El reclamo apunta principalmente a conocer cómo se utilizaron los fondos recaudados y cuál fue el destino de los recursos destinados al mantenimiento de los caminos rurales. Pablo Torres Barthe, abogado que representa a los productores y a la entidad rural, sostuvo que el informe municipal resulta insuficiente y adelantó que solicitarán la rendición de cuentas presentada ante el Tribunal de Cuentas.
Uno de los cuestionamientos está relacionado con la forma en que fueron contabilizados los gastos. Para establecer el costo del servicio vial, el municipio incorporó desembolsos directamente vinculados con los caminos, pero también gastos indirectos prorrateados correspondientes al funcionamiento de distintas áreas de la administración.
En el caso de la tasa de Marcas y Señales, el municipio informó ingresos por $5,57 millones durante 2023, mientras que para 2024 y 2025 consignó $15,43 millones y $33,45 millones, respectivamente. Hasta el 31 de agosto de 2026, la recaudación acumulada alcanzó los $52,53 millones.
En paralelo, los gastos correspondientes a recaudación y fiscalización fueron de $2,62 millones en 2023, $7,14 millones en 2024 y $10,87 millones en 2025. A esos montos se sumaron salarios, aportes y cargas sociales del personal administrativo, que representaron $4,28 millones, $12,18 millones y $17,38 millones en esos tres años.
La comparación entre ingresos y gastos arroja un resultado negativo en 2023 y 2024, mientras que en 2025 se registró un saldo positivo. El déficit habría sido de aproximadamente $1,3 millones en 2023 y de $3,9 millones en 2024, mientras que en 2025 se habría alcanzado un superávit cercano a $5,2 millones.
Torres Barthe cuestionó particularmente la separación entre los gastos de recaudación y fiscalización y los salarios del personal encargado de esas tareas. También planteó interrogantes sobre los montos informados para cada período y sobre la forma en que se distribuyeron los recursos.
Según la entidad rural, el municipio utiliza una oficina de Marcas y Señales cuyo alquiler mensual es de $80.000. La organización sostiene que ese importe todavía no fue abonado y señaló que otras dependencias que funcionan en el lugar sí pagan alquiler y servicios.
El principal eje de la controversia, sin embargo, está en los recursos destinados a la Red Vial Rural. De acuerdo con la información proporcionada por el municipio, los gastos operativos directos correspondientes al total de la Red Vial e Hidráulica alcanzaron los $76,69 millones en 2023, $248,1 millones en 2024 y $461,43 millones en 2025. Hasta agosto de 2026, el monto informado llegó a $461,68 millones.
Esos gastos incluyen maquinaria, combustible, repuestos, insumos y personal de campo. Sin embargo, los productores comparan esas cifras con la partida denominada “Obras Específicas de Infraestructura”, destinada a puentes y caminos rurales.
En ese rubro se ejecutaron $3,11 millones durante 2023, mientras que no se informaron asignaciones en 2024 ni en 2025. Para 2026, hasta el 31 de agosto, el municipio consignó $15,65 millones.
La diferencia entre ambas partidas es uno de los principales puntos señalados por los productores. Torres Barthe sostuvo que los montos correspondientes a gastos operativos no se reflejan, según su interpretación del informe, en obras específicas de infraestructura durante 2024 y 2025.
El municipio, en cambio, explicó que los gastos operativos están relacionados con las tareas de mantenimiento de la red vial. Además, informó que tiene bajo su responsabilidad unos 800 kilómetros de caminos municipales y otros 99 kilómetros pertenecientes a la red provincial.
A los gastos operativos se agregaron otros conceptos calculados mediante prorrateo. Para Recaudación y Fiscalización se asignó un 20% del total, equivalente a $52,58 millones en 2023, $142,86 millones en 2024 y $217,43 millones en 2025.
También se incorporó un 20% correspondiente a Administración y Gestión. Allí se incluyeron conceptos como dirección técnica, logística de cuadrillas, compras, alquiler de inmuebles y supervisión de obras viales. Los montos informados fueron de $47,22 millones en 2023, $141,30 millones en 2024 y $221,26 millones en 2025.
Para Torres Barthe, la incorporación de esos conceptos dificulta determinar cuánto dinero fue destinado concretamente al mantenimiento y reparación de los caminos. El abogado cuestionó que, según los datos presentados, se hayan registrado importantes gastos operativos y administrativos mientras las partidas específicas para obras rurales tuvieron escasa o nula ejecución en algunos períodos.
El municipio también detalló los recursos materiales utilizados para las tareas de mantenimiento y reconoció que parte de la maquinaria disponible es antigua. Además, informó que una motoniveladora se encuentra fuera de servicio debido a trabajos de reparación.
Respecto de las tareas realizadas durante 2026, la administración de Waldemar Giordano indicó que durante el primer semestre se intervinieron 190 kilómetros de caminos municipales y 85 kilómetros de caminos provinciales, además de construirse nueve alcantarillas.
Para la segunda mitad del año se estableció un plan de trabajo destinado a distintos sectores del distrito, con el objetivo de intervenir aproximadamente 300 kilómetros de la red vial rural.
Los productores consideran que la información presentada no responde de manera suficiente al pedido original y anticiparon que solicitarán documentación adicional para conocer con mayor detalle los ingresos y el destino de los fondos. La discusión quedó así centrada en la forma de contabilizar los gastos y en cuánto de los recursos vinculados con las tasas termina destinado concretamente al mantenimiento y reparación de los caminos rurales.
