La iniciativa sobre propiedad privada fue aprobada en la Cámara Baja con 124 votos a favor, 119 en contra y seis abstenciones. Los cambios incorporados al texto original abarcan cuestiones vinculadas con desalojos, usurpaciones y expropiaciones, y obligaron al oficialismo, encabezado en el Senado por Patricia Bullrich, a ceder en algunos puntos para conseguir avanzar con la propuesta.
Entre las modificaciones, se dejó de lado la derogación de las restricciones a la venta de tierras rurales a extranjeros y se eliminó la disposición que anulaba el artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual se había derogado la Ley de Tierras Rurales.
El proyecto busca reforzar las garantías sobre la propiedad privada a través de cambios en los procedimientos de expropiación, recuperación de inmuebles, desalojos, regularización dominial y funcionamiento de los registros inmobiliarios. Desde el oficialismo argumentan que las modificaciones apuntan a brindar mayor seguridad jurídica y evitar intervenciones estatales arbitrarias sobre bienes particulares.
Para acelerar la restitución de inmuebles urbanos y rurales, el texto propone que los desalojos se tramiten mediante juicios sumarísimos, un mecanismo más breve que el procedimiento judicial ordinario. En los casos de alquileres de vivienda con deudas, el propietario deberá intimar previamente al inquilino y otorgarle un plazo mínimo de 10 días corridos desde la notificación para cancelar lo adeudado. Además, deberá especificar dónde realizar el pago.
La iniciativa contempla instancias de control judicial para determinados procesos de desocupación. Cuando se invoquen motivos como el cambio de destino del inmueble, su deterioro, la realización de obras perjudiciales o un uso abusivo o deshonesto, el juez deberá efectuar un reconocimiento judicial dentro de las 72 horas de la primera providencia, con asistencia del defensor oficial para constatar la identidad de los ocupantes.
En determinadas circunstancias, podrá disponerse la desocupación inmediata bajo caución juratoria. El texto también incorpora medidas de protección específicas cuando entre los ocupantes haya menores de edad, personas con discapacidad o adultos mayores en situación de desamparo.
Asimismo, establece sanciones para los propietarios que consigan un desalojo inmediato mediante el ocultamiento de hechos o documentación relevante durante el proceso. En esos casos, podrán recibir una multa de hasta diez veces el valor mensual del alquiler.
Otro de los ejes del proyecto es la reforma de la Ley de Expropiaciones, con mayores exigencias para que el Estado pueda disponer de bienes privados por razones de utilidad pública. La declaración deberá interpretarse de manera restrictiva, precisar la finalidad perseguida y cumplir con criterios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, con el objetivo de evitar afectaciones al derecho de propiedad sin justificación suficiente.
En cuanto a las indemnizaciones, se incorpora el lucro cesante entre los conceptos que podrán ser compensados. Como regla, se establece un límite del 30% del valor del daño emergente, aunque podrá superarse si el expropiado acredita una pérdida mayor. Para determinar el valor del bien, se tomará como referencia la fecha anterior a cualquier acto, medida o anuncio público fehaciente relacionado con la expropiación.
El monto indemnizatorio se actualizará según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y se le adicionará una tasa de interés nominal activa del Banco Nación desde la mora hasta el momento del pago efectivo.
La restitución de la Ley de Tierras Rurales fue uno de los puntos centrales de las negociaciones que permitieron destrabar la iniciativa en Diputados. El texto aprobado dejó sin efecto la derogación dispuesta por el artículo 154 del DNU 70/2023 del presidente Javier Milei y restableció plenamente la Ley 26.737, sancionada en 2011.
La normativa fija un límite del 15% a la titularidad extranjera de tierras rurales en el territorio nacional, las provincias y los municipios. Su restitución revierte la modificación impulsada por el Ejecutivo al inicio de su gestión, que ya había sido suspendida judicialmente, y vuelve a establecer restricciones para la adquisición de campos por parte de personas físicas y jurídicas extranjeras.
Por último, el proyecto contempla una actualización del sistema registral inmobiliario, con la incorporación de documentación digital, un plazo máximo de 30 días para la calificación registral y la creación de mecanismos de coordinación federal entre los registros.
















