Las negociaciones entre Ciudad y Nación por el traslado de presos y de competencias penitenciarias siguen su curso hacia lo que parecería ser un final auspicioso luego de años de discusiones entre las diversas administraciones que transitaron por ambos gobiernos. Luego de haberse empantanado durante el período electoral, las partes ultiman detalles para rubricar el convenio. Mientras tanto, el ministro de Justicia, Gabino Tapia, prepara el terreno para el día después: este martes expondrá sobre el proyecto para crear el nuevo Sistema Penitenciario local. El objetivo es preparar la infraestructura para cuando se concrete el acuerdo.
Pasada la batalla electoral que culminó con la victoria libertaria, y el distanciamiento de Javier Milei y Jorge Macri, se reactivaron las mesas de discusión entre CABA y el Gobierno nacional, pero con nuevos interlocutores. El Ministerio de Seguridad porteño, a cargo de Horacio Giménez, se sumó al diálogo que hasta ahora encabezaban Tapia y los representantes de la cartera de Seguridad nacional de Patricia Bullrich. Y luego de idas y vueltas, Nación le acercó un borrador a Giménez, que ahora está siendo evaluado en detalle.
El convenio incluiría el traslado de detenidos y las gestiones del traspaso de las competencias penitenciarias de la órbita nacional hacia el ámbito porteño. “Más temprano que tarde debería firmarse el convenio. Se está analizando la letra chica. Estamos avanzando”, manifestaron fuentes con conocimiento del tema. La firma del acuerdo conllevaría la transferencia de las instalaciones y de personal, pero también de fondos, uno de los reclamos del Ejecutivo porteño.
Hasta llegar a este punto, las discusiones transitaron por caminos sinuosos, que incluyó apretones de manos pero también desplantes y duras acusaciones. En diciembre del año pasado, Macri y Bullrich rubricaron el acuerdo para la transferencia de las competencias del SPF al área porteña, enfocado en aquellos delitos que no son federales. ”Esto implica que quienes cometan delitos en nuestra jurisdicción estarán bajo custodia de personal penitenciario especializado y serán responsabilidad de la Ciudad”, celebró el alcalde, mientras que la ministra consideró que era poner fin a “una deuda” con CABA. Pese a ello, el traspaso no avanzó.
Mismo caso ocurrió con el traslado de detenidos. A mediados de febrero, el jefe de Gobierno porteño y la ministra acordaron públicamente sentar las bases para comenzar a traspasar presos a cárceles federales, ante las constantes fugas que en aquel momento tenían lugar. Una semana después, un habeas corpus presentado con antelación por CABA derivó en una resolución judicial que le exigió al Ejecutivo nacional que trasladara “inmediatamente” a los detenidos, cuenten “con sentencia firme o no”. Bullrich acusó a Macri de no obrar “con buena fe” y, una vez más, se frenaron las negociaciones.
En aquel entonces, la administración porteña dio a conocer que había cerca de 411 detenidos que cumplían con los requisitos de traslado “inminente” determinados por la Justicia. Además, enfatizaron que, ante la saturación del sistema, más de 3000 efectivos policiales se encuentran destinados a cuidar a los presos, una porción de los cuales deberían estar cumpliendo funciones en las calles. El traslado de detenidos y de competencias del SPF suponía una urgencia para el Ejecutivo porteño, afectado por las reiteradas fugas en las alcaidías.
Pasada la temporada electoral, todo parece indicar que Ciudad y Nación están más cerca que nunca de lograr un convenio definitivo, el cual incluiría también el traspaso de la cárcel federal de Villa Devoto a la órbita porteña. Los presos que están alojados allí actualmente, pasarían al Nuevo Centro Penitenciario Federal VII de Marcos Paz cuando este terminada. La fecha estimada de finalización es diciembre del 2025. También se derivarían al nuevo penal a detenidos en comisarías y alcaidías, lo que permitiría descomprimir la sobrepoblación actual.
Gabino Tapia se presenta en la Legislatura para explicar el proyecto penitenciario
En todo este tiempo, además de insistir a Nación por el traspaso, en el gobierno de Macri analizaron planes alternativos para mejorar el sistema carcelario porteño. Muerta de ello es el proyecto que Gabino Tapia impulsará este martes a las 11 en la Legislatura: la creación del Servicio Penitenciario propio. Según indicaron fuentes del Gobierno porteño a este medio, el objetivo es tener una estructura armada para que, llegado el momento, se pueda concretar sin demoras. Desde CABA buscan preparar el terreno.
El encuentro se llevará a cabo en la Comisiones de Asuntos Constitucionales y de Seguridad y promete generar chispazos entre el oficialismo, que llevará su propio proyecto, y las bancadas de la oposición, desde donde intentarán impulsar iniciativas de autoría propia. Tal será el caso de la libertaria Rebeca Fleitas y los peronistas Matías Barroetaveña, Graciana Peñafort y Claudio Ferreño, que llevarán sus proyectos al convite.
El texto que presentará Tapia fue presentado por el Ejecutivo en marzo y propone crear e instaurar el Sistema Penitenciario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires local “como institución civil armada, jerarquizada y depositaria de la fuerza pública del Estado en el ámbito de la Ciudad”, que actúe “como auxiliar permanente de la administración de justicia” y forme parte del Sistema Integral de Seguridad Pública.
La estructura tendrá como objetivo -en caso de aprobarse la ley- la “custodia y guarda de detenidos, imputados y condenados, que se encuentren alojados en establecimientos penitenciarios de la Ciudad” y que estén “sometidos a ejecución de penas privativas de la libertad” y a disposición del sistema judicial porteño. Entre sus objetivos figuran “procurar que durante la ejecución de dichas penas el condenado adquiera la capacidad de comprender y respetar la Ley”, además de posibilitar “su reinserción social”, tal como indican la Constitución Nacional y su contraparte de la Ciudad, además de organismos y normas internacionales.
El Sistema Penitenciario de la CABA dependerá del Poder Ejecutivo por lo cual su gestión será ejercida por las autoridades civiles que ocupen los cargos administrativos del Gobierno porteño, a través del Ministerio de Justicia. El Instituto Superior de Seguridad Pública se constituirá como “órgano rector de la formación y capacitación continua y permanente” de quienes integren el Sistema Penitenciario.
El proyecto, enviado al Palacio Legislativo en marzo, propone también habilitar la gestión privada de los establecimientos carcelarios, bajo control público. “Las personas jurídicas de derecho privado podrán construir y/o administrar establecimientos penitenciarios, previa autorización del Ministerio de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el que fijará los requisitos específicos para su construcción y gestión”, señala uno de los apartados. Los establecimientos “formarán parte del Sistema Penitenciario de la Ciudad y estarán sometidos a los principios y demás regulaciones establecidos en la presente Ley, y en la Ley de Ejecución de las Penas Privativas de la Libertad”.
Por lo pronto, el texto no tiene fecha de tratamiento en el recinto porteño. Sin embargo, la presentación de Tapia es un indicio los deseos del oficialismo de acelerar las discusiones con el resto de los bloques para que pueda ser tratado en el corto plazo, previo al recambio de la Legislatura en diciembre, cuando el PRO pierda influencia sobre en la cámara respecto a las bancadas del peronismo y La Libertad Avanza.
