Una exdirectiva de una empresa vinculada a Lázaro Báez evitará juicio por corrupción al aceptar realizar tareas comunitarias

Una exdirectiva de una de las empresas asociadas a Lázaro Báez ha logrado una resolución favorable en un caso judicial en el que estaba acusada de fraude, puesto que consiguió la suspensión del juicio a cambio de comprometerse a realizar trabajos comunitarios. La decisión fue adoptada por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, que benefició, mediante un fallo dividido, a Myriam Elizabeth Costilla, quien ocupaba el cargo de directora en Kank y Costilla SA, la empresa involucrada. El fallo mayoritario fue firmado por los jueces Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, quienes confirmaron la decisión del Tribunal Oral Federal 2 que había otorgado la suspensión de juicio a prueba a Costilla. Borinsky fue el encargado de exponer los argumentos, a los que Barroetaveña se adhirió. En su fundamentación, Borinsky indicó que este fallo “constituye una derivación razonada del derecho vigente con aplicación de las circunstancias comprobadas de la causa”. No obstante, el juez Gustavo Hornos se pronunció en disidencia, manifestando su oposición a la concesión de este beneficio y sugiriendo que le correspondía ser sometida a un juicio oral y público a la brevedad, al igual que el resto de los acusados en la causa. Esta causa representa el segundo tramo de la investigación conocida como Vialidad, relacionada con casos de corrupción en el ámbito estatal, en la que Cristina Kirchner ya fue condenada a 6 años de prisión. Myriam Costilla fue favorecida con la suspensión del proceso judicial bajo la condición de que fijara residencia y se sometiera al monitoreo de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal. Además, deberá realizar tareas comunitarias durante dos años, dedicando cuatro horas semanales a la atención del Hogar de Ancianos Pablo VI en Comodoro Rivadavia, Chubut. Tanto la fiscalía, dirigida por Diego Luciani y Sergio Mola, como la Unidad de Información Financiera, que actúa como parte querellante, se manifestaron en contra de la concesión de este beneficio. Según los fiscales, se acusa a Costilla de haber participado activamente, entre enero de 2007 y agosto de 2013, en la implementación y mantenimiento de una matriz de corrupción. Se le imputa que, en su calidad de presidenta de Kank y Costilla SA, permitió que se sustrajeran de manera “periódica y constante” fondos públicos en el marco de una maniobra de defraudación contra el Estado Nacional a través de la ejecución de obras públicas. La fiscalía argumentó que, para llevar a cabo este fraude, Costilla decidió ofertar en las licitaciones que se encuentran bajo investigación, a pesar de que existía una prohibición para que otras empresas del mismo conglomerado participaran en las mismas licitaciones, “contribuyendo así a la estrategia diseñada por el grupo liderado por Lázaro Antonio Báez”. Kank y Costilla S.A. fue incorporada a la red empresarial controlada por Lázaro Báez en 2007, cuando comenzaron a ejecutarse las maniobras fraudulentas. El 15 de enero de 2007, Báez adquirió el 100% de Kank y Costilla S.A., junto a Austral Construcciones S.A., integrándose a partir de ese momento al conjunto de empresas bajo su dirección y control. A través de este entramado, se canalizaban y gestionaban los beneficios derivados de los contratos de obra pública irregular que se investigan en este caso. En su disidencia, el juez Hornos subrayó que no podía aprobarse la probation dada la gravedad institucional de los hechos que se están investigando. Resaltó que los delitos que se le imputan a Myriam Costilla como presidenta de Kank y Costilla S.A. “permiten dimensionar la magnitud de la maniobra objeto de la investigación, ejecutada por funcionarios de la más alta jerarquía del Estado Nacional junto a actores privados, ocasionando un daño colosal al erario público, que representa uno de los mayores perjuicios a los bienes del Estado que se han acreditado judicialmente en la historia argentina”. El juez consideró que Costilla debe enfrentar un juicio oral y público, “el ámbito natural para el adecuado esclarecimiento de los hechos y para la determinación de las eventuales responsabilidades”. Hornos enfatizó que los hechos de corrupción deben ser juzgados con la máxima severidad, ya que no solo lesionan bienes jurídicos económicos, sino que “dañan los cimientos mismos del orden constitucional, y esto debe reflejarse en la ejecución de la sentencia”. Indicó que “la corrupción, como delito deliberado contra el Estado que te lleva a un enriquecimiento ilícito, se ha reconocido como una de las formas más graves de ataque a las instituciones republicanas”. Además, argumentó que cuando un funcionario público participa en el hecho, no corresponde conceder este beneficio a un particular y citó como ejemplos que, en otras partes de esta misma causa, ya tienen condenas firmes Cristina Kirchner y José López, entre otros. Finalmente, resaltó la necesidad de avanzar sin demoras hacia la realización del juicio oral y público, dado el tiempo transcurrido desde la ocurrencia de los hechos investigados. En el segundo tramo de la causa Vialidad se investiga una red secundaria de empresarios y exfuncionarios que supuestamente participaron en el desvío de fondos destinados a obras públicas. Esta investigación se centra en los contratos irregulares otorgados a las empresas de Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz. Los acusados incluyen a empresarios, socios y exfuncionarios de la Dirección Nacional de Vialidad, como Martín Báez, hijo de Lázaro Báez, el excontador Fernando Butti y el exfuncionario Sandro Férgola. Se busca determinar las responsabilidades operativas en el fraude a la administración pública y el encubrimiento de esta estructura corrupta. El Tribunal Oral Federal 2, el mismo que condenó a Cristina Kirchner, es el encargado de llevar adelante este caso, en el que varios acusados han firmado acuerdos de juicio abreviado para aceptar su culpabilidad a cambio de penas reducidas.