Vanesa Elizabeth Fita, hermana del presidente del Partido Justicialista de Chubut y diputado provincial, Gustavo Fita, fue imputada junto con otras cuatro mujeres en una causa por presuntas estafas vinculadas con la adjudicación de viviendas sociales en Comodoro Rivadavia. Según la acusación del Ministerio Público Fiscal provincial, el esquema habría afectado a 594 personas y provocado un perjuicio económico estimado en $59.400.000.
La investigación sostiene que las maniobras comenzaron en abril de 2023, cuando Fita ofrecía a familias la posibilidad de acceder a casas supuestamente recuperadas o en construcción por el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV). Para iniciar el trámite, les exigía un pago de $100.000: afirmaba que $80.000 correspondían al organismo provincial y los $20.000 restantes, a la conexión eléctrica de las viviendas.
De acuerdo con la acusación, Fita habría incorporado a Lucía Miranda, María Victoria Curan y Gisela Mansilla para coordinar la recepción de documentación, reunir comprobantes y sostener la apariencia de que las adjudicaciones estaban en marcha. Tras efectuar los pagos, las familias eran agregadas a grupos de WhatsApp, donde recibían información sobre supuestas asignaciones, fechas de entrega y requisitos pendientes.
Los fondos se depositaban en cuentas bancarias y billeteras virtuales a nombre de Lara Camila Páez, también imputada en la causa. Entre mediados de 2023 y comienzos de 2024, las acusadas habrían organizado reuniones presenciales en espacios públicos, sin brindar fechas concretas para la entrega de las casas.
Ante las demoras, las familias recibían explicaciones sobre presuntos inconvenientes administrativos y trámites pendientes ante el IPV. Según uno de los testimonios incorporados a la investigación, Fita afirmaba contar con el respaldo del entonces gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, y de una secretaria para gestionar las viviendas. Sin embargo, no se acreditó la participación del exmandatario en los hechos investigados.
Después de reiterados incumplimientos, algunos damnificados consultaron directamente al IPV y comprobaron que las adjudicaciones ofrecidas no eran reales. El 5 de febrero de 2024, el concejal Omar Lattanzio y vecinos afectados presentaron las primeras denuncias que dieron origen a la investigación.
Tras las actuaciones judiciales y los operativos policiales para reunir pruebas, el fiscal general de Chubut, Martín Cárcamo, solicitó la elevación a juicio de la causa por presunta estafa mediante calidad simulada e influencia mentida. La Fiscalía pidió penas de entre seis y ocho años de prisión para la principal acusada y de entre uno y seis años para las mujeres señaladas como colaboradoras.
