La huelga incluirá una movilización hacia el Congreso a partir de las 13:30. ATE anunció que garantizará guardias mínimas en hospitales y la atención de urgencias en determinados centros de salud. Sin embargo, la protesta podría afectar los servicios de organismos como Migraciones, Senasa, ANSES, PAMI, la CNRT y la ANAC. En las dependencias provinciales y municipales, el alcance de la medida dependerá de las decisiones que adopte cada jurisdicción.
La jornada de protesta se desarrollará en paralelo a las discusiones por el Presupuesto 2027, que contempla una partida de $7,5 billones para el sistema universitario. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), en cambio, reclama cerca de $11 billones, una diferencia de aproximadamente el 32% respecto de los recursos previstos por el Ejecutivo.
Rectores, docentes y trabajadores no docentes sostienen que la propuesta oficial resulta insuficiente para cumplir con las obligaciones establecidas en la Ley de Financiamiento Universitario y con las resoluciones judiciales vigentes. Por eso, reclaman que la norma sea incorporada plenamente al cálculo presupuestario del próximo año.
El Gobierno reconoció que evalúa incrementar los fondos destinados a las universidades, aunque descartó llegar al monto solicitado por el CIN. La intención oficial es alcanzar un entendimiento que permita resolver el conflicto antes de 2027, sin comprometer el equilibrio fiscal. Para ello, plantea financiar eventuales mejoras mediante reasignaciones presupuestarias o recursos disponibles.
Las negociaciones también incluyen cuestiones impositivas y previsionales vinculadas con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), además del esquema de contribuciones patronales de las universidades nacionales. El régimen establece una alícuota del 13,65% para 2026, que subirá al 14,52% en 2027 y continuará aumentando progresivamente hasta alcanzar el 17,13% en 2030. En el ámbito universitario se confirmó que una eventual modificación de este esquema forma parte de las conversaciones, aunque todavía no existe un acuerdo.
El conflicto también tiene un frente judicial. El juez Martín Cormick declaró inconstitucional la cláusula del Decreto 759/2025 que condicionaba la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario a la disponibilidad de recursos presupuestarios y ordenó cumplir con la norma. El Poder Ejecutivo apeló la decisión y sostiene que avanzó parcialmente en las obligaciones relacionadas con los salarios y los gastos de funcionamiento.
En junio, el Ministerio de Capital Humano alcanzó un acuerdo con el CIN y los gremios universitarios que contempló una recomposición salarial del 24,33%, una actualización del 20% para los gastos de funcionamiento y un refuerzo de $50.000 millones para hospitales universitarios. También se estableció un aumento del 50% en las becas Manuel Belgrano.
En septiembre, el Ejecutivo anunció una mejora salarial adicional del 3%. Pese a esas medidas, representantes docentes y no docentes mantuvieron recientemente reuniones con diputados y estimaron que la brecha entre la propuesta oficial y las necesidades del sistema universitario continúa cerca del 30%.
En paralelo, sectores de la oposición intentan reunir el quórum necesario en la Cámara de Diputados para convocar una sesión especial y debatir el DNU 70/2023. Desde la Casa Rosada consideran que, por el momento, los bloques opositores no cuentan con los apoyos suficientes y mantienen conversaciones con sectores aliados para impedir que se abra el debate.
El vocero presidencial, Adrián Ravier, afirmó que el Gobierno continuará trabajando para garantizar el financiamiento universitario sin recurrir a la emisión monetaria ni aumentar el endeudamiento. También pidió que la movilización se desarrolle de manera pacífica y cuestionó la presencia de manifestantes en el Palacio Pizzurno durante protestas anteriores.
Con el paro estatal y la marcha universitaria en el mismo escenario, las discusiones presupuestarias, salariales y judiciales se mantienen como los principales puntos de tensión entre el Gobierno, las universidades y los gremios del sector.
