Siete policías de la Policía de Santa Fe fueron formalmente imputados el pasado fin de semana por haber robado 76.900 dólares en un procedimiento en la zona sur de Rosario.
Los policías en cuestión, según la acusación en su contra, debían corroborar el domicilio y el estado de salud de una pareja, tras una denuncia de paradero motivada por un episodio de salud mental.
De esta manera, aprovecharon el procedimiento para quitarle el dinero de sus ahorros personales a un pariente de la pareja.
De los acusados, el subjefe de la Comisaría 15°, Darío Carrillo, quedó bajo prisión preventiva efectiva hasta el 26 de julio;: la agente Andrea González quedó bajo arresto domiciliario hasta la misma fecha. Los otros uniformados quedaron en libertad bajo el pago de una fianza de $500 mil.
Ante el juez Rodrigo Santana, el fiscal explicó que un policía usó parte de los dólares sustraídos para comprar una embarcación mientras que otra agente utilizó los billetes verdes para pagar una fiesta de cumpleaños.
Caterina aseveró que el grupo de policías amenazó a un adolescente que estaba en la casa donde se realizó el procedimiento, colocaron nombres falsos de testigos del operativo y argumentaron ante la familia en cuestión que se trataba de un allanamiento por una supuesta causa por lavado de dinero del condenado jefe narco Esteban Lindor Alvarado, motivo por el que debían incautar los dólares.
Una vez que culminó el operativo, el dueño de los dólares se presentó en el Ministerio Público de la Acusación para preguntar si le iban a devolver el dinero que le habían incautado en la casa. Al revisar las actuaciones, las autoridades respondieron que los $220 mil que se habían encontrado en el procedimiento habían sido regresados. Sin embargo, ese familiar insistió que faltaba el grueso de la plata: 77 mil dólares.
Ante esa situación, el fiscal Caterina inició una investigación de oficio de manera sigilosa y durante un mes y medio libró una serie de medidas para determinar las inconsistencias en el accionar de los policías que habían llegado a la casa de la zona sur.
La acusación para Carrillo, González, Romina Acosta, Brenda Alderete, Joaquín Gerominez, Marcelo Gómez y Amilcar Madera fue por los delitos de hurto doblemente calificado, por aprovechamiento de un infortunio particular del damnificado y por ser miembros de las fuerzas de seguridad, y falsedad ideológica, en carácter de coautores en concurso real.
En el caso de González, la agente también fue imputada por encubrimiento agravado por ánimo de lucro y por condición de funcionaria pública. En tanto, la situación judicial de Carrillo se vio agravada porque le encontraron en su casa varios dólares, que se investiga si era parte del botín robado, y una pistola sin la documentación correspondiente.
Los hijos menores de edad de la pareja quedaron a resguardo de un pariente, mientras que su padre y madre fueron derivados a un tratamiento psiquiátrico que al día de hoy continúa, de acuerdo a lo manifestado por investigadores policiales.
