Desde hace años, el sector productivo reclama reglas para esta herramienta. Sin embargo, organizaciones dedicadas a la política ambiental, entre ellas el Círculo de Políticas Ambientales (CPA) y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), junto con exfuncionarios, cuestionaron la rapidez con que se trató la iniciativa. También alertaron que, sin una política climática definida, los mercados podrían propiciar una mayor deforestación.
“Argentina no tiene hoy institucionalidad en política climática. Que aprobaran este proyecto en el Senado es de una irresponsabilidad total”, afirmó Juan Carlos Villalonga, exdiputado nacional e integrante del CPA.
Estos mecanismos suelen presentarse como una oportunidad para generar ingresos y proteger la naturaleza. Su propósito es contribuir a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, pero también han recibido fuertes críticas de organizaciones ambientalistas. Entre los principales cuestionamientos están las dificultades para asignarles un valor económico y las prácticas de algunas empresas, que pueden promover el blanqueo de madera de origen ilegal, el acaparamiento de tierras o la instalación de monocultivos forestales bajo la apariencia de una acción ambiental.
Los mercados de carbono permiten poner un precio a las emisiones de gases de efecto invernadero. De acuerdo con datos del Gobierno nacional, en la Argentina estas emisiones provienen principalmente de los sectores energético y agropecuario. En términos generales, el sistema asigna un valor económico a las emisiones y permite comerciar créditos que representan reducciones o capturas de gases contaminantes.
Las empresas que emiten gases de efecto invernadero pueden adquirir créditos para compensar una parte de sus emisiones. A su vez, organizaciones o proyectos reciben dinero por reducirlas o capturar carbono. Esto puede hacerse, por ejemplo, mediante la protección de bosques amenazados, la reforestación, la creación de fuentes de energía renovable u otras iniciativas. Aunque la descripción parece simple, la regulación internacional requirió casi una década de negociaciones multilaterales.
En 2015, los 198 países que forman parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático adoptaron el Acuerdo de París. El artículo 6 prevé la cooperación entre países para transferir resultados de mitigación y contabilizarlos en sus compromisos climáticos. Así, una empresa con altas emisiones en Estados Unidos podría comprar créditos generados por un proyecto forestal en Misiones o Corrientes. El crédito representa el resultado de una iniciativa destinada a que los árboles absorban dióxido de carbono y lo almacenen.
Los países, sin embargo, discreparon sobre cómo garantizar la trazabilidad de los créditos y controlar que las reducciones declaradas se concreten. Una preocupación principal fue el doble conteo en las transferencias internacionales: que dos países atribuyeran a sus propios compromisos la misma reducción de emisiones, como podría ocurrir con la conservación de un bosque.
Las negociaciones en Naciones Unidas siguieron hasta la cumbre climática de 2024, la COP29, realizada en Bakú. En general, los mercados de carbono se clasifican en dos grandes grupos: regulados y voluntarios.
Los mercados regulados se rigen por normas fijadas por gobiernos o acuerdos internacionales, que determinan cómo generar, certificar, comercializar y utilizar las reducciones de emisiones. En el marco del Acuerdo de París, el artículo 6 contempla distintas formas de cooperación entre países para transferir resultados de mitigación, tanto mediante acuerdos directos entre Estados como a través de un mecanismo supervisado por Naciones Unidas.
Dentro de los mercados regulados hay diversos instrumentos. Los sistemas de comercio de emisiones fijan límites máximos para determinados sectores o empresas y permiten que los actores alcanzados intercambien permisos de emisión. Los mecanismos de compensación, en cambio, generan créditos a partir de proyectos que reducen emisiones o remueven gases de efecto invernadero respecto de una línea de base. Por lo general, cada crédito equivale a una tonelada de dióxido de carbono equivalente reducida o removida. Si cuentan con certificación, estos créditos suelen tener un precio superior al de los mercados voluntarios.
Los mercados voluntarios operan fuera de las obligaciones impuestas por los gobiernos. En ellos, empresas, organizaciones y otros actores pueden comprar créditos por decisión propia, generalmente para compensar parte de sus emisiones o cumplir compromisos climáticos anunciados públicamente.
Los créditos se originan en proyectos que buscan evitar emisiones o capturar dióxido de carbono, como la conservación de bosques, la recuperación de ecosistemas o el desarrollo de energías renovables. Su generación y comercialización suelen apoyarse en estándares y certificadoras privadas, que fijan métodos para medir, verificar y validar las reducciones o capturas. El precio de cada crédito suele ser considerablemente menor que en los mercados regulados.
El sistema también recibe críticas por la dificultad de demostrar, en numerosos casos, que las emisiones se evitaron efectivamente o que el carbono fue capturado. Además, existe el riesgo de que algunas compañías recurran a los créditos para justificar que continúan contaminando, en lugar de reducir sus propias emisiones.
En países con regulaciones débiles o políticas ambientales debilitadas, la aplicación de la ley podría facilitar actos de corrupción, deforestación, ocupación de tierras o blanqueo de madera talada ilegalmente.
Uno de los casos más importantes de la región se conoció en Brasil en 2024 y dio lugar a un operativo policial llamado “Operación Greenwashing”. Las acciones se enfocaron en el grupo del empresario Ricardo Stoppe, investigado por sus presuntos vínculos con una trama de fraude relacionada con madera ilegal. El operativo fue presentado como la mayor investigación policial del país sobre ese tema.
Las autoridades sostuvieron que el grupo había impulsado proyectos de mercados de carbono en áreas relacionadas con el acaparamiento de tierras y que habría obtenido 34 millones de dólares mediante la venta de créditos cuestionados.
Stoppe era titular de cinco proyectos REDD+ en la Amazonía brasileña, que abarcan 400.000 hectáreas. Entre quienes compraron esos créditos figuran la empresa financiera ambiental Moss, GOL Airlines, iFood e Itaú, uno de los principales bancos de Brasil. También aparecen las compañías internacionales Toshiba, Spotify y Boeing. Además, en Paraguay, México, Uruguay, Colombia, Perú y otros países de la región se han judicializado casos por presunto uso irregular de estos mercados, con participación de empresas nacionales e internacionales.
El proyecto de Marco Regulatorio del Mercado de Carbono y Activos Ambientales de la Argentina propone establecer reglas para generar, certificar y comercializar créditos de carbono en el país. Busca brindar seguridad jurídica a un mercado que hasta ahora carece de una regulación integral específica, facilitar la llegada de inversiones y fijar condiciones para participar en los mercados internacionales.
Uno de sus puntos principales es reconocer los créditos de carbono como bienes inmateriales con valor económico propio, separados del terreno o del recurso natural que les dio origen. También crea el Registro Nacional de Reducción de Emisiones (ReNaRe), una plataforma pública para identificar proyectos, hacer un seguimiento de sus créditos y evitar que una misma reducción de emisiones se contabilice más de una vez.
La iniciativa fija requisitos para asegurar que las reducciones o capturas de gases de efecto invernadero sean reales, medibles y verificables, que constituyan reducciones adicionales y que incluyan salvaguardas sociales y ambientales.
También establece dos clases de unidades: los Aportes de Mitigación (AM), destinados al mercado voluntario o al cumplimiento de la meta climática argentina, y las Unidades de Resultado de Mitigación Transferibles (URMT), que pueden venderse en el ámbito internacional. Para transferir estas últimas se necesita la autorización del Estado y deben aplicarse los ajustes correspondientes en el inventario nacional de emisiones, con el fin de impedir la doble contabilización.
La propuesta incorpora incentivos fiscales, como hasta 30 años de estabilidad tributaria y una alícuota del 0 por ciento en derechos de exportación. Asimismo, permite utilizar créditos de carbono como respaldo de instrumentos financieros. El Poder Ejecutivo será la autoridad de aplicación, mientras que las provincias y la Ciudad de Buenos Aires podrán designar organismos propios de acuerdo con sus atribuciones sobre los recursos naturales.
Villalonga sostuvo que el proyecto revela, desde su concepción, una comprensión insuficiente de los mercados de carbono y que el debate en comisión y en el recinto fue casi inexistente. Según señaló, la iniciativa contiene errores técnicos e incorpora los mercados voluntarios, que por definición no están regulados por los Estados y ya funcionan en la Argentina.
Sobre ese aspecto, agregó que el Gobierno nacional hoy “no tiene institucionalidad en política climática”. Aludió a la escasa atención que la administración libertaria ha dedicado al tema.
La Argentina ha tenido un desempeño muy cuestionado en el plano internacional durante las últimas cumbres climáticas. Tampoco actualizó sus Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés), que fijan los compromisos de reducción de emisiones asumidos por cada país. Es uno de los pocos Estados que todavía no las publicó.
Por su parte, FARN advirtió en un documento difundido el mes pasado que estos mercados pueden permitir que las empresas compensen emisiones sin reducirlas efectivamente en su origen. También cuestionó que la conservación de los ecosistemas quede supeditada a su capacidad de producir créditos comercializables, en particular porque el carbono almacenado en los bosques puede volver a la atmósfera a causa de incendios, sequías o deforestación. En ese sentido, Villalonga alertó que el proyecto podría contribuir a debilitar la Ley de Bosques Nativos.
La conservación de un bosque, por sí sola, no basta para generar créditos de carbono. Para que un proyecto pueda ser aceptado debe demostrar adicionalidad: la reducción de emisiones o captura de carbono que se le atribuye no se habría producido de todas maneras sin esa iniciativa. Por eso, proteger un bosque no alcanza para emitir créditos; es necesario probar que el proyecto aporta un beneficio climático adicional. Villalonga considera que la ley contiene ambigüedades que podrían permitir reducir la protección de ciertos bosques para luego incorporarlos a un esquema de mercado.
Otro cuestionamiento se refiere a la falta de garantías para las comunidades indígenas y locales, tanto en las consultas previas como en el reconocimiento de sus derechos territoriales. FARN señaló que estos proyectos pueden impulsar el acaparamiento de tierras y actividades que privilegien la captura de carbono por encima de la biodiversidad.
En el plano regulatorio, FARN objetó los beneficios fiscales previstos para el sector, el eventual debilitamiento de los controles estatales y la transferencia internacional de créditos sin garantías suficientes para resguardar las metas climáticas argentinas. También advirtió que estos mecanismos podrían facilitar la continuidad de la actividad hidrocarburífera mediante tecnologías de captura y almacenamiento de carbono.
