Un plan para tercerizar las prestaciones de salud de la obra social de los militares –la tercera en cantidad de afiliados, después del PAMI y el IOMA- genera fuerte tensión y es resistida, tanto en agrupaciones de suboficiales y cuadros inferiores como otros foros de oficiales retirados. Incluso, suscita reclamos en el propio directorio del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (Iosfa).
El punto de quiebre fue la difusión de gestiones iniciadas por el presidente de Iosfa, el médico mendocino Oscar Sagás, con la empresa privada Medifé, que incluiría la firma de un convenio de confidencialidad y un programa para aplicar un modelo de gestión tercerizado en Córdoba, Santa Fe y otras provincias del litoral y del nordeste argentino. En una reunión de almirantes y generales retirados se consideró que se estaría ante “un cambio prestacional sensible y controvertido”. Está en juego un universo de 600.000 afiliados en todo el país y una caja de $25.000 millones por mes.
En una decisión que anticipa posibles tensiones gremiales, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) le envió una nota al presidente de Iosfa para pedirle que aclare “una información extraoficial que está circulando sobre una posible privatización de los servicios, a través de la empresa Medifé”. La organización sindical sostuvo que ello significaría una preocupación para los trabajadores, que perciben esa posibilidad como un riesgo para su continuidad laboral”.
En tanto, la Unión de Suboficiales y Pensionados exigió que “se respete y se preserve la naturaleza solidaria de nuestra obra social”.
Sagás asumió al frente de Iosfa en diciembre pasado, designado por su comprovinciano y ministro de Defensa, Luis Petri. El plan de tercerización –que algunas voces identifican con una privatización- no cuenta con el aval del directorio de la obra social, que integran tres representantes del Ejército, dos de la Armada, uno de la Fuerza Aérea, uno de la Gendarmería, uno de la Prefectura y dos por el personal civil de las fuerzas militares y de seguridad.
Viajes y desarraigo
En el directorio de Iosfa le cuestionan a Sagás, además, varios nombramientos de colaboradores procedentes de Mendoza en cargos gerenciales y puestos de conducción, con gastos adicionales por vuelos semanales a la provincia y desarraigo, entre otros conceptos solventados con fondos de la obra social. “Son $2 millones mensuales por cada uno”, advirtió una fuente cercana a la entidad. Incluso, cuestionan el nombramiento de una profesora de historia en el área de control de gestión.
En los tramos finales del gobierno de Juntos por el Cambio, Iosfa atravesó una grave crisis, con un rojo de $6000 millones -el equivalente a tres recaudaciones de la obra social- y servicios de salud interrumpidos por falta de pago. Fuentes cercanas al directorio admiten que en la gestión de Darío Díaz Pérez (Frente de Todos) se avanzó en un saneamiento, a partir del blanqueo de los sueldos militares, lo que permitió mejorar los ingresos y revertir el déficit. Se indicó, al respecto, que los últimos dos ejercicios arrojaron sucesivamente superávit por US$13 millones y US$12 millones.
La obra social de los militares, que históricamente manejaba cada fuerza, se concentró en un ente autárquico -el Iosfa- en 2013, durante el gobierno de Cristina Kirchner, mediante el decreto 637/32013. Desde entonces se mantiene el reclamo en favor de que la obra social sea conducida por los propios militares.
Según trascendió en fuentes cercanas a la obra social, la gestión de Sagás mantuvo conversaciones informativas con posibles prestadores y evalúa establecer convenios para la atención de las prácticas ambulatorias, que incluirían algunos niveles de internación, odontología, salud mental e internación domiciliaria, manteniendo a cargo de Iosfa la medicación de alto costo, el tratamiento de HIV y el servicio de trasplantes.
En los últimos meses surgieron críticas a la gestión de Sagás por campañas de vacunación antigripal y de prevención de cáncer que provocaron quejas entre los afiliados, a lo que se añade la presunta “falta de rendición de gastos”.
Después de 11 años del régimen fijado por las autoridades políticas, en los altos mandos de las Fuerzas Armadas crece la convicción de que es necesario plantear “la devolución del manejo de la obra social a sus afiliados”.
Afirman que Iosfa es “la única obra social que no recibe aportes extraordinarios del Estado –se mantiene con las cuotas de sus afiliados- y es también la única que se encuentra intervenida por la política”. En ese sentido, desde 2013 el ministro de Defensa designa a su presidente, lo que también sucedió en la actual gestión.
