La decisión del magistrado establece un plazo máximo de “72 horas” para que el Gobierno nacional dé cumplimiento a la orden. Esta medida cautelar tendrá una duración de seis meses o hasta que se emita una sentencia definitiva, advirtiendo sobre posibles sanciones legales en caso de incumplimiento por parte de las entidades gubernamentales.
Este fallo es producto de un recurso de amparo colectivo presentado por la abogada Marta Lastra, representando al grupo Defendamos Córdoba, en colaboración con diversas instituciones como Apadim, el Pequeño Cottolengo Don Orione y centros terapéuticos locales.
El fallo busca salvaguardar a quienes reciben pensiones no contributivas y a todos los beneficiarios del Certificado Único de Discapacidad (CUD). Su objetivo es garantizar la continuidad de servicios esenciales que, según los demandantes, están en riesgo a causa de la falta de pagos.
Vaca Narvaja subraya en su dictamen que las “demoras crónicas” y la interrupción en la entrega de medicamentos constituyen un “riesgo inminente” para quienes son dependientes de estas prestaciones.
“La falta de cobertura o la interrupción de un tratamiento genera retrocesos en el grado de desarrollo alcanzado mediante la intervención terapéutica, y el esfuerzo aplicado en sostener esos espacios por parte de los grupos familiares y personas responsables del cuidado de las personas con discapacidad”, resalta el texto.
Asimismo, se menciona un informe del Centro Educativo Mi Lugar que aclara: “Además de los inconvenientes económicos financieros que genera el retraso en los pagos, la interrupción de la periodicidad de estos constituye un agravante sustancial, que pone seriamente en riesgo la continuidad de las prestaciones con la normalidad que requiere una población altamente vulnerable…”.
La resolución judicial también indica que el Estado ha intentado “evadir o dilatar sus obligaciones constitucionales de protección integral”.
En sus fundamentos, el juez detalla la situación que enfrenta el cottolengo Don Orione, que debió lidiar con una deuda de $41 millones en intereses ante Arca, debido a aportes y contribuciones impagas durante 2026, resultado del atraso en los pagos por parte del Estado.
Un mes atrás, diversas organizaciones vinculadas a la discapacidad, así como familiares de personas con condiciones o trastornos, se manifestaron en el Ministerio de Economía exigiendo el pago de la deuda pendiente con prestadores y profesionales, y el cumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad, aprobada el año anterior.
La ley fue promulgada, pero actualmente, el Poder Ejecutivo ha suspendido su ejecución, apoyándose en lo establecido en el artículo 5° “hasta tanto el Congreso de la Nación determine las fuentes de su financiamiento e incluyan las partidas correspondientes en el presupuesto.”
