El caso Vialidad fue dividido en tres tramos durante la etapa de instrucción. El 6 de diciembre de 2022, el TOF 2, compuesto por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso, emitió una sentencia condenatoria que involucró a Cristina, Lázaro Báez, José López, Nelson Periotti y otros cinco imputados. Este fallo adquirió firmeza en junio del año pasado, tras el rechazo de todos los recursos de las defensas por parte de la Corte Suprema de Justicia.
Actualmente, el juicio se centra en el segundo tramo del expediente Vialidad II, que incluye a Martín Báez (el hijo mayor del empresario), Julio Mendoza (ex presidente de la constructora), Fernando Butti (ex contador) y Sandro Férgola, exfuncionario de Vialidad que tenía la responsabilidad de supervisar a Báez.
El hijo de Báez y el excontador de Austral Construcciones firmaron un acuerdo de juicio abreviado, reconociendo su culpabilidad en la etapa de instrucción.
En la jornada del jueves, el TOF 2 tenía programado iniciar el juicio por Vialidad II. Férgola debía presentarse, pero llegó sin sus abogados defensores, Arce y Labombarda, quienes se encontraban en otra audiencia en Comodoro Py. En la Sala Auditorium, a las 9 de la mañana, el TOF 7 daba inicio a una nueva audiencia del juicio por los Cuadernos de las Coimas, en un formato mixto que combinaba participación presencial y remota.
La superposición de audiencias es común cuando una persona enfrenta múltiples procesos penales. Sin embargo, el TOF 2 había instruido a la defensa de Férgola, diez días antes, para que designaran un abogado sustituto, lo que no fue cumplido, lo que llevó a la suspensión de la audiencia. Según el tribunal, “no estaban dadas las garantías procesales”, dado que un imputado debe estar debidamente representado legalmente.
Se destacó que, en el caso de los Cuadernos, estaban declarando testigos de la fiscalía y no de la defensa de Férgola, y que generalmente no asisten de forma presencial salvo en el momento de la indagatoria. La actuación de los abogados fue considerada como una “provocación, una afrenta al Tribunal”, lo que generará una respuesta por parte de los magistrados.
El tribunal explicó a los letrados que podrían designar un sustituto hasta septiembre, mes en el que el TOF 2 podría modificar los días de audiencia para evitar conflictos con el juicio de Cuadernos.
Una fuente judicial señaló que, dado que hay dos defensores, “uno podría haber estado en Cuadernos y el otro en Vialidad II”, a modo de ejemplificar con el caso de Julio De Vido, cuyas defensas se distribuyeron durante superposiciones en los juicios de Skanska y Odebrecht.
Sin embargo, otra fuente del tribunal expresó que los defensores de Férgola adoptaron una postura inflexible, presumiblemente con la intención de obstaculizar el inicio del juicio. Fuentes judiciales informaron que, durante los años que el TOF 2 ha dirigido juicios, jamás se había registrado una situación similar.
Durante la audiencia en la Sala SUM de Comodoro Py, el fiscal Luciani tomó la palabra, señalando que la situación ya había sido comunicada al Tribunal por el doctor Arce, y que lo ocurrido equivale a un desdén hacia la decisión del Tribunal, ya que la cuestión había sido resuelta previamente y se había presentado un recurso de reposición al respecto.
El representante del Ministerio Público afirmó que esto es una situación “previsible y conocida” para los abogados involucrados, y solicitó que se tomaran testimonios por esta conducta, considerando que constituye un incumplimiento a lo que estableció el Tribunal, especialmente porque el Código Procesal Penal permite la designación de un abogado sustituto.
Luciani también planteó que la situación resulta en una “postergación del inicio del juicio”, a lo que la abogada Teich, en representación de la Unidad de Información Financiera, adhirió completamente a la postura del Ministerio Público.
La audiencia fue cerrada a las 9.44 de la mañana, y el juicio se reprogramará para el 6 de agosto, tras la pausa judicial de invierno.
Fuentes del sistema judicial enfatizaron que “un servicio de justicia eficiente y de calidad requiere el compromiso de jueces, fiscales y también de los abogados. Estos comportamientos que desafían la autoridad del Tribunal obstaculizan la celeridad necesaria en casos de gran corrupción que han perjudicado gravemente a la sociedad argentina”.
Luciani y su par Sergio Mola advirtieron que “no se tolerarán las dilaciones ni las chicanas que afecten el debido proceso”.
Durante la etapa de instrucción, el juez Julián Ercolini y los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques determinaron que los expedientes de obra pública vinculados a las empresas de Báez, financiados con recursos del Estado Nacional, mostraron diversas irregularidades con relevancia penal, reflejando abusos y anomalías en la contratación a lo largo del tiempo y durante una misma gestión gubernamental.
El análisis de 51 contratos por un total de 46.000 millones de pesos que recibió el Grupo Austral durante la administración kirchnerista reveló que las acciones u omisiones comportaban un beneficio para las empresas asociadas a Lázaro Báez, lo que a su vez generaba un perjuicio económico para el Estado Nacional. La estimación actual del fraude al Estado asciende a 685.000 millones de pesos.
En este debate, aplazado por la actuación de los defensores de Férgola, también estarán presentes Gustavo Gentili y Fernando Abrate, quienes decidieron no firmar el acuerdo de juicio abreviado.
El tramo del juicio a analizar se vincula a los diversos trámites administrativos que llevaron a la adjudicación de obras al grupo Báez y a las irregularidades en estos procesos, como la participación de varias empresas de Lázaro en una misma licitación; la asignación de obras por encima de su capacidad y disponibilidad de equipos, y la inusual rapidez en la tramitación de los expedientes de obra, entre otros.
Esto permitió que Austral Construcciones, de la cual Martín Báez posee un 5% de las acciones, se convirtiera en la principal beneficiaria de los contratos viales en la provincia de Santa Cruz.
