La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York decidirá si continúa la suspensión que impide al Estado argentino entregar el 51% de las acciones de YPF. El resultado será determinante en la disputa por la expropiación de la compañía y la millonaria indemnización que reclaman los fondos demandantes.
En junio, la jueza Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, ordenó transferir las acciones a Burford Capital y Eton Park. La medida formaba parte de un pago inicial de 16.100 millones de dólares más intereses. Argentina apeló y logró una suspensión temporal, algo que no ocurre de forma automática en el sistema judicial estadounidense.
Un litigio con impacto económico
En octubre de 2023, el país apeló la condena pero no presentó garantías para evitar embargos. La jueza otorgó entonces una prórroga hasta el cambio de gobierno en diciembre. Sin embargo, meses después señaló que Argentina no cumplió con las condiciones fijadas.
Actualmente, la defensa mantiene dos recursos. El primero busca revertir la sentencia que ordena pagar la indemnización. En ese caso, la audiencia está prevista para la semana del 27 de octubre. El segundo cuestiona la orden de entregar el 51% de las acciones, con plazo hasta el 25 de septiembre para presentar el escrito de defensa.
Mientras se resuelven estos puntos, la Cámara deberá decidir si la suspensión de la transferencia de acciones sigue vigente.
Antecedentes de la expropiación
La Ley 26.741, que permitió la estatización de YPF, indica que cualquier transferencia de esas acciones debe contar con la aprobación previa del Congreso. Este detalle podría influir en el desarrollo del proceso judicial.
La estatización del 51% de YPF se concretó en 2012. En ese momento, Eton Park ya era accionista y la petrolera cotizaba en la Bolsa de Nueva York desde 1993. Burford Capital adquirió el derecho a litigar tras la quiebra del grupo Petersen, controlado por la familia Eskenazi, que también tenía participación en la empresa.
Los demandantes sostienen que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner no realizó la oferta pública de adquisición prevista en el estatuto de la compañía registrado en Estados Unidos. La norma establece que, si un accionista supera el 15% de participación, debe ofrecer comprar el resto de los títulos.
La definición no cerrará el caso, pero sí marcará si Argentina podrá conservar, por el momento, el control mayoritario de YPF mientras continúa el proceso en los tribunales de Nueva York.
