La posibilidad de acceder a una vivienda propia en la Argentina se ha convertido en un desafío que ya no distingue únicamente a los sectores vulnerables o a los jóvenes que buscan su primera independencia. De acuerdo con un reciente informe del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL), basado en el procesamiento de datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC, el mercado habitacional experimenta una profunda transformación caracterizada por el crecimiento sostenido de inquilinos dentro de los segmentos de ingresos medios y altos, un fenómeno que aleja la expectativa de la casa propia incluso para quienes cuentan con salarios formales y capacidad de consumo.
Las estadísticas reflejan la magnitud de este cambio estructural en los principales aglomerados urbanos del país. Entre 2016 y 2026, la proporción de hogares propietarios descendió del 71% al 68%, mientras que el porcentaje de inquilinos se incrementó del 18% al 21%. En términos absolutos, esta disparidad se traduce en la incorporación de casi 600.000 nuevos hogares al mercado de alquileres durante la última década. Lo singular de esta dinámica es que, mientras que en los deciles de menores recursos la proporción de arrendatarios se mantuvo prácticamente estable, las mayores subas se concentraron en los estratos de ingresos medios y altos.
La imposibilidad de pasar del alquiler a la compra afecta de manera directa a la población de edades intermedias, especialmente en el rango de entre 30 y 49 años, para quienes el alquiler ha dejado de ser una transición de juventud para transformarse en una condición permanente. El estudio del IERAL revela que incluso entre los asalariados del sector privado registrado que ejercen la jefatura de un hogar, uno de cada tres debe alquilar su residencia. Si a esto se añade la cantidad de adultos que continúan conviviendo con sus padres por razones económicas, menos de la mitad de esta franja laboral logra habitar una vivienda de su propiedad en un hogar independiente.
Los analistas asocian esta realidad con varios factores económicos concurrentes, entre los que sobresale la enorme distancia entre los ingresos laborales medidos en pesos y los valores de los inmuebles, que históricamente se cotizan en dólares. Esta asimetría, sumada a la pérdida de poder adquisitivo por la inflación acumulada y a un acceso al crédito hipotecario que —pese a las variantes de financiamiento disponibles— sigue resultando marginal para la mayoría de los postulantes, impide reunir el ahorro previo en moneda extranjera que exige el pago inicial y los gastos de escrituración de una propiedad.
La problemática presenta además asimetrías regionales en el esfuerzo salarial que demanda la adquisición de un inmueble. Mientras que en provincias como Mendoza y Neuquén el tiempo necesario de ahorro equivale a unos 5,1 años de ingresos totales, la exigencia se estira a 6,1 años en Córdoba, 6,4 años en Santa Fe, 6,5 años en los partidos del Gran Buenos Aires, y se eleva hasta los 9,6 años en Misiones, siempre bajo el supuesto teórico de destinar el 100% de los ingresos al fin inmobiliario. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde el 36% de los hogares hoy son inquilinos —y se proyecta que la cifra podría escalar al 42% para 2036—, el impacto es especialmente agudo debido a que el ingreso familiar estimado de los inquilinos ($1.827.898 mensuales según estimaciones de mediados de año) se destina en gran parte a cubrir el costo de los alquileres y expensas, restando margen para cualquier capacidad de capitalización.















