Entre las primeras medidas, Ochoa pidió informes a la Dirección Nacional de Migraciones para reconstruir las circunstancias en las que Bolsonaro atravesó territorio argentino durante la noche del martes 27 de octubre. Uno de los puntos centrales es establecer si se incumplió la normativa migratoria por una eventual omisión de informar antecedentes penales, condenas o requerimientos judiciales que pudieran afectar sus condiciones de ingreso al país.
La denuncia se presentó luego de que el dirigente brasileño cruzara la frontera desde Brasil hacia Puerto Iguazú, en Misiones, y abordara un avión privado con destino a Estados Unidos, pese a que la Justicia brasileña le había prohibido salir del territorio nacional.
La causa quedó radicada en el juzgado federal de María Eugenia Capuchetti y se inició a partir de una presentación del dirigente del Partido Obrero Gabriel Solano. En paralelo, el diputado nacional Esteban Paulón impulsó otra denuncia, que fue asignada inicialmente al juzgado de Daniel Rafecas.
De esta manera, al menos tres denuncias judiciales buscan esclarecer las circunstancias del paso de Bolsonaro por la Argentina. Una tercera investigación se tramita en los tribunales federales de Puerto Iguazú, donde el fiscal federal Fabián Martínez solicitó informes a distintos organismos oficiales para determinar cómo ingresó el dirigente al país y si existía algún impedimento legal para cruzar la frontera.
Ese expediente se inició a partir de una denuncia de la diputada nacional Marcela Pagano, quien cuestionó los controles migratorios y pidió que se aclarara cómo se desarrolló el tránsito de Bolsonaro y su familia por territorio argentino.
Entre las medidas solicitadas figuran la preservación de las grabaciones de las cámaras de seguridad del puente internacional Tancredo Neves y del aeropuerto de Puerto Iguazú. También se requirieron los planes de vuelo, los registros de pasajeros y el contrato del servicio de transporte aéreo utilizado.
Los investigadores buscan determinar si se cometieron delitos vinculados con el tránsito de personas o si hubo incumplimientos de los deberes de los funcionarios que intervinieron en los controles. Otro de los aspectos bajo análisis es si las restricciones judiciales dispuestas en Brasil tenían algún efecto sobre la posibilidad de que Bolsonaro ingresara a la Argentina.
Según los registros oficiales de Migraciones, el dirigente brasileño ingresó al país a las 22.50 del martes 27 de octubre junto con su esposa, Fernanda Antunes Figueira, y sus dos hijas, Carolina y Luiza. Los cuatro cruzaron el puente internacional Tancredo Neves, que conecta Foz do Iguaçu, en Brasil, con Puerto Iguazú.
El organismo informó que la familia presentó documentación válida y que no registraba impedimentos legales para ingresar a la Argentina. A las 23.30, abordaron un avión privado de la empresa Baires Fly. La aeronave partió durante la madrugada del miércoles rumbo a Guayaquil, Ecuador, antes de continuar su recorrido hacia Miami, Estados Unidos.
De acuerdo con la información incorporada a la reconstrucción del caso, Bolsonaro habría ingresado a la Argentina con su documento brasileño y salido con su pasaporte italiano. El dirigente cuenta con ciudadanía italiana desde 2023, y la cancelación de sus documentos brasileños no implicaba automáticamente la invalidez de su pasaporte europeo.
Además, no tenía una orden de captura internacional ni una alerta de Interpol que obligara a las autoridades argentinas a detenerlo. Estos elementos forman parte del análisis sobre las condiciones en las que pudo atravesar la frontera, aunque las denuncias buscan establecer si existieron otras irregularidades durante el procedimiento.
La salida de Bolsonaro se produjo después de que el juez Alexandre de Moraes, integrante del Supremo Tribunal Federal de Brasil, ordenara la entrega de sus pasaportes y le prohibiera abandonar el territorio brasileño. La resolución se dictó en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero que también involucra al abogado Willer Tomaz. Tanto Bolsonaro como Tomaz rechazan las acusaciones.
La medida judicial se conoció después de que Bolsonaro perdiera el balotaje presidencial del domingo 25 de octubre frente a Luiz Inácio Lula da Silva. Aunque inicialmente había anunciado que cumpliría la orden judicial, no entregó sus documentos dentro del plazo establecido.
Ahora, las distintas investigaciones deberán determinar si hubo irregularidades en los controles migratorios argentinos y si corresponde atribuir responsabilidades a funcionarios nacionales. Por el momento, las presentaciones judiciales se encuentran en etapa preliminar y las medidas solicitadas apuntan a reconstruir el recorrido de Bolsonaro y establecer las condiciones legales de su ingreso y salida del país.
