniciar el proceso por contrabando. Esta resolución se prorrogará en virtud de la condena. Asimismo, el juez Rolando Duarte, encargado del juicio de extradición de Kueider a Argentina, también había dictado estas medidas.
Si Otazú concluye que no existen riesgos de fuga o de obstrucción de la investigación, el exlegislador podría evitar el traslado a una celda, permaneciendo en un departamento en Asunción.
La jueza Federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, solicitó la extradición de Kueider, quien también está siendo investigado en Argentina por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. En ese país, se indaga sobre maniobras similares a las ocurridas en Paraguay, como el uso de una sociedad fantasma con testaferros para la compra de departamentos de lujo en Entre Ríos.
Inicialmente, la audiencia con Otazú estaba programada para el miércoles 15 de julio, pero fue reprogramada para el jueves 23 a pedido de las defensas, debido a conflictos de agenda en otros casos judiciales.
El exsenador y su pareja fueron imputados en junio en Paraguay por lavado de activos. La calificación legal que establezca la Fiscalía could resultar en penas que oscilen entre los 5 y 10 años de prisión.
El foco de la investigación son los departamentos en el edificio Innova Las Mercedes, ubicado en la intersección de la avenida General Santos y Marco de Brix en Asunción. Uno de los departamentos, la unidad “G” en el séptimo piso, cuenta con dos dormitorios y dos baños; mientras otros cinco poseen una habitación y un baño cada uno. Además, hay un departamento en el primer piso marcado como “B”.
La Justicia también ha impuesto una prohibición para innovar y contratar sobre estas propiedades. El juez Rodrígo Estigarríbia, en su resolución de fecha 24 de junio, justificó esta medida como necesaria para garantizar la reparación del presumible perjuicio causado.
Además, resaltó que el circuito de operaciones bajo investigación se habría estructurado mediante la empresa Golsur S.A., que estaría sirviendo de fachada para la recepción, administración y entrada al sistema económico de fondos de origen ilícito. Se sugiere que este dinero pertenece originalmente a Kueider y Guinsel, pero fue registrado a nombre de Golsur para ocultar su verdadera procedencia.
El juez concluyó que los detalles del mecanismo empleado y el volumen de las transacciones permiten inferir una relación directa entre las propiedades bajo sospecha y los imputados, lo que refuerza la hipótesis fiscal sobre el uso de esta ingeniería jurídica para facilitar la comisión del delito o recibir sus beneficios económicos.
También están involucrados e imputados dos paraguayos: Amado Torales Banega y José Fermando Courisat, quienes adquirieron Golsur cinco meses antes de la detención de Kueider, ocurrida el 4 de diciembre de 2024, cuando se descubrió que portaba 200 mil dólares sin declarar en la frontera con Paraguay.
Los nuevos propietarios adquirieron la empresa a Pedro Roure y María Fernando Sbrocca, y a mediados de diciembre firmaron un poder a Guinsel para que administrara Golsur a su conveniencia, lo que refuerza la teoría de que podrían estar actuando como testaferros. La empresa tenía su sede en un hotel.
