El cuestionamiento se centra, entre otros aspectos, en la valuación que se realizó de la empresa. Durante una actividad desarrollada en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno de La Plata, el presidente de la Sala C del Tribunal de Tasaciones de la Nación, Daniel Eduardo Martín, sostuvo que NASA tendría un valor de entre 6.000 millones y 13.000 millones de dólares, dependiendo del método utilizado.
Según Martín, la administración nacional buscaría concretar la operación por un monto de entre 500 millones y 1.000 millones de dólares. El funcionario cuestionó además la metodología utilizada para determinar el valor de los activos y señaló que la aplicación de una tasa de descuento del 14,5% reduce significativamente la valuación.
Kicillof sostuvo que la eventual privatización implica un riesgo para las capacidades desarrolladas por el país durante décadas y cuestionó la posibilidad de que la operación se concrete por debajo del valor que, según la estimación presentada, tendría la compañía. “Privatizar es un error, malvender es un delito”, afirmó.
El gobernador también defendió el papel del Tribunal de Tasaciones de la Nación en la determinación del valor de los activos públicos. Según explicó, el organismo fue desplazado de esa tarea y la valorización pasó a estar en manos del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE).
En ese marco, Kicillof cuestionó que un activo considerado estratégico pueda ser vendido por un monto muy inferior a su valuación. “Vender a 1.000 millones de dólares o intentar lograr menos por un activo que claramente vale seis o siete veces más implica una dilapidación de nuestro patrimonio, que es de todos”, sostuvo.
El mandatario bonaerense también planteó reparos sobre el manejo futuro del sector nuclear y consideró que se trata de una actividad que requiere experiencia y capacidades técnicas específicas. A su vez, vinculó la discusión con la preservación de los conocimientos desarrollados en el país a través de científicos, universidades, técnicos y trabajadores especializados.
Consultado sobre la posibilidad de que la provincia intervenga para intentar impedir la privatización, Kicillof respondió afirmativamente y señaló que existe una decisión de avanzar en ese sentido. Para el gobernador, la operación representa un riesgo estratégico y podría implicar una pérdida de capacidades tecnológicas y nucleares desarrolladas durante décadas.
Durante el encuentro también se planteó la situación de otros proyectos vinculados con la actividad nuclear. Kicillof cuestionó específicamente la posibilidad de frenar iniciativas como el reactor CAREM y sostuvo que, en un contexto internacional de renovado interés por la energía nuclear, una decisión de ese tipo afectaría las capacidades tecnológicas y comerciales del país.
La actividad contó además con la participación del subsecretario de Energía, Gastón Ghioni; la diputada nacional Adriana Serquis, ex presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA); y el ex presidente de Nucleoeléctrica Argentina José Luis Antúnez.
Serquis sostuvo que la provincia de Buenos Aires puede constituirse en un espacio de resistencia frente a las políticas impulsadas por el Gobierno nacional y cuestionó la falta de planificación estatal en materia energética y nuclear. También hizo referencia a la demanda internacional de profesionales y recursos vinculados con la actividad.
Antúnez, por su parte, vinculó el escenario actual con la autonomía del sector nuclear. Señaló que Argentina dejó de contar con un ciclo de combustible nuclear completamente soberano y autónomo, que importa agua pesada pese a contar con la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP) en Neuquén y que tampoco produce actualmente uranio natural.
La discusión sobre Nucleoeléctrica se inscribe así en el debate sobre el futuro de las empresas estatales y de las capacidades estratégicas del país, mientras el Gobierno nacional avanza con su política de participación privada en distintos sectores de la economía.
