En un gesto diplomático clave, el Gobierno de los Estados Unidos formalizó ante la Justicia su respaldo a la Argentina en la causa por la expropiación de YPF, una disputa judicial que lleva más de una década y que representa una de las herencias más costosas del kirchnerismo. El apoyo provino directamente del Departamento de Justicia norteamericano, que se presentó como amicus curiae (amigo del tribunal) ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Distrito de Nueva York.
La administración norteamericana pidió expresamente que se suspenda la orden que obligaba al Estado argentino a transferir las acciones de la petrolera a los demandantes, mientras se resuelve la apelación presentada por el país. Esa orden había sido emitida por la jueza Loretta Preska en junio del año pasado.
«No se trata de un respaldo menor ni debe ser naturalizado», expresó la Procuración del Tesoro de la Nación, encabezada por Santiago Castro Videla. El funcionario remarcó que el aval judicial norteamericano contrasta con lo ocurrido en 2019, cuando, bajo las presidencias de Mauricio Macri y Donald Trump, Estados Unidos había adoptado una postura contraria. Hoy, con una política exterior sólida y coordinada por la administración de Javier Milei, el país consiguió el respaldo de tres gobiernos estadounidenses distintos, el de Joe Biden y los dos de Trump.
La Procuración señaló que este cambio de posición responde a una política exterior coherente, orientada a la defensa del interés nacional. También destacó la calidad jurídica de las presentaciones del Estado argentino, que logró torcer una tradición desfavorable en los tribunales de Nueva York.
Un importante gesto diplomático
La posición de Estados Unidos no es vinculante, pero sí representa una señal potente ante la Justicia y los mercados internacionales. De hecho, el propio Departamento de Justicia había respaldado la postura argentina ya en noviembre de 2024, durante la presidencia de Biden, al advertir que la entrega de acciones sin resolución definitiva podía significar un daño irreparable para la Argentina.
En su presentación, los fiscales estadounidenses advirtieron que si se ejecuta la sentencia y se transfieren las acciones de YPF a los fondos litigantes, el Estado argentino podría perder el derecho a recuperarlas incluso si triunfa en la apelación. Además, consideraron que exigir una fianza en el marco de la apelación obligaría al país a disponer de activos en Estados Unidos que podrían embargarse en el futuro.
«El caso plantea un interés profundo del Gobierno norteamericano en la correcta aplicación de los principios de inmunidad soberana extranjera conforme a la Foreign Sovereign Immunities Act de 1976», explicaron los fiscales Jay Clayton y Sean Buckley. Agregaron que el cumplimiento irrestricto de estos principios tiene consecuencias directas para las relaciones exteriores de Estados Unidos, dado que podrían afectar el trato recíproco que ese país recibe en tribunales extranjeros.
En el mismo sentido, remarcaron que una suspensión de la sentencia no perjudicaría a los demandantes, ya que la Argentina mantiene en su poder las acciones de YPF y no podría venderlas sin la debida autorización legislativa.
Una pesada herencia
El juicio por YPF expone una de las maniobras más cuestionadas del kirchnerismo: la expropiación sin pago previo a la empresa Repsol y la oscura participación del fondo Burford Capital, que luego compró derechos de litigio y obtuvo un fallo favorable en 2023 por más de 16.000 millones de dólares. La defensa argentina, encabezada por la actual administración, apunta a demostrar que se trató de una maniobra especulativa sin sustento legal firme, que además tuvo filtraciones internas que hoy están bajo investigación.
En este contexto, el respaldo del Departamento de Justicia norteamericano fortalece la posición del Gobierno argentino en un proceso complejo, con enormes implicancias económicas y diplomáticas. En contraste con la pasividad y opacidad del pasado, hoy el país muestra una estrategia jurídica activa, respaldada por potencias internacionales.
