El requerimiento establece un plazo de 15 días para que el exfuncionario justifique “la procedencia del incremento patrimonial evidenciado a título personal y a través de su cónyuge” desde el inicio de su gestión pública, el 14 de diciembre de 2023, hasta su renuncia, el 27 de junio de 2026.
Según el fiscal, existen incrementos patrimoniales, adquisiciones y egresos que, al ser contrastados con los ingresos lícitos verificados del grupo familiar, no cuentan hasta el momento con una explicación suficiente.
El pedido de explicaciones consta de 207 páginas y fue presentado por Pollicita ante el juzgado federal a cargo de Ariel Lijo. Ahora será el magistrado quien deberá notificar formalmente a la defensa de Adorni sobre el requerimiento de la fiscalía.
La investigación se inició a partir del análisis de la evolución patrimonial del exfuncionario y de su entorno familiar. El informe técnico utilizado por Pollicita fue elaborado por un organismo dependiente del Ministerio Público y sirvió como base para determinar los puntos que deberán ser aclarados.
Entre los aspectos incluidos en la intimación aparecen el origen de los dólares declarados, distintas operaciones inmobiliarias y la trazabilidad de los fondos utilizados en las operaciones cuestionadas.
En total, el fiscal planteó 20 puntos sobre los que Adorni deberá brindar explicaciones dentro del plazo establecido.
La presentación de la fiscalía no implica por sí misma una imputación definitiva ni una declaración de culpabilidad. El objetivo de esta instancia es que el exfuncionario aporte documentación y explicaciones sobre el origen y evolución de los bienes y fondos observados por los investigadores.
La defensa de Adorni, encabezada por el abogado Matías Ledesma, tendrá ahora que responder al requerimiento y aportar, en caso de corresponder, la documentación destinada a justificar las operaciones señaladas.
Si las explicaciones son consideradas insuficientes, Pollicita podría solicitar que Adorni sea citado a declaración indagatoria. La decisión de convocarlo, sin embargo, corresponde al juez Lijo.
De esta manera, la causa ingresa en una etapa en la que la respuesta del exjefe de Gabinete será determinante para definir cómo continuará la investigación judicial.
