Neira sostuvo que uno de los principales problemas de la economía de la Ciudad está relacionado con la pérdida de actividad y el cierre de comercios y empresas. En ese escenario, consideró necesario reducir el peso de Ingresos Brutos sobre los sectores más afectados y reclamó una política de créditos más activa a través del Banco Ciudad para las pequeñas y medianas empresas.
La legisladora también cuestionó algunas de las medidas económicas impulsadas por el oficialismo porteño junto con La Libertad Avanza. Entre ellas mencionó la adhesión al Régimen de Incentivos a la Generación de Inversiones y el esquema destinado a promover inversiones de menor escala. A su criterio, los beneficios planteados no alcanzan para atender la situación de las actividades que ya se encuentran atravesando dificultades.
Respecto del régimen de incentivos para nuevas inversiones, Neira sostuvo que la propuesta debería contemplar también a quienes ya realizaron inversiones y actualmente enfrentan una situación económica adversa. En ese sentido, planteó que antes de promover nuevos emprendimientos sería necesario evitar el cierre de los existentes.
La legisladora puso como ejemplo la actividad gastronómica y señaló que una reducción de Ingresos Brutos podría funcionar como alivio para los sectores más afectados. También propuso mejorar el acceso al financiamiento para empresas que producen y generan empleo, con una participación más activa del Banco Ciudad.
En relación con los monotributistas, recordó que su espacio había planteado ampliar la exención de Ingresos Brutos a todas las categorías. Según explicó, la medida permitiría reducir la carga sobre un conjunto importante de actividades y otorgar un margen mayor a quienes sostienen pequeños emprendimientos.
Neira también se refirió al endeudamiento de las familias porteñas, un tema que, según indicó, su bloque comenzó a abordar antes de que adquiriera mayor dimensión. El proyecto aprobado en la Legislatura establece una reducción del 50% en Ingresos Brutos para determinadas líneas destinadas a refinanciar deudas con entidades financieras que adhieran al programa. Para el Banco Ciudad, la incorporación es obligatoria, mientras que para otras entidades es voluntaria bajo determinadas condiciones de tasas y plazos.
La legisladora señaló además que existen otras iniciativas vinculadas con las cobranzas extrajudiciales y con la actividad de empresas que adquieren deudas. En particular, mencionó la necesidad de establecer límites a las prácticas de cobro y crear registros para esas compañías.
El problema adquiere, según describió, una dimensión todavía mayor en los barrios populares. Allí, afirmó, buena parte de las deudas no se concentra en los bancos sino en billeteras virtuales y financieras de menor escala, con tasas que calificó de usurarias. Para esos casos, planteó avanzar con mecanismos que permitan establecer límites.
En cuanto a las causas del endeudamiento, Neira señaló que muchas familias recurren al crédito para cubrir gastos básicos, entre ellos alimentos y facturas de servicios públicos, y no para realizar inversiones o adquirir bienes. También planteó la necesidad de diferenciar el capital original de una deuda de los intereses acumulados para analizar posibles mecanismos de refinanciación.
La dirigente porteña también cuestionó el rumbo político de Jorge Macri y sostuvo que su acercamiento a La Libertad Avanza responde a una estrategia electoral. A su entender, esa orientación también tiene consecuencias sobre las políticas económicas de la Ciudad.
En ese marco, planteó sus diferencias con el oficialismo porteño respecto del papel del Estado. También cuestionó el enfoque aplicado en materia de seguridad y espacio público, al considerar que las políticas de orden no deberían traducirse en acciones contra personas que realizan actividades informales para obtener ingresos.
Neira sostuvo que su bloque mantiene una agenda vinculada con la situación de los barrios populares, el acceso a la vivienda, la salud mental de los jóvenes, la seguridad, las políticas sociales y el endeudamiento de los hogares. En la Legislatura, afirmó, el espacio busca integrar distintas posiciones internas y sostener una agenda parlamentaria común pese a las diferencias entre sus integrantes.
En materia de vivienda, destacó además acuerdos alcanzados con distintos bloques sobre proyectos vinculados con la urbanización de barrios populares. Señaló que existen coincidencias puntuales con sectores del radicalismo, Confianza y Desarrollo y la izquierda, más allá de las diferencias políticas generales.
De cara al escenario electoral, Neira sostuvo que cualquier ampliación del espacio opositor debería construirse sobre la base de un programa y de coincidencias concretas. También marcó diferencias profundas con La Libertad Avanza respecto del rol del Estado y señaló que, a su criterio, el PRO porteño se ha acercado cada vez más a las posiciones libertarias.
La legisladora también planteó una evaluación crítica del período del Frente de Todos y reconoció que existieron problemas durante esa gestión. Entre ellos mencionó los niveles de inflación y las dificultades para resolver las diferencias internas. En su visión, el peronismo debería discutir un programa económico y un modelo de país antes de concentrarse en las candidaturas y el armado de listas.
En ese sentido, consideró necesario abordar cuestiones vinculadas con la eficiencia del Estado, la política impositiva, la salud y la educación públicas y las condiciones laborales. También sostuvo que las futuras propuestas deberían contemplar el impacto de las políticas económicas sobre los sectores más vulnerables y sobre la actividad productiva.
A nivel nacional, Neira señaló que dentro del peronismo existen debates sobre el modelo económico y mencionó la necesidad de profundizar las discusiones sobre políticas productivas y agropecuarias. Según planteó, la definición de un programa debería preceder a los acuerdos electorales.
Sobre la Ciudad, finalmente, sostuvo que una eventual propuesta de gobierno debería combinar orden, seguridad y cumplimiento de las normas con políticas destinadas a sostener la actividad económica y el empleo. En ese esquema incluyó medidas para facilitar el trabajo de los comerciantes, mejorar los servicios públicos, fortalecer el crédito productivo y orientar la acción estatal hacia los problemas que, según su evaluación, afectan actualmente a los vecinos porteños.
