La Justicia de Argentina ordenó la extradición del exsenador Edgardo Kueider y de su secretaria, Iara Guinsel Costa, quienes están detenidos en Paraguay por supuesto lavado de activos. El juez Rolado Duarte ordenó la detención preventiva de ambas personas, luego de que la fiscal Adjunta, Matilde Moreno, realizara la solicitud con el fin de iniciar el proceso de extradición.
La causa está caratulada como presunta tentativa de contrabando de divisas y las audiencias preliminares están previstas para el 30 y 31 de julio. De acuerdo a la investigación que se realizó en Paraguay, los dos acusados habría conformado una asociación o banda destinada a concretar, con habitualidad, diversas operaciones económicas y financieras con el fin de blanquear dinero ilícito.
Para la justicia de Paraguay, Edgardo Kueider y Guinsel Costa habrían trabajado junto a otras personas y contaron con la intervención de las empresas BETAIL SA. y EDEKOM S.A para ingresar más de US$ 200.000 sin declarar al país vecino por el paso fronterizo del Puente de la Amistad que une Foz do Iguaçú con Ciudad del Este.
El caso de Edgardo Kueider
El pasado 4 de diciembre, el exsenador y su secretaria fueron detenidos por efectivos de la Armada paraguaya, la Aduana y el Departamento de Delitos Económicos de la Policía Nacional en el cruce internacional. Al inspeccionar el vehículo, encontraron más de US$ 200.000 sin declarar y teniendo en cuenta sus antecedentes, no sería la primera vez que ingresarían al país vecino de madrugada, lo que generó sospechas.
A raíz de esto, comenzó una investigación por lavado de dinero que, según los investigadores, sería a través de la colocación de dinero en el sistema financiero. Para los fiscales que llevan la causa en Paraguay, las acciones habrían comenzado a principios de 2017 y se habrían extendido hasta la actualidad, según TN.
En la acusación contra Kueider y Guinsel Costa se menciona que se valieron de su especial condición de funcionarios públicos en el ejercicio y/o en ocasión de sus funciones. Dicha maniobra, configuraría el delito de lavado de activos doblemente agravado. Para los fiscales, los dos acusados tenían el propósito de otorgarle apariencia de legalidad a los fondos espurios y habrían procedido a la adquisición de inmuebles y automóviles.
