Tras el desplante del Poder Ejecutivo, la Comisión de Bicameral de Trámite Legislativo volvió a citar, ahora para el jueves próximo, a un grupo de funcionarios del Gobierno, encabezados por el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el ministro de Economía, Luis Caputo, para que expliquen las razones y fundamentos del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23 de desregulación de la economía.
La decisión se adoptó después de un arduo debate en el que el oficialismo libertario, con el aval de los representantes de Pro que integran la comisión, resistió los embates del kirchnerismo, que acusó a ambas fuerzas políticas de aplicar maniobras dilatorias para no discutir el DNU emitido por el gobierno de Javier Milei y volvió a la carga con su intención de impulsar el rechazo del decreto en los recintos de ambas cámaras legislativas, único mecanismo legal para dejar sin efecto este tipo de instrumentos jurídicos.
De hecho, en un intento por acelerar los tiempos y dar por terminada la discusión en la comisión, la dotación kirchnerista presentó un dictamen de rechazo al DNU 70/23 por ″inconstitucional y nulo de nulidad absoluta”, según argumentó el diputado massista Ramiro Gutiérrez.
La semana pasada la comisión bicameral había votado citar a un grupo de funcionarios del Poder Ejecutivo. Además de Posse y Caputo, la nómina estaba integrada por el ministro de Salud, Mario Russo, y a los secretarios de Transformación del Estado, Armando Guibert; de Agricultura, Fernando Vilella; de Trabajo, Omar Yasin; y el director ejecutivo de la Anses, Mariano de los Heros. El pedido había sido formulado por los senadores Víctor Zimmermann (UCR-Chaco) y Carlos Espínola (Unidad Federal-Corrientes), y el diputado Francisco Monti (UCR-Catamarca).
Sin embargo, el Poder Ejecutivo hizo oídos sordos al pedido y provocó el reclamo airado desde varios sectores de la oposición. Tras recordarle al presidente de la comisión, el senador libertario Juan Caros Pagotto, que se había jactado la semana pasada de que la bicameral no invitaba sino que citaba a funcionarios, la diputada kirchnerista Vanesa Siley insistió con la postura de Unión por la Patria. “Los plazos (legales) están vencidos, vayan al recinto” a discutir el DNU, exigió.
“El control expost no es la función constitucional de esta comisión”, argumentó Siley para rechazar la pretensión de los bloques de la oposición dialoguista discutir el DNU 70/23 en la bicameral. Sin embargo, varios minutos después otra representante del kirchnerismo, la diputada Carolina Gaillard, la contradijo al reconocer que “es verdad que se pueden discutir y que los plazos no son perentorios, pero el DNU 70 tiene vigencia y está generando efectos”.
A la queja por la ausencia de los funcionarios se sumó el diputado Nicolás Massot (Hacemos Coalición Federal), quien le reprochó al oficialismo “discutir formalidades” en vez de avanzar con el DNU de Milei. “Si Posse o Caputo estaban ocupados por la reunión con (la reunión de este viernes con) los gobernadores, había 4 ó 5 funcionarios más que podrían haber venido”, destacó, antes de preguntar: ”¿Qué, todos tienen problemas de agenda?”.
Massot fue el autor de la moción de volver a citar a los funcionarios reclamados la semana pasada. Pidió hacerlo el martes, pero al final del debate se acordó hacerlo para el jueves próximo.
En lo que fue criticado por el kirchnerismo como una maniobra dilatoria más para favorecer al oficialismo, un grupo de legisladores había elevado una nota para analizar los más de 130 decretos de necesidad y urgencia que quedaron sin tratamiento desde el gobierno de Mauricio Macri y, en particular, los de la administración de Alberto Fernández.
El senador Mariano Recalde (Unión por la Patria) cuestionó el pedido y citó una serie de decretos de necesidad y urgencia inocuos en sus consecuencias jurídicas que quedaron sin tratamiento, como el que declaró el feriado nacional por los festejos por la obtención de la Copa Mundial de Fútbol. “No es que quieren tratar eso, sino que quieren dilatar”, remató el legislador ultrakirchnerista.
Las críticas y cuestionamientos de la oposición fueron rebatidos por el diputado libertario Nicolás Mayoraz, quien destacó la contradicción del kirchnerismo de impulsar iniciativas en la comisión al mismo tiempo que se reserva el derecho a iniciar acciones legales para impugnar la integración de la comisión bicameral decidida por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.
“Los derechos no se reservan, se ejercen. Presentaron un dictamen, están convalidando la comisión”, afirmó Mayoraz antes de destacar que sólo 24 de los 80 DNU dictados en el gobierno de Alberto Fernández fueron discutidos por la bicameral. “Decir que acá no se puede discutir más y que hay que ir directamente al recinto no tiene fundamento jurídico”, agregó.
El diputador Hernán Lombardi (Pro) avaló la postura del oficialismo y le recordó al kirchnerismo que mantuvo cerrada la comisión durante los últimos dos años. Además, refutó a Recalde al afirmar que “hay muchos DNU cuyos efectos persisten en el tiempo” y que siguen si discusión y citó el que convalidó el acuerdo con el Club de París, firmado en la última administración kirchnerista de Fernández. “No hay maniobra obstruccionista porque pueden ir al recinto cuando quieran y consigan las mayorías”, concluyó.
El radicalismo también manifestó su malestar por la ausencia de los funcionarios. “No hay que ser paranoico”, afirmó, en dirección a los legisladores de La Libertad Avanza, el diputado Francisco Monti. Y en réplica al krichnerismo, le recordó que llegaron a discutir 50 decretos en una sola reunión de la bicameral. “Ahora dicen que no se puede, que los plazos están vencidos”, remató.
