Los datos disponibles muestran que el deterioro afecta tanto a docentes de escuelas provinciales como a profesores de universidades nacionales, aunque con diferencias según la jurisdicción y el nivel educativo. En el caso de un maestro de grado de primaria, con jornada simple y diez años de antigüedad, el salario neto pasó de $1.541.860 en septiembre de 2023 a $1.081.158 en junio de 2026, medido a precios constantes de junio de este año. La pérdida de poder adquisitivo alcanza así unos $460.700 mensuales, equivalente a una caída cercana al 30%.
Según datos de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), el salario docente acumula una pérdida real cercana al 30% desde 2015. Para recuperar el poder de compra que tenía en junio de ese año, debería registrarse una recomposición del 42% en términos reales.
En las universidades nacionales, el deterioro real de los salarios alcanza el 22,2% desde noviembre de 2023. Para revertir esa pérdida y alcanzar lo previsto por la Ley de Financiamiento Universitario, los ingresos deberían incrementarse un 33,5% en términos reales.
La disparidad también aparece al comparar las remuneraciones entre provincias. De acuerdo con el Informe Indicativo del Salario Docente de la Secretaría de Educación de la Nación, para un maestro de grado con diez años de antigüedad existe una diferencia superior a $1,58 millones mensuales brutos entre la jurisdicción con el salario más alto y aquella con el menor.
Neuquén encabeza ese relevamiento con $2.521.570, mientras que Mendoza registra $935.450. De esta manera, un mismo cargo docente puede tener una remuneración que prácticamente triplica a otra dependiendo de la provincia en la que se desempeñe.
Detrás de Neuquén aparecen Santiago del Estero y Santa Cruz, ambas con salarios superiores a $1,8 millones. Tierra del Fuego y Córdoba, por su parte, superan los $1,6 millones. En el extremo inferior, nueve jurisdicciones tienen remuneraciones por debajo de $1,2 millones: Buenos Aires, San Luis, Tucumán, Jujuy, Entre Ríos, Catamarca, La Rioja, Misiones y Mendoza.
La evolución durante el último año tampoco fue homogénea. Santiago del Estero registró el mayor incremento interanual, con una recomposición del 106,1%, seguida por Corrientes, con 56,8%. Catamarca, Tucumán y San Juan también presentaron aumentos superiores al 40%. En estos casos, el informe advierte que algunas jurisdicciones incorporaron sumas extraordinarias, por lo que la variación porcentual debe analizarse junto con la composición de cada salario.
Chaco, en cambio, registró un aumento del 6,8% en los últimos doce meses, el menor entre las jurisdicciones relevadas. Tierra del Fuego, San Luis, Mendoza y Salta también se ubicaron entre las provincias con menores incrementos. El porcentaje de recomposición, de todos modos, no determina por sí solo la posición salarial: una provincia puede aplicar un aumento elevado y continuar entre las de menores ingresos debido a su punto de partida.
El deterioro de los salarios se produjo en paralelo con una reducción de los recursos destinados a educación. Desde 2023, el Presupuesto de la Administración Pública Nacional cayó 34,4% en términos reales, mientras que la función Educación y Cultura tuvo una reducción del 45,9%. Dentro de esa área, las asignaciones para Educación Obligatoria acumularon una baja real del 77% y la inversión en infraestructura educativa se redujo 95,8%.
En 2026, el presupuesto nominal para Educación y Cultura registró un aumento del 15,9% frente al presupuesto inicial de los primeros siete meses del año. Sin embargo, según CTERA, los recursos se concentraron principalmente en las universidades, mientras que Educación Obligatoria registró un recorte adicional del 4,4% y la Infraestructura Educativa cayó 54%. Los programas de la Secretaría de Educación, sin considerar a las universidades, presentan asignaciones 79,2% inferiores en términos reales a las de 2023.
La ejecución presupuestaria también muestra una diferencia respecto del ritmo esperado para el año. En julio de 2026 se había ejecutado el 43,8% del presupuesto anual correspondiente a los programas educativos, frente al 58% que se esperaba para ese momento.
En términos del producto bruto, CTERA estima que el gasto educativo consolidado representará alrededor del 4,1% del PIB durante 2026, frente al 5,2% de 2023. La participación del gasto nacional en Educación y Cultura pasó, según los datos citados, del 1,42% del PIB al 0,79%.
Otro relevamiento sobre el financiamiento educativo señala que la función Educación y Cultura registró una caída real del 43,2% en 2024 y del 7,9% en 2025, acumulando una reducción del 47,7% durante esos dos años. Para 2026, el crédito vigente al 30 de mayo contemplaba una nueva baja real del 12,7%.
La menor participación nacional también modificó la distribución del financiamiento. En 2024, el Estado nacional aportó el 20,1% del gasto educativo consolidado, frente al 26,8% del año anterior, mientras que las provincias asumieron el 79,9%.
En este contexto, el salario se convirtió en uno de los principales componentes del gasto educativo. Un especialista en economía y docente universitario señaló que los salarios representan más del 80% de la función educativa y que resolver ese componente resulta central para abordar otros aspectos vinculados con el sistema.
La eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) desde 2024 también modificó el esquema de financiamiento de los salarios provinciales. A esto se suma que el Fondo de Compensación Salarial no registró ejecución durante 2025 ni 2026.
Los cambios en la coordinación de la política salarial hicieron que las remuneraciones dependan en mayor medida de la situación fiscal de cada provincia. El deterioro promedio del salario docente dentro del sector público provincial se ubica, según los datos citados, entre el 17% y el 20% desde el comienzo de la actual gestión.
Las diferencias territoriales también se observan en el gasto educativo por estudiante. En 2024, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires destinó $3,4 millones por alumno, aunque la educación representó el 18,2% de su gasto público. Buenos Aires y Salta, en cambio, asignaron cerca o más del 30% de sus presupuestos a educación, pero registraron niveles de gasto por estudiante inferiores al promedio nacional.
Las provincias patagónicas se caracterizaron por combinar un gasto elevado por alumno con una mayor participación de la educación dentro de sus presupuestos. La evolución salarial tampoco fue idéntica en todas las jurisdicciones: algunas lograron compensar parcialmente la reducción de los recursos nacionales mediante fondos propios.
El escenario de financiamiento también incorpora cambios en las políticas educativas. Durante los últimos años comenzaron a desarrollarse mecanismos orientados a la demanda, como vouchers, becas y subsidios a las familias, junto con un mayor respaldo a la educación privada. El programa de vouchers alcanzó a 830.000 estudiantes en 2024 y a 504.808 en 2025, aunque los investigadores citados señalan que todavía no constituye un sistema generalizado de vouchers.
Al mismo tiempo, el presupuesto de 2026 eliminó la referencia histórica al objetivo de destinar el 6% del PIB a educación.
En el caso de los docentes universitarios, además de la pérdida salarial del 22,2% desde noviembre de 2023, se estimó que la deuda salarial acumulada desde octubre de 2025 equivale a tres salarios de agosto de 2026, sin considerar intereses ni recargos.
El panorama deja así una marcada heterogeneidad entre jurisdicciones. Mientras algunas provincias registraron fuertes recomposiciones durante el último año, otras tuvieron aumentos mucho más moderados y continúan entre las que presentan menores remuneraciones. A esto se suma una reducción de la participación nacional en el financiamiento educativo y una mayor incidencia de la situación fiscal de cada provincia sobre los salarios y los recursos disponibles para el sistema.
