El análisis de la AGN advierte sobre incumplimientos de procedimientos, ausencia de documentación y falta de intervención de organismos que, según el informe, debían participar del proceso. Las observaciones adquieren relevancia en momentos en que el Gobierno de Javier Milei analiza extender nuevamente la concesión, esta vez hasta 2066.
La concesión vigente establece que en 2028 las terminales y los activos vinculados al contrato deben ser restituidos al Estado. En ese escenario, una nueva extensión permitiría evitar el vencimiento del contrato y la eventual convocatoria a una licitación para continuar con la explotación aeroportuaria.
Entre los argumentos utilizados para justificar una nueva prórroga aparece la necesidad de garantizar inversiones por unos US$600 millones en infraestructura. Sin embargo, el informe señala que la definición del plan de obras corresponde al Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), y no exclusivamente al concesionario.
La AGN dedicó 60 páginas a revisar el proceso de extensión concretado en 2020 y detectó distintas deficiencias administrativas. Una de las principales observaciones apunta a la inexistencia de un procedimiento suficientemente claro que estableciera la participación de los organismos competentes y asegurara un circuito administrativo adecuado.
El organismo auditor también señaló problemas en la documentación de las intervenciones de distintas dependencias y en el orden de los expedientes. Según el informe, estas falencias dificultaron el seguimiento completo del trámite utilizado para extender la concesión.
Otro de los cuestionamientos se relaciona con el programa de obras asociado a la prórroga por diez años. La AGN encontró falta de precisión en los objetivos y condiciones vinculados con compromisos de inversión por US$85 millones y US$124 millones.
Entre las obligaciones establecidas se encontraba el compromiso de realizar los esfuerzos necesarios para alcanzar el mayor nivel posible de financiamiento antes del 31 de diciembre de 2021. Para la AGN, sin embargo, no quedaron definidos criterios suficientemente objetivos que permitieran evaluar el cumplimiento de esas obligaciones.
El ORSNA respondió que esos compromisos habían sido establecidos adicionalmente a los contemplados en otras cláusulas y que habían sido tratados en un expediente específico. La explicación no modificó las observaciones de la Auditoría, que insistió en la necesidad de contar con parámetros concretos para medir el desempeño del concesionario.
El informe también cuestionó que el organismo regulador no hubiera establecido mecanismos suficientemente precisos para verificar el cumplimiento de las obligaciones asumidas en materia de infraestructura.
En cuanto al contexto de la concesión, la AGN señaló que el servicio aeroportuario había sufrido un fuerte impacto durante el primer año de la pandemia, aunque durante la segunda mitad de 2021 comenzaron a observarse señales de recuperación. En ese período, el ORSNA había utilizado como fundamentos para la extensión cuestiones vinculadas con inversiones, tarifas y seguridad operacional.
El proceso también quedó relacionado con distintas actas internas del ORSNA vinculadas con una eventual extensión hasta 2066. Una de ellas fue suscripta en septiembre de 2025 y otra al mes siguiente, mientras que una tercera fue firmada en junio de este año, luego de investigaciones que alcanzaron a autoridades del organismo.
De acuerdo con la información incluida en el caso, esa última instancia habría retomado las conversaciones y considerado lo acordado previamente como un antecedente para continuar las negociaciones.
La AGN también consignó que el concesionario había renunciado a reclamos, recursos y demandas contra el Estado Nacional en los términos previstos. Sin embargo, durante la revisión se detectaron documentos internos del ORSNA vinculados con el trámite que no habían sido incorporados al expediente administrativo.
Las observaciones de la Auditoría se producen mientras el Gobierno analiza el futuro de la concesión. Si no se concreta una nueva extensión, el contrato actualmente vigente contempla la devolución de los activos al Estado en 2028.
El debate también alcanza las condiciones económicas de una eventual nueva concesión. Entre los parámetros mencionados figura una Tasa Interna de Retorno (TIR) del 16,45% para la explotación de las terminales comprendidas en el esquema.
El informe de la AGN deja planteadas así distintas observaciones sobre el procedimiento utilizado para la extensión de la concesión y sobre la documentación y los mecanismos empleados para controlar las obligaciones asumidas, en un contexto en el que se analiza una nueva prórroga del contrato.
