La misma pena fue impuesta al exsecretario de Obras Públicas, José López, quien también fue declarado culpable de cohecho pasivo y defraudación al Estado. Ambos condenados siguieron la lectura del veredicto a través de Zoom, con De Vido en su residencia donde cumple prisión domiciliaria debido a su estado de salud y López desde el establecimiento penitenciario.
De Vido acumula cuatro condenas, siendo la única firme la relacionada con la tragedia de Once, el motivo por el cual se encuentra en arresto domiciliario en un barrio cerrado de Zárate. El tribunal también ordenó el decomiso de 48 millones de pesos, monto que se actualiza desde 2005, desglosado en 34 millones por el cohecho y 14 millones por el fraude al Estado.
La empresa Pecom adquirió los activos de Skanska el 1 de agosto de 2015. En la sentencia, se indicó que la firma sería notificada para proceder con el decomiso una vez firme el fallo, aunque se anticipa que se presentarán incidentes y apelaciones respecto al monto.
El tribunal estuvo compuesto por los jueces Jorge Gorini, Guillermo Costabel y María Gabriela López Iñiguez, esta última disintió en cuanto a la calificación y monto de las penas, considerando que los condenados habían cometido el delito de negociaciones incompatibles con la función pública en lugar de cohecho. Ambas figuras penales conllevan penas similares de uno a seis años, pero las negociaciones incompatibles penalizan al funcionario que actúa en beneficio de un particular, como en el caso de la licitación a favor de Skanska.
López Iñiguez argumentó, a diferencia de sus colegas, que no se produjo fraude, ya que un peritaje de la Corte había determinado la ausencia de sobreprecios.
Altos directivos de Skanska también enfrentaron condenas. El fallo se comunicará el 22 de septiembre próximo. López y De Vido eran los máximos responsables en el período investigado, y la fiscalía había solicitado la misma pena que fue impuesta: cinco años de prisión.
Entre los condenados se encuentran Néstor Ulloa, encargado de administrar el fideicomiso para financiar la ampliación de los gasoductos, quien recibió cinco años por cohecho pasivo; Mario Piantoni, director regional de Skanska, condenado a cuatro años por cohecho activo; y otros directivos que recibieron penas de entre tres y cuatro años, siendo condenados un total de 17 imputados, de los cuales la fiscalía pidió la absolución de los restantes.
El fiscal Abel Córdoba situó a De Vido y López en el centro de un esquema de corrupción que buscaba direccionar contrataciones para la ampliación de gasoductos, implicando el pago de coimas a funcionarios, facturas falsas y sobreprecios en las obras otorgadas a Skanska.
Este caso se remonta a hace casi dos décadas, surgido a raíz de una denuncia de la Coalición Cívica y un artículo que reveló sospechas sobre un entramado de empresas fantasma vinculadas a Skanska. Las obras en cuestión eran la ampliación de los gasoductos Norte y Sur.
Sin embargo, la causa fue suspendida en 2011 por la Cámara Federal, que sobreseyó a los acusados que en ese momento no incluían a López y De Vido. Tras un largo periodo de inactividad judicial, el caso fue revitalizado por un material probatorio revalidado por la Cámara de Casación, que incluye una grabación en la que un gerente de Skanska confesaba el pago de sobornos para asegurar contratos públicos en el país.
En la grabación, Azcárate admitía ante un auditor haber utilizado facturas falsas para justificar pagos a funcionarios. La prueba había sido desestimada anteriormente, pero su reintroducción provocó un nuevo impulso en el caso, lo que llevó a la revocación de los sobreseimientos.
