El tema también estuvo presente en la reunión de Gabinete de este lunes. El Gobierno sostiene que se trata de un problema entre privados y rechaza la implementación de medidas de asistencia generalizada para quienes mantienen deudas con bancos y empresas de tecnología financiera. El oficialismo también se opone a iniciativas que plantean regular las tasas de interés o establecer planes de pago de hasta 36 meses.
La oposición, en cambio, incorporó el endeudamiento de las familias entre sus principales cuestionamientos a la política económica. En la Cámara de Diputados ya fueron presentadas más de veinte iniciativas relacionadas con la problemática.
El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, cuestionó la situación de las familias endeudadas y defendió la intervención del Banco Provincia mediante mecanismos de refinanciación. Desde el Gobierno nacional, en tanto, se sostiene que no existe una crisis de morosidad que justifique una política de asistencia financiada por el conjunto de la población.
Los últimos datos del BCRA muestran que en junio se produjo una interrupción en el crecimiento de la morosidad. La tasa correspondiente a préstamos personales y saldos de tarjetas de crédito se ubicó en 12,8%, apenas 0,1 punto porcentual por debajo de mayo. El indicador había aumentado de manera sostenida desde noviembre de 2024. Mientras la mora en tarjetas registró una baja, aumentó en los préstamos personales y prendarios.
Un análisis sobre la base de deudores del BCRA, que contempla a quienes registraban al menos una obligación en las categorías 3, 4 o 5, mostró un fuerte incremento de la mora. En julio de 2024 alcanzaba el 13,6%, mientras que en junio de este año llegó al 27,8%, una diferencia de 14,2 puntos porcentuales. El crecimiento comenzó a acelerarse en noviembre del año pasado y se detuvo en junio.
Los datos también muestran que la mayoría de los deudores mantiene obligaciones de montos relativamente bajos, mientras que una proporción reducida concentra buena parte del dinero adeudado. El 17% de las personas en mora debe menos de $100.000 y casi el 40% tiene obligaciones inferiores al salario mínimo de $376.600.
En el otro extremo, el 14,5% de los morosos con mayores niveles de endeudamiento concentra el 73% del monto total de la deuda. De esta manera, la cantidad de personas afectadas y el volumen de dinero en mora presentan una distribución muy diferente.
Los bancos tradicionales, tanto públicos como privados, concentran cerca del 65% de la deuda en mora. Entre las entidades privadas se contabilizaron 1.587.132 personas con obligaciones impagas, mientras que en las públicas fueron 809.164.
Las plataformas financieras digitales reúnen una gran cantidad de personas con deudas pendientes, aunque los montos promedio son menores que los registrados en el sistema bancario tradicional. En el caso de Mercado Libre, concentra alrededor del 19% de los morosos, pero representa el 2,9% del monto total adeudado, debido al menor tamaño de los préstamos.
El segmento de préstamos rápidos no bancarios reúne a 68 empresas y representa el 22% de las personas en mora y el 7,7% del monto total. En estas entidades, la tasa promedio de morosidad alcanza el 52%. Se trata de un segmento al que suelen recurrir personas con mayores dificultades para acceder al crédito formal.
En los bancos privados, el stock total de préstamos alcanza los $41 billones, de los cuales unos $8 billones se encuentran en mora. Allí se contabilizan aproximadamente 1,59 millones de personas con obligaciones impagas.
Las entidades públicas, entre ellas el Banco Nación y el Banco Provincia, concentran alrededor del 15% de la mora total y cuentan con distintos programas de regularización y refinanciación, con condiciones que dependen de la situación de cada deudor.
Por su parte, las tarjetas de crédito no bancarias, las cadenas de electrodomésticos y los supermercados concentran aproximadamente el 35% de las personas en mora y el 14% del monto total adeudado. En este segmento también se observan diferencias importantes en los niveles de incumplimiento según la entidad.
Alrededor de la mitad de las personas en mora mantiene deudas con una sola entidad y el 90% tiene obligaciones con un máximo de tres acreedores. En los últimos 23 meses, cerca de 12 millones de personas dejaron de formar parte del sistema financiero, aunque la mayoría lo hizo manteniendo una situación regular.
Uno de los cambios más relevantes del período fue la reducción en la cantidad de nuevos créditos otorgados cada mes, en un contexto de mayor dificultad para acceder al financiamiento.
El costo impositivo también aparece como un factor relevante. Según el análisis, los impuestos pueden representar hasta el 44% del costo total de un préstamo, un nivel elevado en comparación con otros países. Una parte importante de esa carga corresponde a tributos provinciales, por lo que cualquier eventual solución a la problemática también involucraría a los gobiernos locales.
