El gobernador ya tiene en agenda los decretos necesarios para destituir a Virginia Kluka de la presidencia de EMSA y reemplazarla por Ricardo Barreto, actual intendente de Montecarlo. Además, Passalacqua ha optado por desmantelar el directorio y las gerencias de esta compañía pública, que desempeña un papel crucial en la vida cotidiana de los habitantes y en el sector productivo, dado que Misiones carece de gas natural, lo que hace que su economía dependa en gran medida de EMSA.
Asimismo, se ha decidido el cese de Belén Gregori como responsable de la Agencia Tributaria de Misiones, la antigua Dirección General de Rentas, la cual representa más del 30% de los ingresos provinciales. La Agencia está posicionada como la octava más importante del país y genera ingresos por concepto de Ingresos Brutos que igualan los recaudados por Corrientes, Chaco y Formosa en conjunto.
Tanto Kluka como Gregori han sido figuras leales a Carlos Rovira, considerado el hombre fuerte de Misiones. A pesar de ello, tanto Passalacqua como Rovira mantienen una comunicación efectiva y relación cordial con la administración de Javier Milei. Sin embargo, Rovira ostenta el liderazgo de cuatro de los siete diputados nacionales que representan a la provincia en el Congreso, quienes suelen apoyar al oficialismo.
Además, se confirmaron salidas en el Gabinete provincial: Marta Ferreira (ministra de Agricultura Familiar), Sergio Bresiski (director de Arquitectura) y Liliana Rodríguez (ministra de Acción Social), esta última será sucedida por Matías Vilchez, intendente de San Javier. Estas modificaciones marcan el final de la presencia rovirista en un gabinete que ya no tiene vínculos con el exjefe de la Renovación. En los últimos meses, todos los intendentes también se han alineado con Passalacqua.
Así, Misiones se encuentra ante un cambio decisivo en su panorama político, con Rovira actualmente de vacaciones afuera del país, y en una posición que ha llevado a algunos a cuestionar su retorno a la provincia, donde todavía mantiene el cargo de diputado provincial.
“Es difícil imaginar a Rovira sentado en su banca, callado (nunca hizo uso de la palabra desde que asumió ese rol en diciembre de 2023), rodeado de gente que ya no le responde y hasta ayer le rendía pleitesía”, comentó un operador político que conoce a ambos protagonistas de esta historia.
Apenas unos días antes del inicio del Mundial, Rovira aún contaba con apoyo dentro del Gobierno, incluso había considerado anuncios significativos, como la emisión de un bono en dólares para financiar grandes proyectos de infraestructura. Sin embargo, la situación actual es drásticamente diferente. Ni el plan de endeudamiento ni las modificaciones a la Ley de Lemas que propuso parecen contar con respaldo político suficiente para avanzar.
Hasta hace unos meses, cualquier anuncio de Rovira en ese contexto podría haberse interpretado como una acción inminente del Poder Ejecutivo, a pesar de la polémica que pudiera generar. Sin embargo, de los 20 diputados provinciales que solían apoyarlo incondicionalmente, al menos 11 ahora han virado hacia la facción de Passalacqua, mientras que los restantes 9 observan de cerca el desarrollo de este enfrentamiento.
Por otro lado, los 4 diputados nacionales (Oscar Herrera Ahuad, Daniel Vancsik, Yamila Ruiz y Alberto Arrúa), así como los dos senadores del oficialismo (Carlos Arce y Sonia Rojas Decut) siguen respondiendo a Rovira.
Estos legisladores podrían ser la carta que el exjefe del oficialismo utilice para negociar alguna clase de acuerdo con Milei, con el objetivo de asegurar una salida ordenada o incluso apoyar a los libertarios en 2027.
Durante más de dos décadas, Rovira estuvo acostumbrado a ser tratado con un respeto casi reverencial y a recibir una obediencia inquebrantable, pero ahora se enfrenta a un aislamiento creciente, mientras la mayoría de las figuras del oficialismo manifiestan su apoyo al gobernador Passalacqua.
La disputa por el control de las entidades como EMSA o ATM es un claro indicador de la seriedad de esta interna, y en este contexto, Passalacqua está reivindicando el poder de decisión.
Adicionalmente, el gobernador ha reestructurado recientemente la ATM para otorgar más autoridad al subdirector, Gabriel Petta. Otro cambio que Passalacqua está considerando, según fuentes cercanas, es el posible rescate del contrato con la controvertida prestadora de servicios de telemedicina Alegramed, propiedad del joven empresario Augusto Marini, dueño de los canales de streaming ‘Blender’ y ‘Carajo’.
Alegramed es una plataforma que gestiona las citas en el sistema de salud pública provincial y, según información no confirmada, los beneficios obtenidos por Marini podrían haber sido utilizados para financiar sus canales de streaming.
Hace un mes, la Legislatura aprobó un pedido de informes sobre dicho contrato, pero el trámite aún se encuentra paralizado en las comisiones correspondientes.
‘Carajo’ está liderado por Daniel Parisini, conocido en las redes sociales como el Gordo Dan, quien se ha consolidado como una figura libertaria. En Misiones, se sospecha que el financiamiento hacia los canales de streaming ha sido crucial para fortalecer el vínculo entre Rovira y Santiago Caputo, asesor de Milei.
Poco tiempo atrás, ‘Blender’ fue el centro de atención cuando su figura principal, Tomás Rebord, dejó el canal tras despidos y amenazó con exponer los lazos de Marini con Rovira.
Otra concesión que Passalacqua ha desmantelado es la del hotel del Instituto de Previsión Social, que operaba bajo la marca ‘Bagú’ y estaba bajo el control de un enigmático grupo llamado South American Group, vinculado al empresario Maximiliano Brog. Este grupo había llegado a Misiones hace cinco años con la intención de realizar inversiones destacadas en hotelería y gastronomía, pero actualmente ha comenzado a retirarse de sus negocios en la provincia.
La situación en Misiones es incierta, y muchos se interrogan sobre el futuro de otras empresas que abastecen al Estado y que están vinculadas con personas cercanas a Rovira.
Una de estas es ATMEDO SRL (Atención Médica Domiciliaria), considerada un conglomerado con múltiples contratos para distintos servicios de salud pública. También se dedica a la atención domiciliaria, aunque fuentes cercanas a la empresa admitieron que los principales beneficiarios son las familias asociadas a funcionarios de alto rango.
