En la etapa final de la campaña electoral con miras a las elecciones legislativas nacionales, la candidata a senadora por Provincias Unidas, Graciela Ocaña, emitió severas críticas contra el presidente Javier Milei. La actual legisladora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires acusó al mandatario de padecer un “déficit emocional” y advirtió que su carencia de empatía “resulta perjudicial para la democracia”.
Estas declaraciones surgieron en un contexto caracterizado por la crisis económica, la disminución del poder adquisitivo y el creciente descontento social. Ocaña ofreció un análisis de la situación actual del país y cuestionó las políticas implementadas por el Gobierno nacional, al cual responsabilizó por el deterioro de la calidad de vida y la ausencia de consensos efectivos para abordar los problemas estructurales.
“Frecuentemente, los ciudadanos argentinos, particularmente aquellos de mayor edad, nos encontramos con la reiteración de programas económicos que ya han sido aplicados y han fracasado. Cada vez que estos ciclos se repiten, la situación empeora”, señaló. De esta forma, la dirigente enfatizó la falta de innovación en la política económica y la persistencia de estrategias que considera obsoletas.
Críticas a la dirección económica y al impacto social de las políticas gubernamentales
En este marco, Ocaña alertó que la supuesta estabilidad de precios promovida por el oficialismo “no se traduce en mejoras tangibles para la ciudadanía”. Según sus explicaciones, los comerciantes y residentes de la Ciudad de Buenos Aires experimentan un escenario de declive en las ventas y pérdida del poder adquisitivo. “No hay inflación, lo cual es positivo, pero el dinero no alcanza”, afirmó.
La situación más alarmante, a juicio de la candidata, la enfrentan los jubilados, quienes continúan por debajo del umbral de la pobreza. “Un jubilado que percibe 390.000 pesos con el bono actual, destina 100.000 solo a medicamentos. Anteriormente, este monto era de 44.000”, puntualizó, denunciando además recortes en las prestaciones del PAMI.
En esta misma línea, responsabilizó al Gobierno por no reconocer el incremento inflacionario de enero de 2024 en la actualización de los haberes y advirtió sobre las repercusiones del congelamiento del nomenclador en las personas con discapacidad. “El Estado interviene únicamente para complicar la existencia de los sectores más vulnerables”, sentenció con firmeza.
Durante la entrevista, Ocaña también hizo referencia a la promesa incumplida del presidente de erradicar los privilegios de la denominada “casta política”. “Milei prometió acabar con la casta, pero no ha abordado la sindical. Numerosos privilegios persisten, incluidas las jubilaciones especiales”, subrayó.
Corrupción, salud y carencia de consensos: los pilares de la objeción
La exministra de Salud dedicó una sección de la conversación a cuestionar las estructuras de adquisición del sistema sanitario. “Las droguerías generan una intermediación parasitaria. El Estado tiene la capacidad de adquirir directamente de los laboratorios”, sostuvo. Asimismo, criticó la eliminación de la trazabilidad en medicamentos críticos como el fentanilo, una medida que —según su testimonio— “ha propiciado la adulteración y tragedias”.
Respecto a la corrupción, fue categórica: “Cuando la coyuntura económica se torna asfixiante, los actos de corrupción adquieren mayor relevancia. La ciudadanía ha comprendido que no es meramente una problemática moral, sino que incide en los servicios que el Estado proporciona”. En este sentido, advirtió que la impunidad constituye un factor que agrava la crisis institucional del país.
Frente a la polarización entre el oficialismo y el kirchnerismo, Ocaña defendió la propuesta de Provincias Unidas como una alternativa fundamentada en el consenso y la colaboración. “Anhelamos que la noción de consenso, tan denostada por Milei, recupere su valor”, aseguró.
Reforma previsional y crítica a la administración de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
En la porción final de la entrevista, la legisladora expuso la necesidad de una reforma previsional “sin que el costo recaiga sobre los jubilados actuales”. Añadió: “Esto es un imperativo de justicia”. También resaltó la importancia de edificar una oposición racional en el Congreso que no dependa ni del kirchnerismo ni del Gobierno.
Al ser consultada sobre la gestión de Jorge Macri en la Ciudad, fue concluyente: “Percibo una ciudad más sucia, con problemáticas de inseguridad y con efectivos policiales desempeñando funciones de custodia de reclusos en lugar de salvaguardar a los vecinos”. Adicionalmente, cuestionó la insuficiencia de inversión en la zona sur de la ciudad y demandó la concreción de proyectos pendientes, como la línea F del subterráneo.
Finalmente, lamentó que las medidas aprobadas en beneficio de los jubilados, tales como la gratuidad del subterráneo para quienes perciben hasta dos haberes y medio, no se implementen de manera efectiva. “El Estado posee los datos; no se puede exigir a los adultos mayores que demuestren su situación reiteradamente”, concluyó.
