El oficialismo intenta evitar que la oposición imponga su cronograma y, al mismo tiempo, negocia con los bloques aliados para sostener el control de la agenda parlamentaria. La discusión se produce después de que La Libertad Avanza propusiera postergar el tratamiento de morosidad hasta el 30 de septiembre y el de discapacidad hasta el 23 de ese mes.
La oposición, en cambio, busca acelerar los tiempos y avanzar con el tratamiento en comisiones. Para eso, fijó un cronograma en las comisiones de Finanzas y de Discapacidad, presididas respectivamente por Santiago Pauli y Gerardo Heusen, con el objetivo de desactivar la estrategia oficialista.
El jefe del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, convocó a sus aliados a una reunión para analizar el escenario y las alternativas disponibles. Luego, la bancada oficialista mantuvo un encuentro con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.
El Gobierno evalúa distintas herramientas para contener la ofensiva opositora. Entre ellas aparece una resolución del Banco Central destinada a modificar aspectos vinculados con la transparencia del Costo Financiero Total de los créditos y un nuevo proyecto sobre discapacidad.
La iniciativa sobre discapacidad ya había sido impulsada meses atrás por el ministro de Salud, Mario Lugones, aunque no consiguió avanzar debido a la falta de respaldo entre los bloques aliados. El martes, funcionarios de esa cartera estuvieron en el Congreso para analizar la situación.
Una de las posibilidades que maneja el oficialismo es que las modificaciones vinculadas con discapacidad no avancen como un proyecto independiente y sean incorporadas al Presupuesto 2027, que será presentado la próxima semana.
La discusión adquiere especial relevancia porque el oficialismo cuenta con un bloque de un tercio de la Cámara baja, una proporción que le permitiría afrontar un eventual veto presidencial. Sin embargo, la oposición considera que tiene margen suficiente para forzar el tratamiento en comisión y volver a llevar ambos temas al recinto.
En la última sesión en la que se pusieron a prueba esas fuerzas, Unión por la Patria y Provincias Unidas impulsaron dos mociones que requerían 189 votos sobre un total de 257 para avanzar. No alcanzaron esa mayoría especial, pero reunieron 133 votos afirmativos, frente a 107 negativos y 11 abstenciones.
Ese resultado dejó en evidencia el peso de bloques provinciales que en distintas oportunidades acompañaron iniciativas opositoras. Entre ellos aparecen legisladores de Argentina Federal, con representantes de Misiones y Salta, además de Elijo Catamarca, el MID e Independencia, de Tucumán.
La oposición también cuenta con la posibilidad de sumar algunos votos de diputados que estuvieron ausentes en aquella sesión. Entre ellos figuran Juan Fernando Brugge, Carlos Daniel Castagneto, Natalia De la Sota y Marcela Pagano, lo que elevaría la proyección a 138 votos.
Frente a ese escenario, Ignacio Devitt, Martín Menem y Diego Santilli iniciaron conversaciones con gobernadores cuyos legisladores pueden resultar determinantes. Entre los mandatarios contactados aparecen Raúl Jalil, Osvaldo Jaldo, Gustavo Sáenz, Ignacio Torres, Maximiliano Pullaro, Carlos Sadir y Hugo Passalacqua.
El Gobierno presta especial atención a varios de ellos debido a que sus diputados acompañaron iniciativas oficiales en diferentes momentos, aunque su posición podría modificarse en función de las negociaciones por financiamiento para sus provincias. Rolando Figueroa y Marcelo Orrego aparecen, en cambio, entre los gobernadores más alineados con el oficialismo.
Los Aportes del Tesoro Nacional también forman parte del escenario de negociación. En septiembre se reactivaron las transferencias discrecionales, con un total de $12.000 millones distribuidos entre Jujuy, La Pampa y Misiones. Jujuy y La Pampa recibieron $3.500 millones cada una, mientras que Misiones obtuvo $5.000 millones. Se trata de los primeros envíos desde julio, ya que durante agosto no se registraron transferencias.
En paralelo, el Gobierno busca recuperar iniciativa política después de los anuncios vinculados con las Islas Malvinas. Sin embargo, el efecto de esa estrategia sobre la conversación pública habría sido limitado en el tiempo. Las menciones al tema se redujeron un 78% entre el viernes y el lunes posterior al discurso presidencial, mientras que las referencias negativas a Javier Milei continuaron por encima de las positivas.
Con ese contexto, la oposición tampoco pretende extender innecesariamente la sesión. El objetivo es que la jornada sea breve, con menos oradores, y concentrada en lograr los emplazamientos de las comisiones para ambos temas.
En materia de morosidad, la oposición reúne alrededor de 50 proyectos con distintas propuestas para intervenir sobre el problema del endeudamiento. Entre las alternativas aparecen mecanismos de refinanciación, límites para las cuotas en función de los ingresos de los deudores y sistemas de mediación.
Si el emplazamiento prospera, la mayor parte del tratamiento quedaría concentrada en la Comisión de Finanzas. Sin embargo, existe una dificultad adicional: los proyectos fueron girados a distintas comisiones y presentan diferencias en cuanto al nivel de intervención estatal, lo que complica la elaboración de un único dictamen.
El escenario es diferente en discapacidad, donde existe un proyecto opositor que reúne mayor consenso. La propuesta del diputado Juan Marino plantea extender durante un año la emergencia en discapacidad, vigente desde hace casi doce meses y cuyo vencimiento está previsto para fin de año.
En este caso, la oposición pretende que el tema sea tratado en las comisiones de Discapacidad, Acción Social y Salud Pública, y Presupuesto y Hacienda, antes de volver al recinto.
El Gobierno había impulsado una alternativa a través de Mario Lugones, enviada al Senado en abril bajo el título “Contra el fraude de pensiones por invalidez”. La propuesta buscaba modificar aspectos de la Ley de Emergencia Nacional aprobada y ratificada por el Congreso el año pasado.
Entre sus principales cambios, mantenía la pensión no contributiva en el 70% del haber mínimo jubilatorio, pero eliminaba la posibilidad de que el Poder Ejecutivo otorgara incrementos adicionales vinculados con la invalidez laboral o con condiciones geográficas desfavorables.
También proponía reemplazar el esquema de protección social basado en el Certificado Único de Discapacidad por un sistema centrado en un subsidio por invalidez laboral.
Otro de los cambios planteados era la eliminación del nomenclador, que establece un listado único de aranceles para las prestaciones en todo el país. La iniciativa contemplaba que las obras sociales y las empresas de medicina prepaga determinaran directamente los valores de terapias, acompañantes terapéuticos y centros de día, y eliminaba el fondo compensador administrado por la Superintendencia de Servicios de Salud.
El proyecto también establecía un reempadronamiento obligatorio de los beneficiarios en un plazo máximo de 90 días y restringía el acceso a las pensiones a personas con invalidez laboral total, estableciendo su incompatibilidad con un empleo formal.
La iniciativa generó rechazo entre organizaciones vinculadas con la discapacidad y complicó la relación del Gobierno con sus aliados en el Senado.
Con este escenario, la jornada en Diputados funcionará como una nueva prueba para el oficialismo. La disputa estará centrada en quién logra imponer los tiempos y controlar el recorrido que tendrán los proyectos sobre morosidad y discapacidad dentro del Congreso.
