El Gobierno avanzará en la eliminación de otros dos organismos públicos, en sintonía con política de reducción de gastos que incluyó el desmantelamiento del INADI y la agencia estatal de noticias Télam: según adelantó el vocero presidencial, Manuel Adorni, el Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, y el Consejo Nacional de Agricultura Familiar dejarán de existir.
“Luego de una revisión de datos calamitosos, profundamente desoladores, este Instituto y el Consejo tenían 964 empleados; se va a transformar en una dirección en a que quedarán 64 empleados. Se van a reducir 900 puestos de no trabajo. Esto va a significar un ahorro de $9000 millones”, afirmó el funcionario nacional al inicio de su habitual conferencia de prensa.
Al momento de justificar la medida, que implementará el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, Adorni criticó “la fiesta que había del gasto público” y enumeró: “Tenía 160 delegaciones, dos sedes, una en Catamarca y otra en Santiago del Estero, y uno de cada tres empleados eran delegados. Tenían 204 vehículos y el 85% del presupuesto se dedicaba a pagar sueldos, casi una agencia de empleo político”.
Y completó: “Se transferían fondos discrecionales y actuaban organizaciones sociales y municipios. La ineficiencia de este organismo se refleja en que todavía no hemos recibido reclamos de productores ni trabajadores del campo”.
El Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena había sido creado por decreto (729/2022) durante la gestión de Alberto Fernández. Era un ente descentralizado, con autarquía económica y financiera, que estaba a cargo de Miguel Gómez, un dirigente del Movimiento Evita cercano a Emilio Pérsico, que ocupaba en ese tiempo el cargo de secretario de Agricultura Familiar.
Este anuncio tiene lugar, además, tras la denuncia contra Pérsico por “fraude a la administración pública” que realizó el ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, luego de detectar que la Oficina Anticorrupción había dictaminado en su contra en un expediente en el que se lo señala por ubicarse como “juez y parte” a la hora del reparto de fondos de ayuda social. Lo acusan de haber entregado partidas millonarias a organizaciones que él mismo dirigía.
