El diputado nacional de La Libertad Avanza, Bertie Benegas Lynch, detalló los alcances del proyecto de Inocencia Fiscal que impulsa el Gobierno y que se debatirá en el Congreso durante las sesiones extraordinarias. “Proponemos un mensaje claro a la Argentina: no aspiramos a ser equiparables al Congo”, manifestó el dirigente al sintetizar la iniciativa.
“El concepto de inocencia fiscal constituye el soporte legal y penal para aquellos que han procurado resguardarse de la acción de nuestros gobiernos”, explicó el funcionario libertario en diálogo con nuestra redacción. En este contexto, subrayó que Argentina se posiciona como el cuarto país con mayor cantidad de dólares, después de Estados Unidos, China y Rusia.
Alcances del «régimen» propuesto
Bertie Benegas Lynch especificó que se estima una masa de 420.000 millones de dólares “en situación declarada y no declarada” que requiere “un marco de seguridad para evitar lo ocurrido en procesos de exteriorización anteriores en otros países. Es importante aclarar que este ‘régimen’ no es un blanqueo tradicional”, enfatizó el dirigente, quien explicó que LLA busca establecer un “régimen” especial.
“Los procesos de blanqueo anteriores, en los que se procedía a la exteriorización para luego enfrentar una ‘guillotina fiscal’, generaron arrepentimiento en quienes adhirieron. Por lo tanto, se necesita un respaldo legal que otorgue seguridad a la ciudadanía, en un contexto de cambio de los marcos institucionales. Con esto, enviamos un mensaje a la Argentina de que no queremos ser más el Congo y que respetamos la propiedad”, concluyó.
Inocencia fiscal: las modificaciones clave
La ley propuesta introduce modificaciones al Régimen Penal Tributario, que actualmente contempla penas de hasta 9 años de prisión. La iniciativa crea un esquema que habilita la utilización de fondos no declarados sin la necesidad de justificar consumos personales, incentivando así su inyección en el mercado. Adicionalmente, se incrementan los umbrales a partir de los cuales se puede investigar a un contribuyente por evasión fiscal: la evasión simple se eleva hasta los $100 millones, y la evasión agravada, de $15 millones a $1.000 millones.
Asimismo, el proyecto reduce de 5 a 3 años el plazo durante el cual la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puede exigir el pago de impuestos no declarados o promover denuncias, lo que busca agilizar los procesos y limitar la persecución penal.
