La flexibilización de los controles en la producción y comercialización de vinos ha generado posturas divergentes en el ámbito de la industria vitivinícola. Si bien las principales entidades gremiales (Bodegas de Argentina y Coviar) han evitado un pronunciamiento oficial sobre las recientes disposiciones gubernamentales, fuentes del sector consultadas han manifestado tanto apoyo como rechazo a la desregulación. El aspecto más debatido de esta reforma radica en la concentración de los controles de calidad del vino exclusivamente en la etapa de comercialización, eliminando aquellos que se realizaban en fases previas.
La implementación de esta reforma se inició en julio del presente año con el cambio de jerarquía del Instituto Nacional de Viticultura, en el marco de un conjunto de medidas que afectaron a veintiún organismos estatales, formalizado mediante el decreto 426/25 publicado en el Boletín Oficial.
Recientemente, la temática vitivinícola ha retornado a la agenda gubernamental tras la derogación de novecientas setenta y tres normativas del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) a través de la Resolución 37/2025, publicada el pasado viernes en el Boletín Oficial.
Entre las modificaciones promovidas en julio se estableció que el INV pasaría a depender de la órbita de la Secretaría de Agricultura. Además de esta disminución de rango, se resolvió que el organismo focalizaría su función de control en la calidad del producto final y su aptitud para el consumo humano. De esta manera, se suprimirían las inspecciones en las etapas iniciales de la cadena de producción, concentrando los esfuerzos en la fase de comercialización.
En aquel momento, las dos cámaras más representativas del sector adoptaron posiciones cautelosas. Sin embargo, al igual que en la actualidad, el silencio reflejó una falta de consenso entre ambas y evidenció la marcada disparidad ideológica que las separa.
Así, en julio pasado, desde la cámara Bodegas de Argentina, que agrupa a doscientas cincuenta bodegas a nivel nacional, se expresó: “Ante los cambios anunciados en la estructura del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), desde Bodegas de Argentina respaldamos toda iniciativa orientada a simplificar procesos, disminuir la carga burocrática e incrementar la competitividad del vino argentino en el mercado global. En esencia, a optimizar las condiciones para el desarrollo de nuestras actividades comerciales”.
“Consideramos que esta reforma debe tener como pilares la eficiencia y el fortalecimiento de las condiciones para potenciar la producción y la exportación. Simultáneamente, estimamos fundamental preservar las capacidades técnicas del INV para asegurar la calidad, la trazabilidad y la identidad de nuestros productos”, agregaron.
Por su parte, en el mismo período, la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR), que representa a otro segmento de bodegas incluyendo cooperativas, manifestó una mayor reserva: “Desde COVIAR se están analizando y evaluando las implicancias de los anuncios, las normativas y reglamentaciones afectadas, y la metodología de aplicación de los cambios. Los equipos técnicos y asesores se encuentran trabajando en esta materia”, explicaron ante la consulta de nuestra redacción.
“Existen numerosas normativas involucradas y se están sopesando sus implicancias. Incluso es factible que se requieran nuevos decretos o reglamentaciones complementarias a lo anunciado hasta el momento. Por consiguiente, se están estudiando los cambios y no existe una posición oficial al respecto por el momento”, añadieron desde la entidad en julio de este año.
Desregulación del vino: la controversia se reactiva tras cuatro meses de inactividad
Ahora, transcurridos cuatro meses, se han implementado el resto de las medidas pendientes. Las posturas de las cámaras mantienen similitud con las expresadas previamente.
La resolución 37/2025 establece que el INV dejará de ejercer controles en las fases iniciales e intermedias de la producción, tales como viñedo, cosecha, elaboración o transporte, para enfocarse exclusivamente en la fiscalización de la etapa de comercialización, es decir, sobre los productos finales embotellados disponibles para la venta.
La naturaleza de los controles se mantiene, limitándose únicamente su alcance. El objetivo primordial es garantizar la aptitud de los vinos para el consumo y prevenir su adulteración, tanto en sus componentes como en sus mezclas.
En consecuencia, conforme a las nuevas disposiciones, los controles de trazabilidad, como las certificaciones de origen, añada y varietal, serán de carácter optativo y podrán ser gestionados por los propios productores o por entidades privadas, en función de las necesidades comerciales de cada empresa.
El nuevo esquema abarcará la totalidad de la cadena de valor vitivinícola, incluyendo a productores, bodegas, fábricas de mosto y espumosos, plantas de fraccionamiento y de productos enológicos, comercializadores, distribuidores, exportadores e importadores.
Ante la consulta sobre esta nueva serie de resoluciones, la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR) optó por no manifestarse a favor ni en contra.
Fuentes de la entidad indicaron que “se están analizando las modificaciones implementadas y sus repercusiones. Los equipos técnicos y la asesoría legal están estudiando los cambios y su impacto. Se mantiene un diálogo constante con el Gobierno Nacional, la Secretaría de Agricultura, y los Gobiernos provinciales sobre este asunto”.
Por su parte, Bodegas de Argentina tampoco ha emitido un pronunciamiento oficial sobre las medidas más recientes, si bien otros documentos ratifican su postura favorable a la desregulación de procedimientos, en contraposición con las posiciones tradicionales de Coviar.
Ambas entidades representan visiones ideológicas contrapuestas. Mientras la primera adhiere a las medidas de liberalización del comercio, la segunda defiende la función de control del Estado en la industria para encauzar los intereses de todos los actores del mercado.
Desde una de las empresas que conforman la entidad que agrupa a doscientas cincuenta bodegas a nivel nacional, se explicó que “el resultado de las elecciones de octubre otorga legitimidad a todas las iniciativas de desregulación impulsadas por el Gobierno, y esta cuestión que involucra a toda la industria del vino no puede constituir una excepción. El triunfo oficialista en los comicios desbloqueó un proceso que estaba en etapa de maduración y aguardaba la oportunidad para concretarse”.
En otra bodega que apoya las políticas promovidas por el ministro Sturzenegger para el sector, se comentó ante una consulta: “Resulta imperativo agilizar procesos que conllevan costos elevados para nuestra industria en momentos en que la competencia internacional nos exige una alta eficiencia en nuestros costos para poder mantener nuestra presencia en el exterior”.
La misma fuente destacó otro aspecto: “Es altamente positivo que se mantengan como obligatorios todos los controles destinados a la exportación, dado que el incumplimiento de los criterios exigidos en los principales mercados por parte de una sola bodega podría perjudicar la reputación y los negocios de la totalidad del vino argentino. No obstante, el resto de la actividad requiere una reducción de los trámites burocráticos para poder desarrollarse con responsabilidad”.
Desde sectores críticos a la flexibilización de controles, se advierte sobre los riesgos que implica una medida de esta índole. Específicamente, se hace referencia a los sucesos acaecidos en 1993, cuando una bodega de San Juan adulteró sus marcas Mansero y Soy Cuyano con alcohol metílico, comercializado en damajuanas. Este hecho provocó un total de veintinueve fallecimientos en diversas regiones del país y otras personas afectadas por ceguera.
Sobre este particular, el propio ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, precisó oportunamente en una publicación en X: “La catástrofe había tenido lugar durante la gestión del gobierno de Alfonsín, cuando se incorporó el Artículo 24 bis a la ley 14.878, otorgando al INV la potestad de controlar cualquier aspecto. La delegación legislativa nos permite modificar estas funciones del INV para focalizarlas, como mencionábamos, exclusivamente en el control del producto final”.
La controversia política que se desarrolla en la industria del vino
Estas nuevas disposiciones se enmarcan en el proceso de desregulación que promueve el gobierno en la industria vitivinícola, el cual también se ha traducido en un proyecto de ley para suprimir el esquema de financiamiento obligatorio que sustenta la actividad de COVIAR, en su rol de organismo público-privado encargado de implementar el Plan Estratégico Vitivinícola Argentino (PEVI).
Las bodegas sujetas a esta contribución obligatoria argumentan que incrementa sus costos sin que se perciban resultados concretos en la ejecución del PEVI.
Recientemente, Bodegas de Argentina volvió a cuestionar la decisión de aumentar el aporte obligatorio destinado a financiar la Coviar y reiteró la solicitud de eliminar dicho cargo.
En un comunicado, la entidad manifestó: “El vino argentino atraviesa una coyuntura crítica. En este contexto, resulta inadmisible seguir sosteniendo de forma compulsiva a instituciones que no cumplen con su cometido y que se han transformado en una carga impositiva insostenible. La presión fiscal acumulada sobre el sector ya alcanza niveles alarmantes, con una carga impositiva actual del 43%, lo que compromete seriamente la sostenibilidad de las empresas y la competitividad internacional del vino argentino.
“El argumento de una desinflación gradual esgrimido por COVIAR para justificar el incremento resulta inoportuno ante los indicadores reales del mercado. La determinación de aplicar este ajuste representa una carga adicional injustificada, que ignora el esfuerzo constante del sector por preservar el empleo, la inversión y la calidad productiva en condiciones adversas”, concluyó Bodegas de Argentina.
Además, recordó que “Bodegas de Argentina no participa en COVIAR desde el año 2019. Consideramos que a la fecha dicha institución carece de competencias para cobrar, y menos aún para incrementar, alícuotas que expiraron con la finalización del plan que dio origen a su creación, PEVI 2020. A pesar de ello, las empresas del sector continúan obligadas por ley a aportar recursos a COVIAR, bajo la amenaza de inmovilización de sus operaciones por parte del INV, en caso de incumplimiento o mora”.
