A través de una publicación en redes sociales, la dirigente de la Coalición Cívica sostuvo que la administración nacional podría estar ocultando información relacionada con una eventual salida de capitales o problemas para afrontar los vencimientos de deuda de corto plazo. Además, advirtió sobre la magnitud de la recesión y señaló que algunas características del contexto actual le recuerdan experiencias económicas del pasado.
Las declaraciones se suman a los cuestionamientos que la dirigente había formulado a comienzos de octubre contra el mandatario, a quien denunció por presunto abuso de autoridad y por ejercer violencia de género, mediática, digital e institucional contra una periodista, luego de una serie de publicaciones ofensivas difundidas por el Presidente en redes sociales.
Los mensajes presidenciales habían surgido a raíz de comentarios de la periodista sobre la posibilidad de que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner volviera a competir electoralmente. En ese contexto, Milei compartió contenido difundido por una cuenta cercana al oficialismo y publicó expresiones descalificadoras contra el periodismo y, en particular, contra la comunicadora.
En otras intervenciones, el jefe de Estado volvió a dirigirle insultos personales y cuestionamientos por sus posiciones políticas, en una secuencia que motivó la presentación judicial.
En su denuncia, Carrió sostuvo que las expresiones presidenciales promovieron un ataque de carácter misógino y consideró que el lenguaje utilizado resultaba incompatible con la responsabilidad institucional del cargo. También argumentó que la exposición y la influencia del Presidente amplifican el alcance de sus declaraciones y sus posibles consecuencias.
La dirigente planteó, además, que la conducta pública del mandatario no puede analizarse al margen de su función institucional y cuestionó el uso de su posición para dirigir ataques contra una periodista. En ese marco, solicitó la intervención de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres, dependiente del Ministerio Público Fiscal de la Nación, para que evalúe si existen responsabilidades penales.
