Avanza el plan motosierra del Gobierno y en esta oportunidad, los recortes recayeron sobre otros cinco fondos fiduciarios. Tomando como fundamento base la necesidad de “propender a la mayor transparencia y eficiencia en la gestión de los recursos públicos”, la gestión de Javier Milei concretó la medida a través del decreto 1048/2024.
La decisión del Ejecutivo tuvo su origen en una propuesta elaborada por la Secretaria Legal y Técnica del Ministerio de Economía. Según el organismo, se “registraron un pésimo uso de los recursos de la sociedad, falta de controles y de resultados”, en base a un informe de auditoría realizado por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).
La norma publicada este martes en el Boletín Oficial selló el destino de el Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Capital Emprendedor (FONDCE), el Fideicomiso para la Refinanciación Hipotecaría, el Programa de Inversiones Estratégicas, el Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata y el Programa para Incrementar la Competitividad del Sector Azucarero (PROICSA).
En una publicación que se hizo en las redes sociales de la cartera de hacienda, se habría detectado que estos fondos no llegaron a cumplir con sus objetivos. Además, denunciaron la ausencia de controles confiables, la discrecionalidad en el otorgamiento de los créditos o financiamientos y resaltaron el enorme costo que tienen para el Estado.
Por su parte, el titular del Ministerio de Economía, Luis Caputo, celebró la medida en su cuenta oficial de X, con un mensaje sencillo pero contundente que decía: “Cerramos cinco cajas políticas más”.
Los argumentos que dio el Gobierno
El ejecutivo desarrolla una serie de fundamentos en el texto del decreto publicado este martes para justificar la necesidad de la medida. En cuanto al PROICSA, sostuvieron que desde 2020 se mantiene sin actividad. Además, sostuvieron que se han otorgado todos los créditos que preveía la constitución del fondo.
Por parte, en cuanto al fideicomiso destinado a la refinanciación hipotecaria, los considerandos de la norma expresan que se “determinó la existencia de debilidades importantes respecto del desenvolvimiento. También denuncian demoras en la rendición de cuentas y en la contratación de auditores externos para la auditoría de los estados contables. Finalmente, sostiene que existe una falta de una gestión activa de recupero de montos en mora.
En una situación similar se encontraba el FONDCE, según el informe de la Sindicatura General de la Nación, el fondo presentó algunas debilidades en la gestión de inversiones y su recupero. Además, carecía de manuales operativos y de procedimientos, falencias en las rendiciones de cuentas y falta de indicadores de gestión.
Las observaciones sobre el Programa de Inversiones Estratégicas implican, según el decreto, “la inexistencia de un manual de procedimientos formalizado, falencias observadas en el Contrato de Fideicomiso y la inexistencia de un Sistema Informático para la gestión de la unidad ejecutiva del referido Fondo, entre otros”.
En cuanto a la asistencia directa a víctimas de trata de personas, el argumento utilizado fue la detección de falencias observadas en el Contrato de Fideicomiso y la inexistencia de un Sistema Informático para la gestión de la unidad ejecutiva del referido fondo.
