Sin embargo, este ambicioso proyecto incluye una propuesta inusual: reducir a dos períodos el mandato del Procurador General de la Nación, eliminando así la naturaleza vitalicia de su cargo. Aún no se ha determinado si estos períodos serán de 4, 5 o 6 años, según lo señalado por una fuente legislativa de alto rango.
El Presidente todavía evalúa si procederá con el nombramiento de los dos candidatos para la Corte Suprema en la segunda mitad del año o si postergará esta decisión para 2028, según afirmaron diversas fuentes del Poder Ejecutivo.
“Todavía no se ha tomado una decisión”, reconfirmaron desde el Congreso, en relación al futuro de la Corte.
En medio de esta incertidumbre, el juez Ricardo Lorenzetti se reunió hace tres meses con Javier Milei para insistir en la importancia de que las vacantes sean cubiertas por candidatos provenientes del Poder Judicial y no de la política. Según Lorenzetti, estos postulantes deberían ser de la justicia federal, dado que la Corte es de esta naturaleza y las últimas vacantes fueron ocupadas por candidatos de la justicia nacional.
Recientemente, han cobrado fuerza nombres como Mariano Borinsky, Karina Perilli y Agustina Díaz Cordero, así como María Ibarzabal Murphy, actual jefa de la Secretaría de Legal y Técnica y cercana a Santiago Caputo.
Simultáneamente, el Gobierno planea impulsar el debate sobre una ley que limite el mandato del Procurador General de la Nación. Actualmente, este cargo es vitalicio hasta los 75 años, al igual que el de los jueces.
Desde 2017, el puesto está vacante y es ocupado de manera provisional por el procurador adjunto, Eduardo Casal, que ha desempeñado su labor con eficiencia y discreción.
Desde el Gobierno consideran que la implementación del sistema acusatorio, que otorga a los fiscales la responsabilidad de investigar delitos, aumentará considerablemente los poderes del Procurador General. Entre sus funciones, este tiene la autoridad de supervisar y designar a los fiscales encargados de la acción penal.
“Es un poder considerable; la intención es evitar que sea vitalicio. Aún no se ha decidido si se planteará la opción de dos mandatos consecutivos de 4, 5 o 6 años”, comentó una fuente oficial vinculada al tema.
La reactivación de nombres para la Corte Suprema ha llevado a la oposición a revivir un antiguo proyecto de la senadora Carolina Moisés, que propone que el mandato del Procurador General sea de 8 años, con posibilidad de renovación por 4 años más. Se mantiene la necesidad de contar con los dos tercios de los votos del Senado para la designación.
Este proyecto ha comenzado a circular entre diversos ámbitos, siendo discutido en la Procuración General y en las interacciones políticas entre el Congreso y el sistema judicial. Ha devenido una parte clave en la negociación en torno al eventual candidato a Procurador, con las diferentes partes intentando presentar sus propias propuestas y considerando que moderar el poder del cargo podría facilitar un acuerdo.
El oficialismo en el Senado sostiene que, en este momento, las negociaciones priorizan la reforma política y la eliminación de las elecciones primarias, pero los diálogos sobre el futuro de la Justicia también se entrelazan en estas conversaciones. La asistencia de 13 gobernadores en la asunción de Diego Santilli no pasó desapercibida, interpretándose como un sólido respaldo a estas iniciativas.
Otra prioridad, explican las fuentes, es cubrir todas las vacantes judiciales antes de que finalice el año, proyectando llevar a tratamiento entre 20 y 30 pliegos por sesión cada vez que el Senado se reúna.
La primera sesión está programada para el 16 de julio, y para agosto están convocadas audiencias adicionales. Hasta el momento, cerca de 140 pliegos ya han sido enviados y el Gobierno planea remitir los 300 antes de que termine el año, según indicaron fuentes en el Senado y en el Ministerio de Justicia.
Esta semana se habilitó el envío de pliegos para cambiar la Cámara Federal, al haberse cumplido los plazos de impugnación, y se enviarán ahora al Senado. La renuncia de Manuel Adorni permite que se lleve a cabo la sesión sin el riesgo de que el asunto se convierta en un debate sobre la destitución.
Con respecto a la Cámara Federal, el Gobierno debe presentar los pliegos para cubrir las vacantes de los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, quienes fueron trasladados hace una década por el entonces presidente Mauricio Macri, aunque la Corte Suprema anuló esos traslados y ordenó convocar a concurso los cargos.
Los posibles candidatos que el Poder Ejecutivo propondrá al Senado incluyen a Pablo Yadarola, cercano al ministro Juan Bautista Mahiques, así como a Bertuzzi o a la fiscal Cecilia Incardona para una de las vacantes restantes. Esta decisión corresponde al ministro de Justicia y al Presidente.
El diseño de una nueva Cámara Federal se culmina en los planes del Gobierno con la creación de una tercera vacante, ya que el juez Martín Irurzun cumplirá 75 años el 18 de julio y su pliego no ha sido elevado para una reválida al Senado.
La aprobación de este concurso ha generado descontento en el juez Lorenzetti, no por los candidatos, sino porque junto a Carlos Rosenkrantz había propuesto modificar el reglamento de concursos para aumentar la transparencia en las designaciones, pero este asunto quedó estancado en el Consejo de la Magistratura, que está bajo la presidencia de Horacio Rosatti.
Lorenzetti y Rosenkrantz continuarán promoviendo estas reformas en el reglamento de selección de jueces y solicitarán un nuevo Código de Ética para magistrados, considerándolo una deuda pendiente de Argentina y un deber de la Corte.
La creación de la nueva Cámara Federal ya ha comenzado a suscitar debates en los tribunales, donde Mariano Llorens busca formar un grupo con coincidencias con Bertuzzi, Yadarola y Eduardo Farah, dejando aislado a Roberto Boico, quien recibió apoyo kirchnerista.
Las vacantes en Comodoro Py que deben ser ocupadas este año se completan con cuatro juzgados federales y otras cuatro en la Cámara de Casación Penal.
Hay un concurso ya ajustado para cubrir tres vacantes en la Cámara de Casación, que algunos jueces que no pasaron las evaluaciones desean que sea revisado por “asesores técnicos”.
El Consejo de la Magistratura está inmerso en otras problemáticas. Dado que varios mandatos de los consejeros, especialmente los de jueces y abogados, finalizan a fin de año, se está comenzando a pensar en estas elecciones.
El presidente de la Cámara de Casación, Diego Barroetaveña, ha manifestado su deseo de ser reelegido y ha presentado una medida cautelar. Aunque la ley del Consejo prohíbe la reelección, Barroetaveña argumenta que, según su interpretación, es posible.
Su candidatura ha ocasionado fricciones en la lista Bordó de la Asociación de Magistrados, que históricamente ha prevalecido en las elecciones judiciales. Por otro lado, el juez Andrés Basso, presidente de la Asociación y juez de un tribunal oral, también tiene sus propias aspiraciones. Esta interna ha generado divisiones entre los jueces que han dominado las elecciones en años recientes y que ahora controlan el Consejo Directivo.
La reelección de Barroetaveña cuenta con oposición desde el kirchnerismo; Vanesa Siley, Mariano Recalde y el diputado Rodolfo Tahilade enviaron una nota a Micaela Soledad Figueredo, secretaria de Asuntos Jurídicos del Consejo de la Magistratura, advirtiendo que Barroetaveña “pretende forzar” la ley y que su intención carece de fundamento normativo, contradice a la Corte y “viola” las reglas establecidas.
También hubo resistencia desde otros sectores, como María Eugenia Talerico, de Será Justicia, y la cuestión tampoco es bien recibida en la Corte Suprema.
