A partir de los datos del Censo 2022, el déficit habitacional cuantitativo alcanza a 686.925 hogares, el 4,31% del total. Se trata de familias que necesitan una vivienda nueva, ya sea porque comparten el hogar con otro grupo o porque habitan unidades cuya calidad material las vuelve irrecuperables. Dentro de este universo hay 233.286 hogares en situación de co-hogar y 464.508 que viven en viviendas consideradas irrecuperables.
La mayor parte del déficit corresponde al componente cualitativo, que alcanza a 6.272.765 hogares. En estos casos existe una vivienda, pero presenta condiciones que requieren mejoras relacionadas con el hacinamiento, los servicios básicos, las instalaciones o la calidad de los materiales.
Entre los principales problemas detectados aparecen las conexiones deficientes a servicios básicos, que afectan a 4.054.250 hogares, equivalentes al 25,45%. Además, 2.387.157 hogares, el 14,98%, atraviesan algún grado de hacinamiento, mientras que otros 1.842.292 no cuentan con instalaciones adecuadas.
La comparación con los datos de 2010 muestra una evolución diferente según el tipo de déficit. El componente cuantitativo pasó de 1.317.819 a 686.925 hogares, una reducción del 47,9%. Su participación sobre el total también cayó del 10,8% al 4,3%. En cambio, el déficit cualitativo aumentó un 36,1%.
Estas comparaciones deben realizarse con cautela debido a las diferencias metodológicas utilizadas en los censos de 2010 y 2022 para medir las condiciones habitacionales. De todos modos, los datos muestran que el problema no está determinado solamente por la cantidad de viviendas disponibles, sino también por las condiciones en las que viven los hogares.
Entre 2010 y 2022 se construyeron aproximadamente cuatro millones de nuevas viviendas. El promedio anual fue de unas 180.000 unidades correspondientes al sector privado y 26.300 al sector público.
Alrededor del 38% de las viviendas construidas no queda claramente asignado a ninguno de esos dos sectores, un dato que refleja el peso de la autoconstrucción y de la informalidad dentro del mercado habitacional argentino. La oferta formal, por su parte, se concentra principalmente en grandes áreas urbanas como el Gran Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, que reúnen alrededor del 63% de la población del país.
La situación presenta fuertes diferencias según la provincia. Santiago del Estero, Chaco y Formosa registran los niveles más elevados de déficit habitacional, con más del 55% de los hogares afectados. En el extremo opuesto se encuentra la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con un 13,70%, mientras que Tierra del Fuego, Córdoba y Chubut presentan porcentajes de entre 25,73% y 28,20%.
Las condiciones de acceso a los servicios básicos explican una parte de estas diferencias. En Santiago del Estero, el 42,95% de los hogares tiene conexiones deficientes, mientras que en Chaco la proporción alcanza al 42,01%.
También existen diferencias importantes entre los principales aglomerados urbanos. El déficit habitacional total va desde el 23,27% en el Gran Córdoba hasta el 42,14% en el Gran Buenos Aires. En este último caso, el componente cualitativo alcanza al 41,21% de los hogares.
El acceso a infraestructura continúa siendo uno de los principales puntos de la problemática. En la Argentina, el 85% de los hogares obtiene agua potable a través de la red pública y otro 10,4% lo hace mediante bomba a motor. En cambio, solo el 61,7% cuenta con conexión a una red pública de desagüe cloacal.
Las condiciones de tenencia también muestran diferencias. Más del 34% de los hogares que residen en viviendas particulares son inquilinos, lo que representa 3.341.956 hogares. Además, entre los nuevos hogares registrados entre 2010 y 2022, solamente el 44,7% son propietarios.
El déficit tampoco impacta de la misma manera en todos los grupos de edad. Entre los menores de 14 años, el 59,7% vive en hogares que presentan algún tipo de déficit habitacional, una proporción 12 puntos porcentuales superior al promedio nacional.
Frente a este escenario, el abordaje del problema habitacional excede la construcción de nuevas viviendas. También involucra el mejoramiento de las unidades existentes, el acceso al suelo, la infraestructura y las posibilidades de financiamiento.
Entre las medidas planteadas se encuentran el fortalecimiento de la inversión pública en vivienda, la regulación del mercado inmobiliario, la ampliación del acceso al financiamiento, la regularización de situaciones de informalidad y el impulso a construcciones sostenibles.
El enfoque también contempla factores como la calidad de vida, la seguridad en la tenencia, la posibilidad de afrontar el costo de una vivienda, su ubicación y su adecuación a las necesidades de quienes la habitan. De esta manera, el problema habitacional no queda limitado a la cantidad de unidades disponibles, sino que también incluye las condiciones de acceso y habitabilidad de los hogares.
