La propuesta fue impulsada por el presidente Volodimir Zelensky poco después de que comenzara la agresión rusa el 24 de febrero de 2022. Finalmente, la idea se materializó con la adhesión de 34 naciones europeas, junto con Australia y Costa Rica, quienes firmaron el acuerdo que facilitará el enjuiciamiento de Putin en un tribunal internacional.
“El momento en que Rusia deberá responder por su invasión se acerca a grandes pasos. La vía de la justicia se abre ante nosotros”, destacó Alain Berset, secretario general del Consejo de Europa, quien argumentó que “debe prevalecer la justicia”, tras la firma del protocolo que establece el tribunal especial encargado de procesar al presidente ruso.
El canciller de Ucrania, Andriy Sybiha, también se pronunció al respecto, afirmando que “el Tribunal Especial se convirtió hoy en una realidad jurídica”, haciendo una referencia al Tribunal de Nuremberg, que fue creado para juzgar a los líderes nazis tras la Segunda Guerra Mundial en 1945. Sybiha, que estuvo presente en la firma del acuerdo, comentó con ironía que “Putin siempre quiso entrar en la historia”. “Este tribunal lo ayudará a lograr su sueño… en su condición de criminal”, añadió, visiblemente complacido.
El nuevo tribunal, cuya sede estará en La Haya, Países Bajos, fue establecido durante la reunión anual de ministros de Relaciones Exteriores del Consejo de Europa. Esta iniciativa busca llenar el vacío legal dejado por la incapacidad de la Corte Penal Internacional (CPI) para actuar ante la situación actual.
Fundado el 9 de diciembre de 1949, el Consejo de Europa, con sede en Estrasburgo, es una organización intergubernamental que tiene como objetivo desarrollar un conjunto de normas y convenciones en diversos ámbitos de la vida pública, con el fin de promover la cooperación entre sus estados miembros y fortalecer la integración europea.
Los países firmantes del documento son Alemania, Andorra, Austria, Bélgica, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Países Bajos, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Moldavia, Mónaco, Montenegro, Noruega, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumania, San Marino, Suecia, Suiza y Ucrania, junto con Australia y Costa Rica.
Aunque la Unión Europea (UE) dio su apoyo a esta iniciativa, varios países miembros, como Bulgaria, Eslovaquia, Hungría y Malta, se abstuvieron de respaldarla. Asimismo, algunos estados de los Balcanes, como Serbia, Bosnia y Herzegovina, Macedonia del Norte y Albania, así como tres repúblicas del Cáucaso, no mostraron apoyo a la propuesta.
