La controversia se originó cuando en 2024 el gobierno provincial implementó un nuevo sistema de fiscalización que requiere a los docentes presentar justificaciones para sus licencias médicas y completar formularios ante el área de Recursos Humanos del Ministerio de Educación. Desde la implementación de esta normativa, ha habido una reducción del 40% en las solicitudes de licencias médicas. Sin embargo, el sindicato ha manifestado su desacuerdo e incluido esta objeción en la lista de reclamos que han motivado la reciente convocatoria a protestas.
En este marco, el gremio ha decidido intensificar sus acciones, programando un paro de 48 horas para mayo, con la posibilidad de extender la medida otros dos días si no reciben respuestas a sus demandas.
Durante el Congreso Extraordinario de la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro, que tuvo lugar en Fernández Oro, se acordó continuar el diálogo con el gobierno provincial, pero se ratificó la realización de las protestas. En las últimas huelgas, el gobierno no cedió ante las demandas y aplicó descuentos significativos a los docentes que participaron en las paradas.
Laura Ortiz López, secretaria general del sindicato, afirmó que el objetivo de la huelga es presionar al gobierno para que se convoque a una audiencia conciliatoria. Ortiz López enfatizó que el gremio persistirá en su demanda de actualización salarial vinculada al índice de inflación y en la continuidad del aumento por IPC, rechazando la inclusión de sumas no remunerativas. Además, el congreso sindical planteó varios reclamos que amplían el ámbito del conflicto: solicitaron la reapertura de los espacios de trabajo acordados en marzo, cuestionaron la implementación del presentismo, al que catalogaron como “ilegal”, y denunciaron incumplimientos en el pago de exámenes preocupacionales.
El sindicato reiteró su pedido de un salario mínimo docente de $2 millones y la incorporación progresiva de sumas al básico para lograr una recomposición que impacte en los haberes. Otro de los puntos cruciales es la continuidad de la actualización por inflación. Tras las dudas expresadas por el gobernador Weretilneck, el sindicato insistió en mantener el esquema actual y sugirió añadir un índice patagónico para tener en cuenta las diferencias regionales.
Entre otras exigencias, el gremio solicita la derogación de las auditorías médicas, la actualización de la movilidad y la eliminación de topes en diferentes ítems salariales. Además, anunció que avanzará con la judicialización de los descuentos que considera “indiscriminados”, buscando su restitución.
Ortiz López explicó que el plazo para atender los reclamos se debe a la urgencia de los asuntos en juego.
