Luego de otra jornada con movilizaciones y cortes de ruta, el gobierno local convocó a los sindicatos para retomar la discusión por salarios. Hubo funcionarios en los piquetes
Desde la aprobación de la reforma de la Constitución en Jujuy, el pasado 16 de junio, no hubo día en el que no haya protestas en la provincia situada en el norte de la Argentina. El gobernador Gerardo Morales defendió con vehemencia sus argumentos sobre el contenido y el proceso que culminó con la modificación de la carta magna local después de 37 años, y obtuvo como respuesta una escalada manifestaciones en las calles jujeñas.
Sin abandonar esa postura, con la que enfrenta el debate local y el nacional, en las últimas horas dio señales de estar dispuesto a negociar con los sectores – al menos con algunos – que encabezan los reclamos, que en la última jornada se materializaron en 22 cortes de ruta en distintos pueblos de la provincia y una masiva movilización en la Capital, San Salvador de Jujuy.
En ella, miles de docentes volvieron a encender antorchas y buscaron en conjunto demostrar que sus manifestaciones no ejercen ningún tipo de violencia, sólo acompañan la luz de una vela cantando para que se oiga que necesitan recuperar la capacidad de compra que la inflación les quitó a sus salarios. “Somos docentes, no delincuentes”, gritaron para diferenciarse de los vándalos que rompieron edificios y apedrearon a la policía el pasado martes. En sus marchas, también, se repite la teoría de los “infiltrados” como artífices de los desmanes durante aquel día, aunque sin elementos claros que sostengan esa hipótesis.
La multitudinaria concentración acabó con un discurso de los dirigentes sindicales docentes en la glorieta de la plaza Belgrano y una invitación a una nueva marcha para el día siguiente. Frente a ello, antes de la medianoche el gobierno de Jujuy resolvió convocarlos a una nueva ronda de negociaciones, a pesar de que el propio Morales había afirmado que ese era “un capítulo cerrado”. Los docentes, que se encuentran en su tercera semana de paro, serán recibidos hoy en el ministerio de Trabajo para volver a negociar.
El otro escenario conflictivo tuvo lugar en simultáneo en el resto de la provincia. Literalmente, el miércoles 21 de junio desplazarse por Jujuy fue una odisea. Los bloqueos de los caminos se sucedieron de norte a sur. Fueron una decena desde primera hora de la mañana pero pasado el mediodía se duplicaron. La ruta 9, arteria troncal que recorre desde la Capital hacia La Quiaca, hasta el límite con Bolivia, registró cortes en los pueblos principales: Purmamarca, Tilcara, Humahuaca, Abra Pampa, La Quiaca.
Ese corredor alberga a la mayor cantidad de comunidades indígenas de la provincia. Muchas de ellas están en pie de guerra por desconfiar del articulado de la nueva Constitución de la provincia, jurada por la Convención Constituyente el pasado martes, en un día negro para Jujuy por los hechos de violencia extrema que se vieron ante los ojos del país.
Morales los invitó a rediscutir dos artículos que aludían a la posesión de las tierras, su principal preocupación. Eso por el momento no los calmó y sus referentes se preparan para sostener otra jornada de cortes este jueves 22 de junio. A última hora del miércoles, integrantes de la mesa chica del gobernador recorrían los piquetes en la quebrada.
Esas acciones hacia adentro no modifican la dureza hacia afuera del gobernador, quien durante la tarde confrontó nuevamente con el presidente Alberto Fernández, a quien le achacó que “miente groseramente”. Morales aludía al comunicado que leyó en directo el jefe de Estado Nacional, en el que cuestionaba la reforma constitucional impulsada por Morales y adelantaba que el ministerio de Justicia de la Nación revisará su contenido, no descartando que esa revisión se transforme en una presentación judicial.
“Me alegro que ahora elija la justicia y no la violencia, como hasta acá”, ironizó por televisión Morales minutos después. Fernández, pese a todo, realizó una convocatoria al diálogo al gobernador, aunque por el momento tal escena resulta inverosímil.
En la provincia se encuentra Horacio Pietragalla, secretario de Derechos Humanos de la Nación, quien conversó ocasionalmente en el aeropuerto de Jujuy y adelantó una gestión realizada ante la justicia provincial, de la que surge, según dijo, dos recomendaciones: la advertencia a la policía para que se evite el uso desmedido de la fuerza y una mediación invitando al Obispo de Jujuy, César Daniel Fernández, a ser el anfitrión y facilitador de un encuentro.
Ante la consulta por esa posibilidad, Monseñor Fernández señaló que no hubo pedido formal hasta el momento para avanzar en esa dirección, aunque se mostró predispuesto a participar de “instancias de pacificación”.
En ese escenario se aguarda por la intervención de fuerzas federales, algo que el gobierno de Jujuy reclama y que el ministro de Seguridad Aníbal Fernández había desestimado. “El juez federal ya le dio la orden al ministro de Seguridad de Nación, que ha venido mirando para el costado hasta acá, que intervenga la gendarmería porque las rutas nacionales son responsabilidad del gobierno federal”, dijo Morales. En algunos cortes pudo observar patrulleros de Gendarmería Nacional, aunque sólo apostados en un costado, distinto al de las fuerzas de seguridad locales .
Ese es el marco en el que se cumplirá la primera de semana de protestas ininterrumpidos, con cortes de rutas como los que Jujuy no experimentaba hacía mucho tiempo.
