Este jueves, Javier Milei explicará en cadena nacional los lineamientos de la ley que regirá la autoridad monetaria, que incluirá artículos para prohibir el financiamiento al Tesoro y restricciones para dificultar la remoción del personal jerárquico, un compromiso que el Presidente había prometido reducir durante su campaña en 2023. Desde el Gobierno, se anticipó que el jefe de Estado no abordará otros proyectos.
“Es un tema central para el Gobierno, ya que el mandato que recibimos es reducir la inflación, que es un flagelo”, afirmó el vocero presidencial, Adrián Ravier, quien subrayó que sus comentarios respecto al precio del dólar y una posible devaluación, que causaron controversia tanto dentro como fuera del Ejecutivo, fueron malinterpretados.
Para agosto, el Gobierno proyecta avanzar con la Ley de Tierras, que garantiza la inviolabilidad de la propiedad privada, y la eliminación de las Zonas Frías en el Senado. También se proponen nuevas regulaciones en la Cámara de Diputados, como el Súper RIGI y modificaciones en la Inocencia fiscal.
Las dos centrales de trabajadores y la oposición más dura buscan presionar a una parte de la bancada radical con una movilización masiva programada para el 6 de agosto, fecha en que se debatirá el proyecto de Tierras. Su objetivo es frustrar la iniciativa, especialmente luego de que Patricia Bullrich lograra suavizar la postura de Federico Sturzenegger, quien se oponía a otorgar poder a las provincias para aprobar o rechazar ventas.
La conflictividad social pondrá en jaque la estrategia del Gobierno. El 7 de agosto, con o sin ley, se prevé una marcha por parte de organizaciones sociales y de la CGT en conmemoración a San Cayetano.
El riesgo de una derrota en el Congreso podría complicar los planes legislativos del Ejecutivo y afectar las expectativas económicas, que ya han encendido varias alarmas. La caída del Estimado Mensual de Actividad (EMAE) de mayo, que volvió a descender, y el índice de Confianza de la Universidad Di Tella, que también registró un nuevo descenso tras el repunte de junio, revelan una baja acumulada del 21 por ciento en el último año.
En la Cámara Alta, el oficialismo intentará avanzar con la nueva ley de biocombustibles y votar propuestas como el proyecto de Hojarasca y las desregulaciones promovidas por Sturzenegger, que incluyen la nueva ley de sociedades y cambios en las normativas de cabotaje.
Bullrich también tiene como objetivo avanzar con reuniones informativas, dictámenes y modificaciones a la ley de etiquetado frontal que reclaman diversas empresas del sector alimentario.
La cuestión de la suspensión de las PASO, un tema que preocupa al Gobierno de cara a la reelección, sigue en un estado de desarrollo incipiente. El tucumano Osvaldo Jaldo, que anticipó al Ejecutivo y convocó a elecciones provinciales para mayo del próximo año, ha manifestado su oposición a la posible eliminación de las primarias y ha desestimado la opción de reintroducir listas colectoras.
En los planes del Gobierno, los integrantes de la mesa política esperan obtener dictamen en agosto en la comisión de Asuntos Constitucionales y abordar la reforma en el recinto. Sin embargo, hoy esto parece una tarea compleja.
Diego Santilli y Lule Menem se ocupan de mantener diálogos en más de doce provincias, explorando opciones como la transferencia de obras nacionales para su ejecución por parte de los distritos, tal como se hizo recientemente con Santa Fe.
A pesar de la nueva sintonía generada por el acuerdo ratificado con la participación de Karina Milei en la reunión anterior, el gobernador santafesino, Maximiliano Pullaro, se reunió este miércoles en Córdoba con sus pares de Entre Ríos y Córdoba, exigiendo una agenda productiva hacia la Casa Rosada.
Entre tanto, otros proyectos simultáneos influyen en las relaciones. En particular, el Gobierno busca avanzar con nuevos nombramientos de jueces en la Comisión de Acuerdos del Senado, un tema de interés tanto para los mandatarios provinciales como para el espectro político en general.
En su hoja de ruta, el oficialismo no descuida cuestiones que pueden parecer menores en comparación con los desafíos mayores, como la nueva ley de Salud Mental, el Acuerdo de Libre Comercio entre Mercosur y EFTA, el Tratado de Extradición con Chile, y otros acuerdos internacionales relacionados con la cooperación jurídica y comercial.
