Desde el 23 de marzo de 2025, dejó de estar vigente la moratoria previsional que comprendía, entre otras, a la Ley 24.476 sancionada en 1995. A partir de esa fecha, solamente podrán jubilarse quienes hayan reunido 30 años de aportes registrados o aquellos que tengan períodos anteriores a septiembre de 1993 para regularizar mediante la moratoria permanente.
La decisión del gobierno de Javier Milei de no prorrogar la última ley que permitía comprar aportes desde 1993 dejó fuera del sistema a una mayoría de personas en edad de retiro.
Según datos oficiales, este año aproximadamente 403.066 personas cumplen los requisitos de edad para jubilarse, pero 241.984 de ellas no lograron hacerlo por no alcanzar los 30 años de aportes exigidos. Esto equivale al 60% de quienes deberían haber accedido al beneficio.
El impacto es aún más severo entre las mujeres, donde siete de cada 10 ya no pueden jubilarse. Entre los varones, la exclusión afecta a la mitad de quienes llegaron a los 65 años.
El problema de la informalidad laboral
Desde hace años, el elevado nivel de informalidad laboral en el país dificultó la incorporación plena al sistema previsional. Según la Encuesta Permanente de Hogares del Indec, más de 8 millones de personas trabajaron sin registrar aportes, la mayoría por decisiones empresariales y no por evasión voluntaria.
El vacío que dejó la eliminación de la moratoria tuvo consecuencias inmediatas en el sistema previsional. En 2024, de las 427.505 jubilaciones que otorgó la Anses, 313.950 se gestionaron a través de algún régimen de regularización. Esto significa que el 75% de los nuevos jubilados recurrió a la moratoria porque no contaba con los aportes suficientes.
Desde el inicio del sistema en 2005, el esquema de moratorias permitió que más de 3,8 millones de personas accedieran a una jubilación.
Ese mecanismo incluyó tanto a quienes no tenían aportes como a personas que trabajaron durante dos décadas o más y quedaron sin empleo poco antes de alcanzar los 30 años requeridos. Sin posibilidad de reinserción laboral, no pudieron completar los aportes faltantes.
En la actualidad, tanto los que nunca aportaron como quienes no lograron completar los años exigidos son derivados a la Pensión Universal para Adultos Mayores (PUAM), un beneficio establecido por la Ley de Reparación Histórica de 2016. Esta pensión no requiere aportes y paga el 80% del haber mínimo, aunque no otorga derecho a pensión por fallecimiento.
Desde junio de 2025, el valor de la PUAM es de $243.779,14, con posibilidad de sumar un bono adicional de $70.000 que eleva el total a $313.779,15, si el beneficiario recibe el haber mínimo. El monto varía según el índice de movilidad jubilatoria.
La ley 24.476 continúa vigente
En paralelo, continúa vigente la ley 24.476, que permite regularizar períodos de trabajo no registrados anteriores al 30 de septiembre de 1993. Esta norma, de carácter permanente, autoriza a comprar años desde los 18 años de edad hasta esa fecha.
Por ejemplo, un hombre que cumple 65 años en 2025 podría comprar hasta 15 años de aportes, siempre que tenga los 15 restantes posteriores a 1993. En el caso de las mujeres, quienes cumplan 60 años en 2025 podrían adquirir 10 años, debiendo haber trabajado los otros 20 años con aportes posteriores a la fecha límite.
La deuda previsional generada por la compra de aportes bajo esta ley puede cancelarse en un solo pago o en un plan de hasta 60 cuotas, con ajustes semestrales.
En contraste, la ley 27.705, que estuvo vigente entre 2023 y 2025, resultaba más costosa, pero permitía regularizar aportes desde 1993. Aplicaba a mujeres desde los 60 años y a varones desde los 65, con hasta 120 cuotas descontadas de la jubilación.
Esa ley se aprobó durante la gestión de Alberto Fernández, con vigencia por dos años y posibilidad de prórroga. Sin embargo, el gobierno de Milei decidió no extenderla.
Frente a esta situación, la oposición logró aprobar en Diputados, por mayoría, un proyecto para restituir la movilidad jubilatoria y reactivar la moratoria previsional. La iniciativa deberá ahora ser debatida en el Senado.
El presidente Javier Milei, por su parte, ya anticipó su postura a través de X: “Esperemos que los senadores no apoyen esta demagogia populista, pero de cualquier forma nuestro compromiso es vetar cualquier cosa que atente contra el DÉFICIT CERO. Fin.”
La discusión previsional se ha convertido, así, en uno de los temas más sensibles del debate político actual. La exclusión de cientos de miles de adultos mayores del sistema de jubilaciones contributivas reavivó el conflicto entre oficialismo y oposición, y puso en evidencia el impacto social de la decisión gubernamental de poner fin a las herramientas de regularización previsional.
