La Libertad Avanza tiene decidido ir a fondo con los debates de la Ley Bases y la Ley de Medidas Fiscales.
El ambicioso cronograma de debates de La Libertad Avanza en el Congreso se da en medio de las negociaciones con los denominados bloques dialoguistas, el Pro, la UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal.
Esta semana, la necesidad de obtener resultados parlamentarios se vio atravesada por la fuerte pelea interna que incluyó la salida de Oscar Zago de la presidencia del bloque (y la creación de uno nuevo, el MID) y su reemplazo por el cordobés Gabriel Bornoroni, un empresario con fuerte respaldo político del titular de la Cámara Baja, Martín Menem y de la secretaria General de la presidencia, Karina Milei.
El nuevo borrador de la Ley de Bases, que se transformará en dictamen tras su tratamiento en el plenario de las comisiones de Legislación General, Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales, contendrá un capítulo vinculado con la reforma laboral a propuesta de los bloques de la UCR.
El diputado Rodrigo de Loredo paso junto a sus colegas del centenario partido, entre ellos Soledad Carrizo, Alfredo Vallejos, Alejandro Cacace y los senadores Eduardo Vischi y Pablo Blanco, por Casa Rosada y cerraron su propuesta ante el jefe de Gabinete, Nicolás Posse. “Creemos que la reforma laboral, entre todas las reformas, es la más importante que necesita el país. Que además se diseñó mal y está trunca (por lo dispuesto en el DNU 70/2023, cuestionado en ámbitos gremiales y judiciales), insistimos en que es la oportunidad en el tratamiento de la nueva Ley Bases que se incorpore el texto en la misma y salga la reforma laboral por ley”, señaló el jefe de la bancada radical en el interior de Balcarce 50.
Su propuesta lleva, entre otros puntos, una reducción de la carga fiscal sobre el empleo, la eliminación de las contribuciones obligatorias emanadas de los convenios colectivos (llamadas contribuciones de solidaridad) para garantizar la libertad sindical, declarar la educación como servicio estratégico esencial, la reducción de la litigiosidad derogando artículos y leyes que complejizan el marco laboral actual buscando disminuir la incertidumbre sobre los costos de contratación y despido que produce la determinación en juicio de la indemnización. Busca un mecanismo sustitutivo de indemnización, la protección contra el despido por discriminación por motivos de etnia, raza, nacionalidad, sexo, identidad de género, orientación sexual, religión, ideología u opinión política. La creación de un registro laboral y extender a seis meses el periodo de prueba.
Mientras que la senadora del Pro, Carmen Álvarez Rivero, quien asumió la presidencia de la comisión de Trabajo del Senado, aseguró que “la reforma laboral es un tema en el que hay un amplio consenso, sin importar la bandera política. No existen objeciones en cuanto a que se debe promover el trabajo formal y tenemos que poner un fin a la industria del juicio”.
En el cambio de estrategia de los libertarios, por la necesidad de buscar consensos, adelantaron reuniones los ministros del Ejecutivo y la vicepresidenta Victoria Villarruel con diferentes senadores nacionales, también dentro de los sectores afines. El radical Vischi, el salteño Juan Carlos Romero, el cordobés Luis Juez y los oficialistas Bartolomé Abdalá y Ezequiel Atauche. “Hay puntos de encuentro, materias sobre las que coincidimos que debemos cambiar y otras en las que quizás no. Lo más importante es dialogar y poner lo mejor de cada parte para lograr que las cosas en común prevalezcan”, expreso el senador Vischi.
Según la estrategia del oficialismo la ley Ómnibus como el acuerdo Fiscal tendrían que llegar al Senado el mes próximo tras su tratamiento en Diputados. La senadora por Tucumán, de Unión por la Patria, Sandra Mendoza le dijo a TN, tras presentar su proyecto para declarar Héroe nacional al prócer de su provincia Bernabé Araoz, que “lo importante es lograr consensos con los gobernadores”, en relación con el proyecto de medidas fiscales. Se destacan la reversión de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias, que pasará a llamarse de los ingresos. El ministro de Interior Guillermo Francos en la semana adelantó que el mínimo no imponible para una persona soltera será de $1.800.000, mientras que para la persona casada el monto se elevará a $2.200.000. Habrá una moratoria fiscal y cambios en bienes personales.
