El fallo judicial tiene un impacto significativo, afectando a más de un millón de personas transferidas del esquema anterior denominado “Potenciar Trabajo”. Según la Resolución de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, 1.012.357 beneficiarios han sido trasladados al Programa Volver al Trabajo, y otros 260.911 han sido asignados al Programa de Acompañamiento Social, todos bajo la supervisión del Ministerio de Capital Humano. A través de un comunicado, se señaló que esta medida judicial limita, por el momento, la implementación de políticas de capacitación laboral y la extensión de la doble jornada escolar en comunidades vulnerables.
La decisión judicial se enmarca en el expediente colectivo “LEDESMA, ANDREA LILIANA Y OTROS c/ ESTADO NACIONAL – MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO s/AMPARO COLECTIVO”, lo que ha llevado a la administración de Javier Milei a autorizar el pago directo a los beneficiarios a través del Banco de la Nación Argentina.
El ministerio a cargo de Pettovello había indicado previamente que no se cuestionaría el pago del beneficio social, comentando: “Vamos a acatar lo que diga la Justicia, como hacemos siempre, aunque no estemos de acuerdo”. Esta declaración implica no solo aceptar la orden judicial, sino también continuar con una apelación para revertir la cautelar que impide el re direccionamiento presupuestario de dichos fondos.
El origen del conflicto se encuentra en el proceso de transformación de los programas de asistencia. El Programa Volver al Trabajo fue establecido en febrero de 2024 como reemplazo del esquema de inclusión laboral anterior, con el objetivo de fortalecer la capacitación y la inserción en el mercado laboral formal. Sin embargo, la medida cautelar ha interrumpido este proceso, manteniendo la transferencia directa sin requisitos, según informaron funcionarios consultados.
Desde la administración de La Libertad Avanza se ha afirmado que “esto es la perpetuidad del asistencialismo”, aludiendo a la obligación de continuar con el modelo anterior, visto como un obstáculo para avanzar hacia políticas activas que promuevan el empleo y la educación. El diagnóstico oficial sostiene que la persistencia de estos programas “cristaliza la pobreza”, dificultando una transición hacia mecanismos más efectivos.
