El espionaje ilegal no genera asombro en los pasillos de Comodoro Py 2002 donde está la sede de la Justicia Federal. Los jueces federales conocen esas prácticas, y les generan escozor, fueron víctimas de maniobras similares, fueron investigadores de esas maniobras y hasta sufrieron los aprietes de esos servicios. Es que siempre los servicios de inteligencia sobrevolaron los juzgados federales, en ocasiones para colaborar con las investigaciones judiciales y en otras como protagonistas de sonoros carpetazos para incidir en alguna decisión judicial.
El hecho del expolicía y agente inorgánico de la AFI Ariel Zanchetta haya generado 1196 informes de inteligencia por encargo de agentes de la AFI en actividad y de al menos un funcionario del Gobierno, no es novedoso entre los jueces y fiscales que conversaron, aunque todos destacaron el “descontrol de los servicios de inteligencia”, que revela la existencia de este detenido y sus clientes. Miran, entre otros responsables, a la Comisión Bicameral de Control de Organismos de Inteligencia y a la propia AFI.
En Comodoro Py 2002 tramita en el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi, el mismo que mantiene preso a Zanchetta, otra causa que parece un espejo de esta. Son las actividades de inteligencia de un grupo de policías de la Ciudad, que trabajaban en conjunto con funcionarios de la AFI macrista para obtener información que vendían a otros agentes y a particulares. La maniobra tenía una cobertura política o judicial.
En la causa de Zanchetta, la cobertura política se la daban los funcionarios que recibían esa información. Fabián “Conu” Rodríguez gestionó un pago para el expolicía y el diputado Rodolfo Tailhade, intercambió mensajes donde el expolicía le ofreció datos, que el legislador dice que no requirió ni admitió.
A la hora de analizar estos dos casos en espejo, el del espionaje que se inició en Lomas de Zamora y el de Zanchetta, en ambos se verifica la misma idea de que la explosión de la AFI o su desarticulación determinó la diseminación de centenares de espías cuentapropistas que ofrecen su experiencia al mejor postor: funcionarios o privados.
No hace falta mucho esfuerzo para que vengan a la memoria los secuestros extorsivos de la banda de Aníbal Gordon, mano de obra desocupada de la dictadura, recordó un camarista.
Un juez federal habló de que tras las desarticulación de la AFI quedaron unos 1100 agentes dispuestos a trabajar a quien le pague por sus servicios. “Es una inteligencia paraoficial”, estableció un camaristas al que le gusta crear categorías que expliquen diversos fenómenos sociales.
Los funcionarios judiciales consultados, lejos de estar preocupados, celebraban la aparición de Tailhade en los chats. “Hoy hablé con diez de mis colegas y no había ninguna que no estuviera chocho”, se sinceró un camarista. El diputado nacional del kirchnerismo no colecciona amigos en los tribunales federales de Comodoro Py. Muchos de ellos guardan con “cariño” sus tuits.
Y el otro dato que destacaron los jueces es que más que mirar a Zanchetta, el personaje a poner bajo la lupa ahora es “Conu” Rodríguez y las 13 computadoras que les secuestraron en su casa. Muchos se preguntan por qué no fue detenido, como si lo fue Zanchetta. Y se responden sacando cuentas con el calendario electoral en la mano.
En las computadoras de Rodríguez fantasean que puede haber información vinculada con operaciones políticas de La Cámpora y Máximo Kirchner. Ilusiones. Todos colocan al universo kirchnerista como el más perjudicado por esta investigación. Y con malicia dicen que el juez Martínez de Giorgi, que sufrió en carne propia el poder de persuasión del espionaje, ya abandonó la esperanza de que su esposa, Ana María Cristina Juan, logre que su pliego como jueza federal de Hurlingham sea aprobado con este Gobierno.
Mas allá del análisis jurídico y social sobre la explosión de las instituciones y sus consecuencias, los funcionarios judiciales también hacen análisis políticos y creen que Sergio Massa quedó parado como victima de esta maniobras de espionaje, al igual que Javier Milei.
Los jueces, no sin malicia, observaron cómo el caso Zanchetta se precipitó con los allanamientos a “Conu” Rodríguez la misma semana en que la Comisión de Juicio Político debía tratar los descargos de los jueces de la Corte ante las acusaciones que les lanzó el kirchnerismo. “Marcelo hace años que está en esto y advirtió el impacto favorable que tenía esta causa para la Corte”, dijo un colega del juez federal.
La explosión del caso Zanchetta tuvo dos consecuencias sobre la Comisión de Juicio Político: por un lado, los chats de Lago Escondido que sustentaban parte de las acusaciones, quedaron ratificados como ilegal producto del espionaje; y por el otro, uno de los principales acusadores de los jueces, Rodolfo Tailhade, quedó alcanzado por la causa al punto de que la oposición reclama su desafuero.
