La adhesión al PCT, un acuerdo internacional sobre patentes que ha estado pendiente durante más de 50 años, representa uno de los compromisos incluidos en el acuerdo comercial firmado entre Argentina y Estados Unidos. Este tratado ya cuenta con media sanción del Senado y con un dictamen favorable de la Cámara de Diputados desde el 12 de mayo, pero la situación en Estados Unidos y la intención de introducir cambios en la Cámara Baja han demorado el proceso.
Una fuente del Ministerio de Desregulación, encabezado por Federico Sturzenegger, afirmó: “Estados Unidos concluyó sus investigaciones por la sección 301 (distorsiones al comercio), y como resultado impusieron un arancel del 10% sobre Argentina, tal y como se había acordado”.
“El anuncio fue publicado en el Federal Register durante 30 días para comentarios, y luego se oficializará. Esto debería ocurrir a finales de este mes y aplicarse desde principios de agosto, de confirmarse el marco arancelario acordado”, añadió la fuente consultada. Esta definición permitiría avanzar en la discusión legislativa local.
El desafío en Estados Unidos está relacionado con el debate legal sobre los límites del Ejecutivo para establecer aranceles, ya que el gobierno de Donald Trump enfrenta dos fallos en su contra. No obstante, desde la administración argentina indican que “bajo cualquier esquema legal, siempre tendremos un arancel del 10%, mientras que Brasil, por ejemplo, ha llegado a tener un 50% y ahora tendrá un 37.5%”.
Con el dictamen ya firmado, el sector liberal planea llevar el tema al recinto, algo que había sido detenido inicialmente por el debate en el país del norte, y que luego se vio frustrado por la posibilidad de que se habilitara una interpelación al exjefe de gabinete Manuel Adorni. Sin embargo, se espera que se introduzcan modificaciones.
El proyecto cuenta con el respaldo de las multinacionales, siendo la AMCHAM su principal referente, mientras que enfrenta la oposición de laboratorios locales agrupados en CILFA. Estos últimos argumentan que el impacto significativo de este acuerdo, que en la práctica implica una apertura, afectaría sobre todo a la industria agropecuaria, especialmente en lo que respecta a la innovación en semillas, y a la farmacéutica, en relación con la creación de nuevos medicamentos.
En esta discusión, donde confluyen los lobbies locales y los internacionales, el despacho mayoritario, que obtuvo 57 firmas, logró este respaldo al incorporar una reserva en el Capítulo II, el más delicado, el que se refiere a la industria farmacéutica.
El eje de la controversia es el rol del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI). El acuerdo con Estados Unidos, de alguna manera, reduce la función del organismo argentino responsable de las patentes, dado que, si su contraparte estadounidense aprueba ciertos procesos, ya no sería necesaria la aprobación local. Esta perspectiva es especialmente sensible para la industria farmacéutica argentina, que busca preservar la relevancia del INPI.
Entre las reservas asociadas al dictamen, se incluyó la posibilidad de utilizar informes técnicos no vinculantes de oficinas extranjeras para la evaluación de nuevos medicamentos, lo cual, según CILFA, podría influir en las decisiones nacionales y facilitar la aprobación de patentes que hoy son rechazadas en el país.
Aunque el Gobierno nacional busca una rápida aprobación de este acuerdo, es evidente que si La Libertad Avanza logra llevar el tema al recinto de la Cámara de Diputados y obtiene una aprobación, el proyecto sufrirá cambios y deberá regresar al Senado para que se apruebe el texto original o el modificado.
