A partir del 1º de febrero, las tarifas de los servicios públicos experimentarán incrementos significativos, derivados de un conjunto de resoluciones emitidas por el Gobierno nacional con el objetivo de racionalizar el esquema de subsidios. El impacto más considerable se observará en el servicio de gas, cuya tarifa registrará un aumento promedio del 16,86% a nivel nacional. En lo que respecta al servicio de electricidad, para las áreas concesionadas a EDENOR y EDESUR, el incremento ascenderá al 3,59%.
Según las estimaciones elaboradas por la Secretaría de Energía, la repercusión de los ajustes será diferenciada en función de las categorías de usuarios. La categoría residencial predominante, la R1, que agrupa al 42% del total de usuarios del país, experimentará aumentos de hasta 3.000 pesos. Adicionalmente, conforme a información de la agencia NA, aproximadamente un quinto de los usuarios registrará alzas inferiores a los 1.000 pesos.
Para las primeras cuatro categorías residenciales, que comprenden cerca del 70% del total de usuarios de gas a nivel nacional, los incrementos promedio se situarán en un rango que oscila entre los 960 y los 6.400 pesos. En el caso de los usuarios residenciales con mayor consumo, que constituyen el 30% restante del padrón, los aumentos serán más pronunciados, con subas promedio que fluctuarán entre los 2.900 y los 11.300 pesos.
Aumentos en Gas y Electricidad: La Justificación Gubernamental
Desde el Poder Ejecutivo se ha explicitado que estos incrementos obedecen a la concurrencia de diversos factores estructurales. Entre ellos, se mencionan la cuota mensual correspondiente a la Revisión Quinquenal Tarifaria, la aplicación del mecanismo de actualización mensual basado en una fórmula que combina el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) y el Índice de Precios al Consumidor (IPC) para prevenir el deterioro real de las tarifas, la implementación del nuevo esquema de subsidios SEF y la entrada en vigor del precio del gas unificado y fijo para todo el año. Este último aspecto, conforme a fuentes oficiales, genera un repunte puntual en febrero, si bien se trata de un mes caracterizado por un consumo de gas históricamente bajo.
En este contexto, desde el Gobierno se ha destacado que “se procura dotar de previsibilidad al usuario para que en los meses de mayor necesidad de consumo de gas (invierno) no se dispare el precio”, y se ha subrayado que con este esquema “se evitan así sobresaltos estacionales en la facturación a lo largo del año”. La fundamentación oficial radica en concentrar los ajustes en períodos de menor demanda, con el propósito de mitigar el impacto durante los meses de consumo más elevado.
