La investigación relativa a la adquisición irregular de guardapolvos durante la gestión de Victoria Tolosa Paz ha recobrado impulso en los tribunales y los medios de comunicación. Los fiscales sostienen que, lejos de ser un suceso aislado, se orquestó una maniobra deliberada para la desviación de fondos públicos destinados a la confección de 165.000 prendas escolares para estudiantes en situación de vulnerabilidad.
El juez federal Sebastián Casanello ha convocado a declaración indagatoria a exfuncionarios y responsables de tres cooperativas implicadas en el proyecto. La hipótesis judicial es concluyente: los recursos del Estado, que superan los $700 millones, no fueron empleados para la producción comprometida, y se detectó un entramado de subcontrataciones irregulares que contravino el objeto del convenio.
El papel de Leonardo “Leo” Moyano, figura central en la operatoria
Entre los citados se encuentra Leonardo Moyano, exsecretario de Articulación de Política Social y colaborador cercano de Tolosa Paz. Fue Moyano quien suscribió los convenios, autorizó los desembolsos y rubricó las adendas que prorrogaron plazos de cumplimiento inviables, a pesar de la ausencia de evidencia de avance real en la producción.
La Justicia presume que Moyano fungió como engranaje administrativo en la maniobra de desvío, y que las cooperativas General Mitre, 15 de Julio y Solutex actuaron como vehículos para el retiro de dinero en efectivo y la simulación de actividad productiva.
Las revelaciones televisivas que agravan la situación
Un reciente informe del programa “La Cornisa” presentó testimonios que han generado un impacto en el ámbito judicial. Un representante del sector textil reconoció que la producción se limitó a unos pocos miles de guardapolvos, una cantidad muy inferior a los 165.000 previstos, y desmintió haber recibido una parte de los cuantiosos pagos facturados.
“Nosotros no recibimos esa plata”, aseveró ante la cámara, mientras exhibía prendas de confección artesanal que discrepaban notablemente con el alcance de un contrato estatal. La facturación presentada por una de las cooperativas ascendía a $171 millones.
Cooperativas sin estructura, personal en situación precaria y conexiones ministeriales
El informe televisivo identificó que una de las supuestas cooperativas operaba en un domicilio inexistente, mientras que otra era gestionada por una empleada del propio Ministerio de Desarrollo Social durante la gestión Fernández-Tolosa Paz.
La empleada reconoció su vínculo laboral con el Estado en dicho período y negó tener conocimiento de la operatoria real. Para el Poder Judicial, este hecho evidencia un patrón: la creación o utilización de estructuras para justificar gastos sin una producción genuina.
Un circuito opaco previamente detectado por la Policía Federal
La División Lavado de Activos ha reforzado la línea acusatoria al constatar simulación jurídica, la pérdida de trazabilidad financiera, retiros de efectivo sin respaldo operativo y el uso de cooperativas sin la capacidad real para elaborar la cantidad de guardapolvos estipulada.
Dicho análisis motivó la inhibición general de bienes de los imputados y la congelación de las cuentas bancarias de las cooperativas bajo investigación. Los fiscales argumentan la existencia de un riesgo concreto de maniobras de ocultamiento patrimonial.
El contexto político: el kirchnerismo nuevamente en el foco de la controversia
Mientras la causa judicial progresa, el kirchnerismo intenta desvincular a Tolosa Paz, si bien cada nueva prueba complica dicha estrategia. La exministra fue una figura central en la articulación social del Gobierno de Alberto Fernández y una de las principales voceras políticas en 2023.
Este caso reaviva los cuestionamientos sobre la administración de fondos en Desarrollo Social, un ministerio históricamente asociado a programas sensibles y multimillonarios, que fue objeto de reiteradas denuncias por falta de controles durante la gestión kirchnerista.
El Gobierno actual respalda la investigación y exige transparencia
Desde la Casa Rosada, se considera la causa como un ejemplo paradigmático de la necesidad de auditar los esquemas heredados y se expone que este tipo de redes de cooperativas respondía a un modelo político que transformó la asistencia social en un mecanismo opaco y funcional a operadores políticos y aliados.
La administración Milei ha valorado positivamente la celeridad con que avanza el expediente y ha resaltado la importancia de que la Justicia determine las responsabilidades individuales, especialmente en un sector donde –según su percepción– prevaleció la discrecionalidad y la gestión partidaria.
Lo que se anticipa: indagatorias cruciales antes de finalizar el año
Los citados deberán comparecer entre el 15 y el 22 de diciembre ante los tribunales federales de Retiro. Moyano será uno de los últimos en prestar declaración. Paralelamente, restan diligencias pendientes sobre al menos 29 cooperativas adicionales que habrían replicado el mismo modus operandi durante 2023.
Se prevé que la causa judicial escalará y no se descarta que involucre a un número mayor de funcionarios del entorno de Tolosa Paz. Fuentes judiciales aseveran que los movimientos financieros detectados podrían vincular a una red más extensa de responsables.
