Sin embargo, este pronunciamiento no implica un cambio radical. En la Casa Rosada se admite que aún no existe un proyecto finalizado y que el Ministerio de Economía está analizando diversas alternativas. La propuesta que está tomando fuerza entre los asesores de Javier Milei es descomponer la reforma en etapas para evitar un impacto fiscal que pueda comprometer el equilibrio de las cuentas públicas.
“No vamos a admitir déficit. La idea es que sea una reforma escalonada y que no rompa el equilibrio de las cuentas”, afirman en Nación. Otros sectores del oficialismo señalan que el Gobierno aún enfrenta restricciones económicas y que una reducción impositiva significativa antes de las elecciones solo podría llevarse a cabo si se acompaña con mayores recortes de gastos o un repunte en la actividad económica.
La estrategia que se está considerando es realizar los cambios a través de proyectos separados. Entre las posibilidades, se contempla que el primer tramo incluya medidas de simplificación, revisión de beneficios fiscales, ajustes sobre regímenes especiales y reformas en el Monotributo. Las reducciones de impuestos más onerosas, como una disminución más profunda de las retenciones, del impuesto al cheque o de una reforma sustancial del IVA, dependerían del margen fiscal y de las negociaciones con los gobernadores.
El Gobierno ha comprometido la presentación de una reforma tributaria antes de que finalice 2026.
El diagnóstico sobre el Monotributo es uno de los puntos más delicados. Desde el Gobierno, argumentan que este esquema crea incentivos que dificultan el crecimiento de los contribuyentes y pequeños negocios, impidiendo que estos se integren al régimen general o fragmentando sus actividades para eludir una mayor carga impositiva. Por ello, una de las alternativas en consideración busca organizar la transición hacia un sistema de autónomos, IVA y Ganancias, reducir las diferencias abruptas entre categorías y disminuir la brecha con el régimen general.
En Nación esperan presentar esta fase como un acto de ordenamiento y no como un aumento de impuestos. La dificultad política radica en que el Monotributo incluye a profesionales independientes, comerciantes, prestadores de servicios y otros pequeños contribuyentes, lo que representa una base amplia y sensible desde el punto de vista electoral. Así, en la Casa Rosada no lo contemplan como una reforma aislada, sino como parte de un conjunto escalonado.
El compromiso con el FMI refuerza esta lógica. El organismo ha señalado que la reforma debería incrementar la eficiencia y la simplicidad del sistema, racionalizar los gastos tributarios y permitir una reducción gradual de “impuestos distorsivos”. El enfoque del programa no busca una disminución inmediata y generalizada de tributos, sino una reforma fiscalmente neutra: reducir algunas cargas, pero compensarlas con la ampliación de la base, la reducción de exenciones o recortes de gastos.
En el oficialismo reconocen que este punto es el límite central de la discusión. La Casa Rosada desea establecer un plan ante el FMI y el sector privado, pero no está dispuesta a perder recaudación sin asegurar primero una compensación. Aseguran que primero se debe consolidar el equilibrio fiscal y solo luego se podrán considerar las reducciones de impuestos más costosas.
Otro enfoque clave será el pacto fiscal con las provincias. El equipo económico a cargo de Luis Caputo busca abrir una negociación con los gobernadores para incluir en la reforma impuestos como Ingresos Brutos, Sellos y tasas municipales. En Nación enfatizan que un recorte de impuestos nacionales tendría un impacto limitado sobre el “costo argentino” si las provincias y municipios no efectúan una reducción paralela de tributos locales.
El contexto fiscal con las provincias se encuentra también tensionado por la evolución de los recursos automáticos. Según IARAF, en abril de 2026, el Gobierno nacional transfirió al consolidado de provincias y CABA $5,584 billones en concepto de coparticipación, leyes especiales y compensaciones, en comparación con los $4,362 billones enviados en el mismo mes de 2025. Esto supuso un incremento nominal del 28%, aunque, descontada la inflación, representó una disminución real del 3,2%. En lo que respecta a la coparticipación estricta, la caída real habría sido del 3,7%.
Asimismo, se añade la reciente reestructuración presupuestaria. La decisión administrativa 20/2026 implementó recortes en créditos presupuestarios para lograr el equilibrio estimado en el Presupuesto 2026. En este contexto, el Ministerio del Interior sufrió un recorte de $320.671 millones, lo que incluyó una reducción de $320.711 millones en el programa “Relaciones con las Provincias y Desarrollo Regional”, mayormente vinculado a los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), que son transferencias no automáticas.
El Gobierno busca negociar con las provincias una disminución de impuestos subnacionales, pero también mantiene cerrada la caja nacional y realiza recortes en partidas asociadas al vínculo financiero con los distritos. En la Casa Rosada consideran que esta tensión obliga a avanzar por etapas y evitar una reforma integral que concentre todos los costos políticos y fiscales en una sola ley. Nación ya ha enfrentado dificultades con el capítulo de Ganancias en la reforma laboral, que finalmente fue retirada.
